La Justicia europea declara discriminatorio el impuesto de sucesiones y donaciones

diariojuridico.com 03/09/2014
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera contrario a la libertad de circulación de capitales que los residentes se beneficien de las ventajas fiscales que ofrecen las comunidades autónomas mientras que los no residentes deben tributar de acuerdo con la normativa estatal, mucho más gravosa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado este miércoles sobre la denuncia que presentó en 2011 la Comisión Europea contra España por discriminar a los ciudadanos no residentes en su regulación sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El tribunal considera que efectivamente se vulnera la libertad de circulación de capitales, reconocida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El problema radica en que este impuesto, aunque es estatal, se encuentra cedido a las comunidades autónomas que obtienen su rendimiento, se encargan de su gestión y ejercen algunas competencias normativas. Las comunidades han legislado disminuyendo significativamente la carga fiscal a través de modificar la tarifa, aplicar reducciones por parentesco o bonificaciones, etc. En cambio, en caso de que no exista punto de conexión personal o real con una Comunidad Autónoma, es decir si alguien es no residente o si el bien inmueble está situado fuera de territorio español, se aplica la normativa estatal, es decir la Ley 29/87 y su Reglamento, que no contiene tantos beneficios fiscales, por lo que su aplicación resulta mucho más onerosa.

En este sentido, el tribunal niega que el recurso de la Comisión ponga en cuestión el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas porque lo que se discute es “el citerio de conexión previsto en la legislación española que permite la aplicación de reducciones fiscales en los supuestos en los que los sujetos pasivos residen en el territorio de esas comunidades o cuando el bien inmueble está situado en el territorio de éstas”.

El TJUE recuerda que el artículo 63.1 del TFUE considera que las medidas que “pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o de mantener las inversiones” restringen la libertad de circulación de capitales. Para el tribunal, en España se da esta situación porque “el valor de la sucesión o la donación se reducirá” si intervienen “un caushabiente, un donatario o un causante que no reside en territorio español o se trata de una donación o una sucesión que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español” ya que no podrá beneficiarse de las reducciones fiscales de las que gozan los residentes o las donaciones o sucesiones que afectan exclusivamente a un bien inmueble situado en España.

Una vez constatada la restricción, el TJUE contesta a la pretensión de España de acogerse a la excepción del artículo 65 del TFUE que permite establecer distintas cargas fiscales en función de la residencia o de dónde se invierten los capitales. El tribunal recuerda que esta excepción debe interpretarse de acuerdo con el punto 3 del mismo artículo sólo se permite esta distinción para el caso de que sea necesario para algún objetivo de la normativa nacional y que prohíbe expresamente la “discriminación arbitraria y una restricción encubierta de la circulación de capitales y pagos”.

De la jurisprudencia resulta que para aplicar esta distinción en función de la residencia a la fiscalidad de las donaciones y las sucesiones se debe contar con una razón de imperioso interés general o tratarse de situaciones no comparables. Para el TJUE, “no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato”.

El TJUE también ha dictaminado que la normativa vulnera el artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que también prevé la libre circulación de capitales. En cambio, el TJUE niega, tal y como alegaba la Comisión, que la ley vulnere la libertad de circulación de personas.