Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se corrigen errores en la de 27 de marzo de 2017, por la que se aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas.

23/06/2017

Departamento:

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Publicación:

BOE nº 149 de 23/06/2017, p. 52746 a 52746 (1 página)

TEXTO

Advertidos errores en la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 111, de 10 de mayo de 2017, se procede a subsanarlos mediante las oportunas rectificaciones:

En el anexo, página 37863, párrafo primero y punto 1, donde dice: «ISO 24801-3», debe decir: «UNE-EN ISO 24801-3 o FEDAS-CMAS 3 estrellas».

En el anexo, página 37867, punto 4.2, donde dice: «ISO 24801-3», debe decir: «UNE-EN ISO 24801-3 o FEDAS-CMAS 3 estrellas».

Madrid, 13 de junio de 2017.–El Secretario General de Pesca, Alberto Manuel López-Asenjo García.

Ver documento:

BOE-A-2017-7215

 

 

Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita

23/06/2017

Departamento:

Jefatura del Estado

Publicación:

BOE nº 148 de 22/06/2017, p. 51272 a 51274 (3 páginas)

 

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

El artículo 119 de la Constitución consagra que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En el marco de dicho mandato constitucional, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, ha supuesto un paso importante en la protección de aquellos ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos.

Con el fin de garantizar la plena efectividad de este derecho, los profesionales vienen obligados a prestar asistencia en los términos previstos en la citada Ley 1/1996, de 10 de enero, con un importante compromiso vocacional en favor de una Justicia gratuita, de calidad y que permita el desarrollo pleno de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Con el propósito de incrementar las garantías que nuestro ordenamiento jurídico ofrece en materia de justicia gratuita, tanto para los ciudadanos como para los profesionales, la presente reforma pretende afianzar el carácter de servicio público de esta actividad prestacional, reforzándola y garantizando que esté debidamente subvencionada por los poderes públicos y reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales obligados a su prestación.

En consecuencia, se aprueba la presente Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para el reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

Artículo único. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.

Las disposiciones de esta ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa cuando así se establezca en la legislación específica, así como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el apartado 1 del artículo 6.»

Dos. El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 22. Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de representación gratuitas.

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios obligatorios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia.

Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio.

Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes.

Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.»

Tres. El artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 23. Autonomía profesional y disciplina colegial.

Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, a los que se refiere esta ley, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.»

Cuatro. El artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 25. Formación y especialización.

El Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas competentes, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales.»

Cinco. El artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 30. Indemnización por el servicio.

La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser indemnizada cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta ley.

El importe de la indemnización se aplicará fundamentalmente a compensar las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.»

Seis. Se modifica el título del artículo 36 que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 36. Condena en costas».

Siete. El artículo 37 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 37. Subvención.

Las Administraciones públicas competentes, asegurando el derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución, subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación, atención y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.»

Ocho. El artículo 40 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 40. Indemnización por baremo.

En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España, las bases económicas y módulos de indemnización por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo efectos desde el 1 de enero de 2017.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 21 de junio de 2017.

Ver documento:

BOE-A-2017-7106

 

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las asociaciones judiciales.

19/06/2017

Departamento:

Consejo General del Poder Judicial

Publicación:

BOE nº 143 de 16/06/2017, p. 49852 a 49861 (10 páginas)

 

TEXTO

La disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, crea la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, con la finalidad de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. Dicha Fundación pasa a denominarse Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., por aplicación de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dicha promoción se concreta a través de convocatorias bajo el régimen de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, modificada por la disposición final cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Por su parte, la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, modificada por la disposición final séptima. dos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción y que la aprobación de las bases reguladoras será ejercida por el órgano de la Administración que financie en mayor proporción la subvención correspondiente.

En lo que respecta a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., el Ministerio de Empleo y Seguridad Social debe otorgar la autorización para que la Fundación pueda conceder subvenciones; autorización que fue otorgada por la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo.

La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, el ejercicio de las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como el desarrollo de las funciones de control y demás que supongan el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por la Secretaría de Estado de Seguridad Social, en cuanto que la subvención se financiará en mayor proporción por la Administración de la Seguridad Social, con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social al que se refieren los artículos 96.1.a) y 97 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

La Resolución ha sido informada favorablemente por la Abogacía del Estado y por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en este Departamento.

