El Decreto-ley, una norma extraordinaria para cada día

Diario Jurídico.com, 21-07-2014
El Gobierno de Marino Rajoy aprobó en 2012 una media de 2’5 Decretos-leyes al mes pero ha sido el que ha aprobado este mes el que ha despertado de nuevo el debate entorno a un instrumento tan controvertido como utilizado. En este especial analizamos en detalle esta figura que convierte el ejecutivo en legislador.

Las 172 páginas del último Real Decreto-ley (8/2014) que contienen más de 60 medidas tan variopintas como la privatización del registro civil, la contratación de 200 militares o la regulación de los drones, han vuelto a poner sobre la mesa un debate tan viejo como la democracia: el uso y abuso del Real Decreto-ley. Aunque la presión unánime de la oposición ha llevado al Gobierno a apostar finalmente por tramitar el texto también como proyecto de ley – por la comisión de economía, con carácter de urgencia, sin pasar por el pleno y en pleno mes de agosto-, este RD-ley “ómnibus” ha levantado ampollas entre los juristas como ejemplo paradigmático de una situación que hace décadas que denuncian.
Una norma para medidas urgentes o no

El Real Decreto-ley es, básicamente, una ley que aprueba un Gobierno. Las leyes las debería aprobar el Parlamento -las Cortes en nuestro caso- pero muchos ordenamientos, entre ellos el español, prevén que en casos excepcionales lo haga el Gobierno.

Está figura, llegó de la mano de Primo de Rivera, está regulada en el artículo 86 de la Constitución para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. El caso es que los juristas no se cansan de repetir, y de vez en cuando se les oye, que los sucesivos Gobiernos democráticos de este país han usado esta figura para medidas que distan mucho de ser urgentes.

“Desafortunadamente se está abusando de esta institución jurídica y se está usando para situaciones que no son propias del Decreto-ley, como por ejemplo una situación económica imprevista o una catástrofe natural que requieran una respuesta inmediata de los poderes públicos, sino que se usa de forma tramposa”, se lamenta Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra.

Además de ceñirse al presupuesto de urgencia, la Constitución prevé un ámbito prohibido a este tipo de normas: “las instituciones básicas del Estado; los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del Título I; el régimen de las CCAA y el derecho electoral”. ¿Por qué apuestan los Gobiernos por este tipo de normas si tiene tantas limitaciones?

“Los Decretos-leyes impiden el debate, ayudan a controlar la opinión pública y además suelen ser normas técnicamente muy deficientes” El RD-Ley permite al Gobierno de turno aprobar el texto que le plazca y que se aplique directamente sin pasar antes por las Cortes, que sólo después recibirán la norma para su convalidación o rechazo. Podría parecer que si un Gobierno cuenta con el respaldo de una mayoría absoluta en las Cortes esto no tiene mucha importancia. Pero sí la tiene. El proceso de convalidación supone un sólo debate en el Congreso a la totalidad de la norma, es decir que se acepta o se rechaza pero no se pueden introducir enmiendas, además de un debate poco profundo, no tema por tema y artículo por artículo. Este procedimiento, supone menos confrontación de ideas, menos publicidad de la norma y de las medidas que incluye, menos atención mediática y menos necesidad de pacto. El notario Ignacio Gomá, coeditor del blog sobre actualidad jurídica y política ¿Hay Derecho? considera que “el Gobierno está usando el decreto-ley para asuntos que no son urgentes, supongo que para ahorrarse el debate con los grupos afectados, imponiendo la política de hechos consumados”.
De hecho, el ahorrarse el debate con los grupos afectados es un incentivo igual o incluso más importante que ahorrarse un auténtico debate parlamentario. Porque el paso por las Cortes no es sino el último paso de un procedimiento pregislativo largo y complejo. El Gobierno se ahorra tener en cuenta las opiniones de los colectivos afectados, que en circunstancias normales deberían dar su opinión, y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. “Esto impide el debate, ayuda a controlar la opinión pública y además provoca que se aprueben normas técnicamente muy deficientes porque se escatima la participación de los afectados – es decir los expertos-, de los Letrados de las Cortes y en general de los operadores jurídicos que más saben como hacer leyes”, concluye Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil en la UNED. “Sólo hace falta comparar el debate que están comportando leyes como la del aborto o la de colegios profesionales y compararlo con la tranquilidad con la que se han aprobado medidas como la privatización del Registro Civil a través de este Decreto-Ley para hacerse una idea del desgaste que se ahorra el Gobierno”, explica.