El turno de oficio ya no es obligatorio para los procuradores de Madrid

diariojuridico.com  17/09/2014

El TSJM concluye que la adscripción obligatoria al turno de oficio que acordó la Junta del Colegio de Procuradores de Madrid es contraria al Estatuto de los Procuradores y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, además de contravenir principios constitucionales y derechos fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el acuerdo de mayo de 2010 de la Junta del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid que establecía la obligatoriedad para todos sus colegiados de estar adscritos con carácter universal y forzoso al turno de oficio de asistencia jurídica gratuita.

La mayoría de colegios de procuradores en España funcionan con un sistema de adscripción voluntaria pero algunos, como el de Albacete, Ávila, Cáceres o Cádiz, también se rigen por un sistema obligatorio y se verán afectados por la sentencia. La resolución del TSJM sólo puede recurrirse vía casación ante el Tribunal Supremo.

El abogado de los dos procuradores que recurrieron el acuerdo, Enrique Herrera, ha celebrado la sentencia. “Se anula una imposición arbitraria y abusiva, en que el colegio se excedió de sus funciones y que afectaba tanto a la libertad de ejercicio de los procuradores como al derecho de los ciudadanos de recibir un servicio de calidad”. Herrera ejercía antes como procurador pero fue expulsado del colegio por negarse a aceptar los casos que se le asignaron por turno de oficio, una sanción que también está recurrida ante los tribunales.

Una práctica que infringía normativa nacional y europea

La sentencia, que da la razón a dos procuradores que recurrieron el acuerdo, considera que la adscripción obligatoria infringe la libertad de aceptación y renuncia  establecida en el artículo 6 del Estatuto General de Procuradores. Para el TSJM, este precepto que recoge la “plena libertad de aceptar o rechazar la representación procesal”, presupone también la plena libertad para adscribirse o no a un sistema de designación de representación forzosa como el turno de oficio.

Además, el juez recuerda que la Ley de Justicia Gratuita 1/1996 “no establece ni impone a los colegios el establecimiento de un sistema de adscripción obligatoria a todos sus colegiados, sino lo contrario, el establecimiento de un turno de adscripción voluntaria”.

Para el tribunal, este “turno obligatorio” incluso contradice la ley porque el artículo 25 de la Ley 1/1996 establece que los colegios profesionales deben garantizar “unos requisitos mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho consitucional a la defensa”. Un requisito que para el TSJM “concilia mal con una adscripción universal y obligatoria, absolutamente indiscriminada de todos los procuradores a servicio del tumo de oficio [..] sin ofrecer una mínima formación o especialización para determinar el nivel de calidad mínimo exigible en la prestación del servicio”.

El tribunal cita como ejemplo en materia de adscripción voluntaria la labor de los colegios de abogados, que garantizan la especialización y formación específica a sus miembros, “cosas que brillan por su ausencia en el Colegio de Procuradores de Madrid, en detrimento del la calidad del servicio para los justiciables es decir,  a los ciudadanos”, concluye.

La sentencia también recuerda que las libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución y el derecho a la libre elección de profesión y al libre ejercicio profesional del artículo 35 sólo puede limitarse por ley, y que ninguna “norma legal establece obligación alguna al respecto de la pertenencia obligada y universal al servicio de asistencia jurídica gratuita”.

El tribunal considera además que el acuerdo infringe “principios generales que trascienden el ámbito nacional”. Además de jurisprudencia y normativa europea, el TSJM cita el artículo 2 del convenio para la protección de los Derechos Humanos que dispone “quenadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzoso o obligatorio“, un prohibición que también contiene la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se trata de derechos que sólo pueden limitarse por ley, motivadamente y  con respeto a su contenido esencial. Unos requisitos que no cumple “un trabajo que se impone de carácter obligatorio, a una profesión liberal en contra de su propio estatuto general, sin que exista una ley que lo autorice y de forma innecesaria, pues otros colegios profesionales se organizan de forma distinta con turnos de adscripción voluntaria para su colegiados y el sistema funciona”, rebela la sentencia.