Bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política.

19/01/2018

Orden PRA/18/2018, de 17 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política

Departamento:

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Publicación:

BOE nº 16 de 18/01/2018, p. 7480 a 7483 (4 páginas)

TEXTO

Entre las funciones que le atribuyen al Centro de Investigaciones Sociológicas la Ley 39/1995, de 15 de diciembre, y el Real Decreto 1214/1997, 18 de julio, de Organización del C.I.S, en lo que se refiere a actividades de fomento de la investigación, figura expresamente la promoción de la investigación sociológica mediante la convocatoria de premios que contribuyan al estímulo y desarrollo de los trabajos e investigaciones en el ámbito de las Ciencias Políticas y la Sociología.

De acuerdo con esta normativa, y habiendo adquirido el «Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política» un reconocido prestigio, tanto en el ámbito de la comunidad científico-académica como en el profesional, ya que representa el reconocimiento de la sociedad a una trayectoria científica y a la labor desarrollada en el campo de la Sociología y de la Ciencia Política, se aprueban las presentes bases reguladoras que regirán su concesión.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Mediante la presente orden se establecen las bases reguladoras para la concesión bienal, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y eficacia, del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, que se otorgará como reconocimiento a la aportación y labor científica al campo de la Sociología o de la Ciencia Política, puesta de manifiesto a través de la trayectoria profesional de los candidatos o como reconocimiento a una obra singular.

Artículo 2. Dotación.

La dotación del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política será de 25.000,00 euros destinados íntegramente al premiado, sin que pueda dividirse su cuantía. Se financiará con cargo a la aplicación 25.102.462-M.481 del Presupuesto de Gastos del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Artículo 3. Convocatoria.

1. Con periodicidad bienal el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas o el órgano que proceda por delegación del mismo, convocarán el Premio Nacional de Sociología Ciencia Política recogido en la presente orden mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), http://www.igae.pap.minhap.gob.es, y un extracto de la misma, en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Adicionalmente una remisión a la resolución de convocatoria se publicará en dos diarios de difusión nacional para garantizar su mayor publicidad y conocimiento.

Artículo 4. Presentación de candidaturas.

1. Podrán proponer candidaturas al Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política todas aquellas instituciones, organismos o fundaciones de carácter público o privado especialmente vinculadas a la Sociología o la Ciencia Política, así como los miembros designados del Jurado que al efecto se constituya.

2. Las propuestas de candidaturas, deberán hacerse llegar a la Secretaría del Jurado, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales a través del Registro Electrónico del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, utilizando para ello la aplicación informática disponible en las direcciones http://sedempr.gob.es y http://www.mpr.es, de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/1009/2010, de 23 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de la Presidencia. Para que se considere que la propuesta de candidatura ha sido recibida en tiempo y forma será necesario contar con resguardo acreditativo de la presentación emitido por el Registro Electrónico.

Las propuestas de candidaturas realizadas directamente por los miembros del Jurado, podrán presentarse de igual forma, así como en el Registro General del Centro de Investigaciones Sociológicas (c/ Montalbán, 8, 28014. Madrid) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo para la presentación de candidaturas comprenderá un mes como mínimo y tres como máximo, y se determinará específicamente en cada convocatoria. Este plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», salvo para las propuestas que efectúen los miembros del Jurado, que podrán ser formuladas, directamente durante la primera reunión que celebren para la concesión del premio.

4. En las propuestas de candidaturas presentadas deberán constar:

– Todos los méritos y circunstancias alegados que concurran en las obras o trayectorias profesionales de los candidatos propuestas,

– Los datos personales de los candidatos propuestos que permitan su notificación.

Artículo 5. Jurado.

De acuerdo con la naturaleza y características del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política se constituirá un Jurado integrado por un número de miembros no inferior a cinco, ni superior a nueve, que serán designados por el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Dicho Jurado estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio relacionadas con las Ciencias Sociales. Actuará como Secretaria/o del Jurado, con voz pero sin voto, la persona que ocupe la Secretaria General del CIS. La composición de dicho Jurado se determinará en la convocatoria.

