Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, relativo a la aprobación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal.

Departamento:

Consejo General del Poder Judicial

Publicación:

BOE nº 174 de 19/07/2018, p. 72703 a 72707 (5 páginas)

TEXTO

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 10 de julio de 2018, por el que se ordena hacer público el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 19 de junio de 2018, que aprueba la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal del citado Tribunal Superior del año 2015, que aclaran algunas imprecisiones que constaban en las del año 2014, del siguiente tenor literal:

«I. Antecedentes normativos.

Competencias Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias:

Artículo 73.

1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:

a. Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

b. Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.

c. De las funciones de apoyo y control de arbitraje que se establezcan en la Ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

Ley Orgánica 5/2011 y Ley 11/2011, de 20 de mayo de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje:

∙ Nombramiento y remoción judicial de árbitros.

∙ Acción de anulación del laudo.

∙ Exequátor o solicitudes de reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros.

2. Esta Sala conocerá igualmente:

a. En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.

Presidente, Consejeros y Diputados de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b. En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.

c. De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.

3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:

a. El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.

Conocimiento e instrucción, en su caso, de las causas penales contra el Presidente, Consejeros y Diputados de la Comunidad Autónoma de Canarias (arts. 10 y 19 Estatuto de Autonomía de Canarias).

b. La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.

Conocimiento e instrucción, en su caso, de procesos contra Magistrados, Jueces y Fiscales, cometidos en el ejercicio de su cargo.

c. El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.

Apelación contra autos del Magistrado instructor de la Sala.

d. La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.

4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a y b del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias de la comunidad autónoma.

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, arts. 2 y 36 LECr art. 846 bis.

∙ Juicio Oral en primera instancia del Tribunal del Jurado, en razón del aforamiento del acusado.

∙ Recursos de Apelación contra los Autos del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, cuando resuelvan cuestiones relativas previas en los términos previstos en el art. 846 bis a) de la LECr., en relación con el art. 36 LOTJ.

∙ Recursos de Apelación contra sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado en el ámbito de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Abstención y recusación (arts. 76 y 221 y ss. De la LOPJ:

1. Abstención.

∙ del Presidente del TSJ o de cualquiera de los Magistrados de la Sala Civil y Penal.

2. Recusación.

∙ De uno o varios Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal.

II. Normas de reparto.

1. Formación de la Sala.

A los efectos de las presentes normas de reparto, la Sala de lo Civil y Penal se compone del Presidente y dos Magistrados, que se enumeran como 1 y 2, según su orden de antigüedad en la carrera judicial, del más moderno al más antiguo.

2. Turnos de ponencias y composición de la Sala

A. Abstención y recusación.

1. Abstención.

La designación de Ponente para conocer de la abstención del Tribunal de la Sala de lo Civil y Penal o de cualquier Magistrado de la misma, se llevará a cabo en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad en la carrera judicial, comenzando por el Presidente. Caso de que la ponencia correspondiera al Magistrado que se abstenga, pasará la misma al que le siga en el escalafón. La Sala de Justicia se constituirá con el Presidente, el Magistrado Ponente, y el sustituto que corresponda. De estimarse justificada la abstención, la sustitución recaerá en el Magistrado que le siga en el escalafón.

2. Recusación.

En caso de recusación de uno o más Magistrados de la Sala Civil y Penal, la instrucción del incidente de recusación corresponderá a un Magistrado de la Sala designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad en la carrera judicial, comenzando por el Presidente. Caso que la ponencia correspondiera al Magistrado recusado, pasará la misma al que le siga en el escalafón.

Cuando sean dos o más los Magistrados recusados, la Sala de Justicia se constituirá de acuerdo con lo previsto en el art. 77 de la LOPJ.

Cuando sólo sea uno el Magistrado recusado, la Sala de Justicia se constituirá con el Presidente, el Ponente y el tercer Magistrado al que corresponda por el orden de sustitución.

De estimarse la recusación o recusaciones, la ponencia pasará al Magistrado que siga en el escalafón judicial al recusado; si la recusación afectara a la constitución de la Sala de Justicia, ésta se completará de acuerdo con lo previsto en los arts. 199 y 200 de la LOPJ.

