Las meteduras de pata de la Justicia cuestan 3,8 millones de euros

Expansión.com | 12/06/2014

La cantidad que el Estado ha tenido que pagar a lo largo de 2013 en indemnizaciones por funcionamiento anormal de los tribunales se ha reducido en un millón de euros respecto al año anterior.

La pena de prisión a una persona que más tarde resulta ser inocente, los retrasos indebidos de los procesos judiciales o el extravío de pruebas en juzgados o tribunales son algunos de los supuestos que pueden dar lugar a indemnizaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Cuando los afectados por alguna de estas causas logran demostrar el daño causado por la actuación judicial, se puede exigir una responsabilidad patrimonial con cargo al Estado. El Ministerio de Justicia pagó en 2013 un total de 3.789.897 euros por funcionamiento anormal de la Administración, una cantidad que se ha reducido en un millón de euros respecto a 2012, que fue de 4.773.074 euros.

Así lo recoge el informe La Justicia dato a dato del Consejo General del Poder Judicial, que también aporta otras cifras reveladoras, como que el mayor número de expedientes de responsabilidad patrimonial estimados tienen que ver con retrasos indebidos (72), es decir, por la lentitud de respuesta de la Justicia.

La cifra de 2013 casi triplica la alcanzada sólo un año antes, cuando fueron estimados 25 expedientes de este tipo, mostrando una clara tendencia al alza.

Los datos muestran que el número de expedientes iniciados (681) y resueltos (679) han descendido ligeramente respecto a 2012.

Además, cabe destacar que las reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia son desestimadas en un alto porcentaje, si bien la tendencia está empezando a cambiar: en 2013 se desestimó el 73% de las reclamaciones, frente al 86% de 2012.

Procedimiento

Para la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado existe un procedimiento administrativo mediante el cual se pueden solicitar al Ministerio de Justicia indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por actuaciones de la Administración que el afectado no tiene por qué soportar. Según la regulación al respecto, son indemnizables los daños causados en bienes o derechos que tengan su origen en los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo en los casos de fuerza mayor.

Para poder tener acceso a estas indemnizaciones, el daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. Además, deberá existir una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actuación del órgano judicial y el daño reclamado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial distingue entre el error judicial, el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y la prisión preventiva indebida. En este sentido, el error judicial es la consecuencia de la adopción de resoluciones judiciales no ajustadas a Derecho, ya sea por la incorrecta aplicación de la norma jurídica o por la valoración equivocada de los hechos u omisión de los elementos de prueba que resulten esenciales.

Por su parte, se denomina funcionamiento anormal a todo aquello que es consecuencia de la actividad irregular de los servicios judiciales que constituyen la estructura de la Administración de Justicia. Sería el caso, por ejemplo, de las dilaciones indebidas en la tramitación del proceso judicial o la pérdida o deterioro de bienes que se encuentren bajo la custodia de órganos judiciales.

Por último, la prisión preventiva indebida es aplicable a quienes tras haberla sufrido sean absueltos posteriormente o se dicte auto de sobreseimiento libre, en ambos casos por inexistencia del hecho imputado, siempre que se les haya causado perjuicios. En estos casos, la cuantía de la indemnización dependerá del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

Cuando se reúnen los requisitos necesarios para reclamar, la petición de indemnización en vía administrativa debe dirigirse al Ministerio de Justicia y se tramita con arreglo a las normas de responsabilidad patrimonial del Estado (artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, modificada posteriormente por la Ley 4/1999 y el Real Decreto 429/93).

Eso sí, se debe tener en cuenta que en ningún caso habrá lugar a la indemnización cuando el error judicial o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia fuera causado por la conducta dolosa o culposa del perjudicado.

Además, no hay que perder de vista que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola el derecho a indemnización.