Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

10/03/2015

Departamento:

Jefatura del Estado

Publicación:

BOE nº 57 de 07/03/2015, p. 20670 a 20679 (10 páginas)

Desde los últimos días del mes de enero y durante buena parte del mes de febrero sucesivos temporales de lluvia, nieve y viento han azotado la práctica totalidad del territorio nacional, como consecuencia, primero, de un frente atlántico que comenzó a afectar a las costas del Cantábrico, con olas de más de ocho metros y vientos del norte de gran intensidad, y seguidamente, por la irrupción de masas de aire frío proveniente del interior del continente europeo, que han provocado acusados descensos de las temperaturas.

La concurrencia de fenómenos invernales extremos, con nevadas de excepcional intensidad y lluvias persistentes que han provocado inundaciones y desbordamientos en diferentes cuencas hidrográficas, ha obligado a activar los planes territoriales o especiales de protección civil en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña.

A ello se añade la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos de viento y mar que han azotado las costas del litoral mediterráneo y atlántico peninsular, así como las Islas Baleares.

Mención especial requieren las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro durante el mes de febrero y los primeros días de marzo. Tras un primer episodio provocado por las intensas precipitaciones registradas entre el 31 de enero y el 6 de febrero y una primera fase de deshielo, que ocasionó importantes aumentos de los caudales de varios afluentes de la margen izquierda del Ebro, las intensas lluvias del pasado 25 de febrero y un deshielo acelerado por el aumento de las temperaturas ha generado un segundo episodio de avenidas en la última semana de febrero y primeros días de marzo, que ha afectado fundamentalmente a la provincia de Zaragoza. El río ha alcanzado niveles desconocidos en los últimos 20 años y en una primera estimación ha anegado cerca de 20.000 hectáreas de terreno. Se ha obligado también a desalojar a unas 1.500 personas, resultando afectadas numerosas poblaciones de la ribera alta y baja del Ebro.

Estos temporales e inundaciones han alterado significativamente la vida cotidiana de los ciudadanos y el normal funcionamiento de las comunicaciones. Los daños, aun por evaluar en su totalidad, han afectado a infraestructuras de titularidad pública estatal, tales como la red de carreteras y las infraestructuras ferroviarias, el dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, así como a otras infraestructuras de titularidad municipal. Asimismo, se han ocasionado daños en bienes de titularidad privada (viviendas, garajes, instalaciones comerciales e industriales y explotaciones agrícolas).

Si bien el temporal de lluvia, nieve y fenómenos costeros iniciado a finales del mes de enero puede darse por concluido, aún no se ha podido llevar a cabo una valoración definitiva de los daños causados, básicamente por la situación en que se encuentran algunas de las zonas afectadas. Por otro lado, persisten los efectos de las crecidas en la cuenca del Ebro y las previsiones meteorológicas impiden descartar que en las próximas semanas puedan repetirse episodios de lluvia, nieve y viento análogos a los que han provocado el temporal, aunque de forma esporádica y localizada en puntos muy concretos de la geografía española.

De ahí que se haya optado por no demorar la adopción de medidas que contribuyan a restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos, recuperar las zonas afectadas por el temporal y paliar los daños producidos hasta el momento de la adopción del presente real decreto-ley. Sin perjuicio de ello, y ante la eventualidad de que puedan reiterarse estos fenómenos dañinos, se contempla la posibilidad de que el Gobierno, mediante real decreto, pueda extender la aplicación de estas medidas a otros daños que puedan acaecer hasta el 31 de mayo de 2015. En ambos casos, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias.

Con fundamento en el principio constitucional de solidaridad, y teniendo en cuenta los de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes, este real decreto-ley regula un conjunto de ayudas específicas, y otras medidas de índole fiscal y laboral atribuidas a la competencia de distintos Departamentos ministeriales, y responde a una necesidad inaplazable, cual es la de hacer frente a las situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica causadas por el temporal, por lo que se acredita el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad que el artículo 86 de la Constitución establece como presupuesto habilitante.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y de los Ministros del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Empleo y Seguridad Social, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de marzo de 2015,

Ver documento:

BOE-A-2015-2435