La Presidencia del Jurado corresponderá al Presidente del CIS, sin perjuicio de su sustitución o suplencia en caso de vacante, ausencia, o enfermedad.

El Jurado podrá, motivadamente, proponer un máximo de un galardonado al Premio o declarar desierta la convocatoria. En caso de empate en las votaciones decidirá el voto de calidad del Presidente del CIS.

El funcionamiento del Jurado se ajustará a las previsiones contenidas en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo atendido con los medios personales y materiales con los que cuenta actualmente el órgano convocante del Premio.

Artículo 6. Instrucción, valoración y resolución.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por la Secretaría General del CIS.

2. La valoración de los méritos de los candidatos responderá a criterios objetivos basados en su aportación y labor científica en el campo de la Sociología o de la Ciencia Política, puesta de manifiesto a través de su trayectoria profesional o como reconocimiento a una obra singular.

3. El órgano instructor, a la vista del Acta del Jurado, formulará la propuesta de resolución y la elevará con su informe a la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas.

4. La Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas dictará la correspondiente resolución motivada de conformidad con lo dispuesto en estas bases reguladoras. Además de contener el nombre del premiado, se hará constar, en su caso, de manera expresa, la composición del jurado, y la desestimación del resto de las solicitudes.

5. El plazo máximo para dictar la resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Si en el plazo de quince días contados desde la notificación de la propuesta de resolución, el galardonado no hubiera manifestado expresamente su aceptación, se entenderá que renuncia al mismo.

7. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de dos meses.

8. La resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo se notificará al galardonado en los términos establecidos en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el contenido íntegro de la misma se expondrá en la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas durante un plazo no inferior a quince días.

9. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, se podrán entender desestimadas las propuestas de candidaturas presentadas, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.

Artículo 7. Entrega del Premio.

1. Los galardonados en los premios recibirán un diploma acreditativo, y podrán hacer mención del reconocimiento en su actividad profesional y académica. La mención del Premio siempre incluirá de forma destacada el nombre, la edición y el órgano convocante.

2. El Centro de Investigaciones Sociológicas podrá contar con la colaboración de quienes reciban el premio en las acciones de promoción y o difusión que pueda desarrollar en relación a las funciones que tiene encomendadas.

3. La entrega del premio se efectuará en un acto público convocado por el CIS, al que se dotará de la trascendencia, solemnidad y publicidad adecuadas.

Artículo 8. Justificación del Premio.

1. Se considerará justificado el premio por el mero hecho de la recepción del mismo tras su concesión.

2. Una vez otorgado el premio, la comprobación de la existencia de datos falsos no ajustados a la realidad comportará el reintegro del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los beneficiarios.

Artículo 9. Compatibilidad con otros premios.

Los premios concedidos de acuerdo con estas bases y las respectivas convocatorias serán compatibles con otros premios de similar naturaleza que los beneficiarios puedan obtener en otros certámenes, concursos, y encuentros, convocados tanto por organismos públicos como privados, así como con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 10. Reintegro de la dotación del premio.

1. Procederá el reintegro total de la cantidad asignada al Premio por concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o en el artículo 8.2 de la presente orden.

2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por el capítulo II del Título III de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. En la tramitación de este procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia, y el plazo máximo para resolver y notificar será de 12 meses desde la fecha de iniciación. No obstante dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Orden es aprobada en ejercicio de la competencia regulada en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española por la cual se atribuye al Estado la competencia exclusiva para el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de enero de 2018.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

Ver documento:

BOE-A-2018-673

Instrumento de ratificación del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur

19/01/2018

Departamento:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Publicación:

BOE nº 17 de 19/01/2018, p. 7489 a 7496 (8 páginas)

Instrumento de ratificación del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010.