B. Materia civil.

La designación de Ponente en materia civil se llevará a cabo entre todos los componentes de la Sala. Corresponderá al Presidente del TSJ la ponencia de los procesos y cuestiones civiles que sean competencia de esta Sala y cuyo número de registro finalice en 0. Los restantes asuntos del mismo orden jurisdiccional se turnarán de la siguiente forma: Los que finalicen en los número de registro 1, 3, 5 y 7 corresponderán al Magistrado 1 y los números 2, 4, 6 y 8 se turnaran al Magistrado 2.

Si existen materias que no tienen registro específico en el sistema informático, (actualmente la designación de arbitro, anulación de laudo y exequator), se registrarán en un registro existente, lo que se tendrá en cuenta a la hora de asignar las ponencias, ya que no corresponderá el número de registro con el ponente.

Al no existir materias con registro específico en el sistema informático, (designación de árbitro, anulación de laudo, exequator y cuestión de competencia), se registrarán en el único registro existente, lo que se tendrá en cuenta a la hora de asignar las ponencias, ya que no corresponderá el número de registro con el ponente sino que se asignarán por materias y alternativamente entre los 2 magistrados comenzando por el más moderno.

C. Materia penal, cuestiones de competencia.

Se turnarán entre los 2 magistrados comenzando por el más moderno.

D. Materia penal. Instrucción.

∙ Diligencias Previas e indeterminadas.

Se turnarán entre los 2 magistrados comenzando por el más moderno.

Las resoluciones de admisión e inadmisión a trámite de las denuncias o querellas interpuestas contra aforados o miembros de las carreras judicial y fiscal se dictarán por la Sala, designándose en la misma resolución como Ponente al Magistrado al que, en su caso, hubiera correspondido la instrucción de las Diligencias Previas incoadas.

∙ Procedimiento abreviado. Sumario. Jurado.

Si vienen de otros Juzgados, el reparto es igual que el aplicado en el anterior apartado.

E. Materia penal. Enjuiciamiento.

∙ Procedimiento Abreviado. Sumario.

Para el enjuiciamiento de los procesos penales que sean competenica de la Sala, ésta se formará:

1. Si es número par y no ha habido apelación con el Presidente del Tribunal el cual será ponente, el otro magistrado de la Sala y un tercer magistrado designado para completarla.

2. Si es número par y ha habido apelación quedando contaminado el otro magistrado de la Sala, habrá que nombrar a dos magistrados sustitutos, siendo ponente el Presidente.

3. Si es número impar y no ha habido apelación, con el Presidente del Tribunal, el otro magistrado de la Sala que será Ponente y un tercer magistrado designado para completarla.

4. Si es número impar y ha habido apelación quedando contaminado el Presidente de la Sala, formará Sala el magistrado de Sala no instructor, el cual asumirá ponencia y presidencia, siendo contemplada con dos magistrados sustitutos.

∙ Jurado.

Para el enjuiciamiento de las causas que hayan de seguirse por el procedimiento de la LOTJ, contra personas aforadas a esta Sala, o contra magistrados, jueces y fiscales, será designado magistrado-presidente el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual será sustituido, en su caso y por su orden, por el magistrado de esta Sala más antiguo.

F. Materia penal. Recursos de apelación y queja.

1. Contra las resoluciones dictadas por el Magistrado Instructor que esté instruyendo, en esta Sala, Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado, Sumario, o Jurado, la apelación, como ponencia, se turnará al Presidente, o al Magistrado no instructor, según el número que se haya otorgado, en su día, a los autos, de forma que corresponderá al primero de ellos los números impares y al segundo los pares; cuando la numeración termine en 0 se estará a la cifra anterior.

La Sala se completará con dos magistrados según el orden ordinario de sustitución quedando reservado aquel al que no hubiera correspondido la Ponencia del o de los recursos, para asumir la Ponencia del juicio oral, si lo hubiere, en previsión de que pueda concurrir contaminación procesal.

2. Contra los Autos dictados por el Magistrado Presidente de la Sala competente de las de la Audiencia Provincial, en el ámbito del procedimiento de la LOTJ, la apelación se turnará, como Ponente y Presidente, alternativamente y comenzando por el más moderno de los dos Magistrados. La Sala se completará con otros dos Magistrados por el régimen ordinario de sustituciones.

