La Ley de Enjuiciamiento Criminal limitará la instrucción a 6 y 18 meses

Diariojurídico.com 09/12/2014

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de la LECrim, que limitará la investigación de los delitos a seis o 18 meses según la complejidad de los asuntos, aunque no informa sobre la inversión en recursos que permitan cerrar las investigaciones en los plazos previstos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y que limitará la instrucción de los delitos a seis meses para las causas sencillas y a 18 para los sumarios más complejos, como los relativos a corrupción, terrorismo o grupos criminales, entre otros.

El plazo de seis meses se contabilizará desde el inicio del sumario. Si la investigación es compleja, el plazo será de 18 meses, que podrá ser prolongado por igual plazo o por uno inferior, previa audiencia de las partes personadas en la causa. Solo de forma excepcional y con resolución motivada, y recurrible, podrá ampliarse ese plazo máximo.

Se considerarán delitos complejos los que hayan sido cometidos por grupos u organizaciones criminales, tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.

Según explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la nueva ley incorporará las medidas que el Gobierno considera más urgentes a la espera de alcanzar un acuerdo para aprobar el borrador de Código Procesal Penal que impulsó el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y que tenía unas pretensiones de cambio mucho más radicales, aunque actualmente se encuentra aparcado.

Un “brindis al sol”

“La fijación por ley de esos plazos máximos, sin actuar sobre las causas reales que ralentizan los asuntos, es una medida de mera propaganda, que no va a permitir resolver los procedimientos de manera más rápida”. Así de contundente se ha mostrado Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, ante los cambios anunciados por Rafael Catalá.

Bosch considera que la fijación de un plazo máximo para las investigaciones penales en estas condiciones puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, que pueden ser “especialmente preocupantes” en los casos de corrupción. “Solo hay que pensar que en asuntos como el caso Urdangarín, el caso Gürtel, el caso de los EREs o el caso Fabra, entre muchos otros, si se hubiera aplicado ese plazo máximo, hay muchísimos datos que habría sido imposible conocer”, explica.

Según el juez, resulta mucho más sencillo “maquillar una ley en el parlamento” que afrontar las reformas estructurales que necesita nuestro sistema judicial. “Pero ello no justifica que se pretenda actuar a base de golpes de efecto o de brindis al sol”, dice, quien considera esta iniciativa como un gesto precipitado, que supone un “parche poco realista” y “absolutamente incapaz” de resolver los problemas de la administración de justicia.

“En su comparecencia ante los medios el ministro Rafael Catalá no ha explicado cuáles son las inversiones en los recursos materiales y personales que permitirán que se puedan cerrar las investigaciones penales en los plazos indicados. Al contrario, a los jueces nos ha dicho que no se van a crear nuevas plazas judiciales, ni se van a efectuar inversiones que mejoren los recursos actuales. Sorprende que sigan sin resolverse cuestiones básicas y que, a la vez, se exijan plazos que de antemano se sabe que son imposibles de cumplir”, concluye Bosch.

Agilización de la justicia penal

Entre las medidas previstas en el anteproyecto para la agilización de la justicia penal también figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el “automatismo” que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa. La acumulación por conexión sólo tendrá sentido si concurren circunstancias tasadas y cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable.

A su vez, la ley establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por un abogado, acepte la pena fijada. Está previsto para los delitos de escasa gravedad cuya sanción sea multa o pena de prisión sustituible por la primera, como pueden ser los delitos contra la seguridad vial cometidos con embriaguez.

Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados que actualmente son archivadas inmediatamente, previo visto bueno del fiscal. Para garantizar un adecuado control judicial, serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

Garantías procesales

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal, el anteproyecto de ley también fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal.

Se establece en el ordenamiento español una vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que España resulta condenada a través del recurso de revisión, lo que ha conllevado una modificación de los motivos por los que se puede impugnar una sentencia penal por esta vía excepcional.

Además, se regula un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.

Medidas de investigación y nuevas tecnologías

El artículo 579 de la LECrim se sustituirá por una nueva redacción del Título VIII del Libro II de dicha norma en el que se incluyen las nuevas tecnologías. Se dividirá en cuatro apartados: Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; Captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; y Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.

La regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos siguientes: los castigados con pena de al menos tres años de prisión; los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; los de terrorismo; y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.

El anteproyecto establece que en ningún caso la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo que estos estén también encausados por los hechos investigados.