En base a todo lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Secretaría de Estado de la Seguridad Social resuelve:

Aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que figuran como anexo a esta resolución.

Madrid, 29 de mayo de 2017.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego.

Ver documento:

BOE-A-2017-6882

Extracto del Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocan subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales para el año 2017.

19/06/2017

Departamento:

Consejo General del Poder Judicial

Publicación:

BOE nº 145 de 19/06/2017, p. 46089 a 46089 (1 página)

 

TEXTO

BDNS(Identif.):350591

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primero.- Convocatoria.

Se convocan subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales con la finalidad de facilitar el funcionamiento general de las mismas y de fomentar el mayor dinamismo de cada Asociación en el desarrollo de sus actividades.

Segundo.- Objeto

Serán objeto de subvención, de conformidad con lo previsto en las bases reguladoras aprobadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2017 (BOE, de 5 de mayo de 2017):

1. Los gastos de organización y funcionamiento de las Asociaciones Judiciales.

2. La realización por las Asociaciones Judiciales de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa.

3. La efectiva implantación de las Asociaciones Judiciales en la Carrera Judicial.

4. Los resultados de las últimas elecciones a Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Tercero.- Bases reguladoras.

Aprobadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2017 (BOE, de 5 de mayo de 2017)

Cuarto.- Cuantía.

Las subvenciones se financiarán con cargo al capítulo IV, concepto 483, del Programa 111M del Presupuesto de gastos del Consejo General del Poder Judicial para el 2017, por un importe máximo de 401.980 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes de subvención por las Asociaciones Judiciales será de diez días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta resolución

Madrid, 8 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo general del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

Ver documento:

BOE-B-2017-38246

Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

12/06/2017

Departamento:

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Publicación:

BOE nº 138 de 10/06/2017, p. 48159 a 48319 (161 páginas)

 

TEXTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Desde el año 2007, las situaciones de sequía hidrológica en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, se gestionan mediante los Planes especiales ante situaciones de alerta y eventual sequía, aprobados por la Orden MAMA/698/2007, de 21 de marzo y posteriormente modificados por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, estos planes, con sus sistemas de indicadores hidrológicos, son los que sirven de referencia a los organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía.

II

El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el 1 de mayo representa en torno a un 13% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo. A fecha 1 de mayo, la reserva hidráulica peninsular, se situaba en un 56 %, notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (74,2 %) y a la de los últimos diez años (70 %).

Los volúmenes embalsados en el presente año hidrológico en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, han sido muy poco relevantes, persistiendo la situación de sequía declarada en los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar y dando inicio a la situación de sequía en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

En el caso del Duero, el inicio del año hidrológico 2016/2017 ha sido extremadamente seco desde el punto de vista de la meteorología: así, la precipitación acumulada en los últimos seis meses del pasado año ha sido del 55 % de la media de la serie histórica que alcanza 48 años. Los volúmenes embalsados a fecha 18 de mayo 2017 son 984 Hm3 menos que los que había embalsados en esa misma fecha de 2016. Esta cifra de 984 Hm3 representa un 34,20 % de la capacidad de regulación de la que dispone actualmente la cuenca hidrográfica del Duero.

A fecha 1 de mayo, el indicador de sequía del estado global de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero se ha mantenido en alerta por quinto mes consecutivo. Este hecho ha motivado que, conforme al contenido del Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía del Duero, y conforme al artículo 20 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, la demarcación se encuentre en situación de sequía prolongada, y se hayan adoptado por el organismo de cuenca, un conjunto de restricciones por la falta de agua embalsada, de conformidad con el artículo 55 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Restricciones que ya se han determinado y puesto en práctica en las diferentes zonas suministradas desde los embalse mediante canales.

Con base en esta situación de sequía prolongada, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Duero, acordó en febrero de 2017, la elevación al Consejo de Ministros, para que de conformidad con el artículo 58 de texto refundido de la Ley de Aguas, adoptase, mediante real decreto y en circunstancias extraordinarias como las que se dan actualmente en la cuenca española del Duero, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión, para la superación de circunstancias de necesidad, urgencia, anómalas o excepcionales.