3. Contra las sentencias dictadas por el Magistrado Presidente.

La Sala se constituirá por el Presidente y los dos Magistrados y las Ponencias corresponderán alternativamente y comenzando por el más moderno entre los dos Magistrados.

En caso de que haya habido recurso de apelación contra los Autos del Magistrado Presidente de los de la Sección correspondiente de la Audiencia Provincial y se estime por la Sala que concurre contaminación procesal, el Magistrado afectado será sustituido por el sistema de sustitución ordinario, en cuyo caso la Ponencia corresponderá al otro Magistrado de la Sala.

Régimen de sustituciones:

1. La sustitución del Presidente del Tribunal cuando tenga que presidir la Sala de Justicia, corresponde al Magistrado más antiguo en el escalafón.

2. La sustitución del Magistrado que deba presidir una Sala de Justicia, corresponderá al Magistrado de mayor antigüedad en el escalafón.

3. La sustitución de los Magistrados de esta Sala en los restantes procesos y cuestiones de su competencia, se efectuará según las reglas generales de sustitución.

Las presentes normas de reparto, sustituirán a todas las anteriores y entrarán en vigor al siguiente día hábil de su aprobación por la Sala de Gobierno.

Madrid, 10 de julio de 2018.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

Ver documento:

BOE-A-2018-10156

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las asociaciones judiciales.

19/06/2017

Departamento:

Consejo General del Poder Judicial

Publicación:

BOE nº 143 de 16/06/2017, p. 49852 a 49861 (10 páginas)

 

TEXTO

La disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, crea la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, con la finalidad de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. Dicha Fundación pasa a denominarse Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., por aplicación de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dicha promoción se concreta a través de convocatorias bajo el régimen de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, modificada por la disposición final cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Por su parte, la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, modificada por la disposición final séptima. dos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción y que la aprobación de las bases reguladoras será ejercida por el órgano de la Administración que financie en mayor proporción la subvención correspondiente.

En lo que respecta a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., el Ministerio de Empleo y Seguridad Social debe otorgar la autorización para que la Fundación pueda conceder subvenciones; autorización que fue otorgada por la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo.

La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, el ejercicio de las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como el desarrollo de las funciones de control y demás que supongan el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por la Secretaría de Estado de Seguridad Social, en cuanto que la subvención se financiará en mayor proporción por la Administración de la Seguridad Social, con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social al que se refieren los artículos 96.1.a) y 97 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

La Resolución ha sido informada favorablemente por la Abogacía del Estado y por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en este Departamento.

En base a todo lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Secretaría de Estado de la Seguridad Social resuelve:

Aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que figuran como anexo a esta resolución.

Madrid, 29 de mayo de 2017.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego.

Ver documento:

BOE-A-2017-6882

Extracto del Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocan subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales para el año 2017.

19/06/2017

Departamento:

Consejo General del Poder Judicial

Publicación:

BOE nº 145 de 19/06/2017, p. 46089 a 46089 (1 página)

 

TEXTO

BDNS(Identif.):350591

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primero.- Convocatoria.

Se convocan subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales con la finalidad de facilitar el funcionamiento general de las mismas y de fomentar el mayor dinamismo de cada Asociación en el desarrollo de sus actividades.

Segundo.- Objeto

Serán objeto de subvención, de conformidad con lo previsto en las bases reguladoras aprobadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2017 (BOE, de 5 de mayo de 2017):

1. Los gastos de organización y funcionamiento de las Asociaciones Judiciales.

2. La realización por las Asociaciones Judiciales de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa.

3. La efectiva implantación de las Asociaciones Judiciales en la Carrera Judicial.

4. Los resultados de las últimas elecciones a Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Tercero.- Bases reguladoras.

Aprobadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2017 (BOE, de 5 de mayo de 2017)

Cuarto.- Cuantía.

Las subvenciones se financiarán con cargo al capítulo IV, concepto 483, del Programa 111M del Presupuesto de gastos del Consejo General del Poder Judicial para el 2017, por un importe máximo de 401.980 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes de subvención por las Asociaciones Judiciales será de diez días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta resolución

Madrid, 8 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo general del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

Ver documento:

BOE-B-2017-38246