 

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 21 de julio de 2011, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Nueva York el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010,

Vistos y examinados el preámbulo y los veintiún artículos del Protocolo,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el Artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Dado en Madrid, a nueve de agosto de dos mil doce.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

PROTOCOLO DE NAGOYA – KUALA LUMPUR SOBRE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIO AL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA

Las Partes en este Protocolo Suplementario,

Siendo Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo sucesivo denominado «el Protocolo»,

Teniendo en cuenta el principio 13 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Reafirmando el enfoque de precaución que figura en el principio 15 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Reconociendo la necesidad de proporcionar medidas de respuesta apropiadas para aquellos casos en que haya daños o probabilidad suficiente de daños, con arreglo al Protocolo,

Recordando el artículo 27 del Protocolo,

Han acordado lo siguiente:

Ver documento:

BOE-A-2018-677

 

 

Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

11/12/2017

Departamento:

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Publicación:

BOE nº 296 de 06/12/2017, p. 120572 a 120578 (7 páginas)

TEXTO

El artículo segundo.9 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, incluye la definición de «residuo radiactivo» en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica.

De acuerdo con la vigente definición legal, el concepto de residuo radiactivo ha de quedar fijado por la superación en los materiales residuales de determinados niveles de contaminación radiactiva que corresponde establecer al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Se denomina «desclasificación» al proceso mediante el que determinados materiales residuales con contenido radiactivo, generados en prácticas controladas, pueden ser gestionados como residuos convencionales sin necesidad de un posterior control radiológico.

Hasta ahora, las autorizaciones para la desclasificación de materiales residuales con contenido radiactivo se otorgaban caso por caso por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de acuerdo con las directrices técnicas de la Comisión Europea (fijadas en el documento Radiation Protection 122 Part 1: Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption, 2000).

Sin embargo, los niveles de desclasificación contemplados en la citada publicación técnica de la Comisión Europea han pasado a ser sustituidos por los que se establecen en el anexo VII de la Directiva 2013/59 Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. Entre otros aspectos, esta Directiva regula la desclasificación de los materiales residuales y señala los criterios radiológicos que deberán gobernar el proceso de autorización para que los materiales puedan gestionarse por las vías convencionales de eliminación, reciclado o reutilización.

Los niveles de desclasificación, según establece en su artículo 30.2 a) y b) la mencionada Directiva 2013/59/Euratom, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, no superarán los valores que figuran en su anexo VII, tabla A, respecto de los materiales sólidos o serán niveles de desclasificación específicos establecidos por la autoridad nacional competente siguiendo los criterios básicos que en la mencionada Directiva se determinan y teniendo en cuenta las orientaciones de tipo técnico que disponga la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Por su parte, el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, en su artículo 76 y en su anexo I, liga los procesos de eliminación, reciclado y reutilización de los materiales residuales a la definición legal de residuo radiactivo.

Mediante esta orden se traspone parcialmente al Derecho español la citada Directiva 2013/59/Euratom, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, en lo relativo a la desclasificación de los materiales residuales sólidos generados en instalaciones nucleares. Se sustituye de este modo el anterior sistema de autorización administrativa caso por caso por un modelo en el que se permite a los propios titulares de las instalaciones llevar a cabo la desclasificación de los materiales residuales, atendiendo a los niveles establecidos en el anexo I de la presente orden.

Con base en lo anterior, la elaboración de esta orden se inició a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

La presente norma, que se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 25.ª del artículo 149.1. de la Constitución, que reconoce al Estado la competencia sobre las bases del régimen energético, tiene por objeto establecer los criterios necesarios para una adecuada gestión de los materiales residuales sólidos procedentes de las instalaciones nucleares en operación o en desmantelamiento que, por su baja contaminación radiactiva, pueden ser gestionados por vías convencionales. La orden tiene manifiesto contenido técnico y carácter básico a los efectos de la distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.

En la tramitación de esta orden se ha sometido su proyecto al trámite de audiencia previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y al trámite de participación pública en materia de medio ambiente establecido por el artículo 18.1.h) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Asimismo, se ha recabado el preceptivo informe del Consejo de Asesor de Medio Ambiente. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), esta orden, en fase de proyecto, ha sido comunicada a la Comisión Europea.

En su virtud, conforme a la propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Ver documento:

BOE-A-2017-14362