En el caso de la cuenca hidrográfica del Segura, en sequía declarada desde el 9 de mayo de 2015, con la entrada en vigor del Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, la situación se ha agravado de forma particular por dos motivos: el volumen embalsado en la propia demarcación es, a fecha 18 de mayo de 2017, del 32 %, cuando la media de los últimos cinco años en esta misma fecha se sitúa en el 60,78 %, y el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía, (embalses desde los que parte el Acueducto Tajo-Segura), se sitúa a fecha 19 de mayo, por debajo de 368 Hm3, habiéndose entrado, de acuerdo con las Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, aprobadas por la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en el Nivel 4, lo que implica que no cabe aprobar trasvase alguno para abastecimiento y regadío desde la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, también en sequía declarada desde el 9 de mayo de 2015 con la entrada en vigor del Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, a fecha 1 de mayo de 2017 los indicadores de estado de los subsistemas Turia y Júcar se encuentran en alerta y prealerta respectivamente.

El Real Decreto 356/2015 por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura, y el real decreto 355/2015 del Júcar y sus prórrogas, contiene como una de las medidas administrativas que puede ayudar a superar la situación de escasez de recursos hídricos existente, la utilización de los contratos de cesión de derechos al uso del agua previstos en la legislación de Aguas.

En este sentido se contempla la posibilidad recogida en el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, donde está previsto que podrá permitirse que los contratos celebrados no respeten la prelación de usos establecidos en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica, o en su defecto en la propia Ley, al entender que la situación excepcional y el interés general hacen aconsejable la autorización de la medida.

La disposición adicional tercera del real decreto Ley 6/2015 de 14 de mayo, admitió para estos mismos contratos una excepción del artículo 69.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, según el cual «el volumen anual susceptible de cesión en ningún caso podrá superar al realmente utilizado por el cedente». Permitiendo de modo excepcional y temporalmente limitado la cesión de todo el caudal concedido con independencia del grado de utilización que haya tenido por parte del cedente en los 5 años anteriores.

Esta previsión se refiere a los contratos celebrados entre concesionarios de la cuenca del Segura. Actualmente se hace preciso que, con carácter excepcional y temporalmente limitado, se establezca esta medida ampliándola a las cuencas del Júcar y del Duero; De este modo en cada una de dichas cuencas se podrán celebrar contratos de cesión de derechos, entre concesionarios y titulares de derechos de una misma cuenca tomando como referencia los volúmenes concedidos y no los utilizados en los últimos 5 años.

Es una flexibilización del régimen legal de los contratos que se plantea como una medida excepcional para atender a la situación hidrológica existente y se incluye en la disposición adicional segunda.

Ver documento:

BOE-A-2017-6578

Sentencia de 27 de abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que anula el Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

02/06/2017

Departamento:

Tribunal Supremo

Publicación:

BOE nº 131 de 02/06/2017, p. 45102 a 45102 (1 página)

TEXTO

En el recurso contencioso-administrativo número 4278/2015, promovido por don Higinio José Fernández Vidal en su nombre y como Presidente de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 27 de abril de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.º Que estimamos el recurso contencioso-administrativo nº 4278/2015, interpuesto por don Higinio José Fernández Vidal en su propio nombre y en calidad de Presidente de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) contra el Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, cuya nulidad declaramos.

2.º Que imponemos a la Administración las costas de este recurso en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

3.º Conforme al artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción, publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.–D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.–D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.–D.ª Celsa Pico Lorenzo.–D.ª María del Pilar Teso Gamella.–D. José Luis Requero Ibáñez.–D. Rafael Toledano Cantero.–Firmado.

Ver documento:

BOE-A-2017-6174

 

Orden APM/503/2017, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica por la Agencia Estatal de Meteorología.

02/06/2017

Departamento:

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Publicación:

BOE nº 131 de 02/06/2017, p. 45348 a 45357 (10 páginas)

TEXTO

Entre las competencias y funciones a las que se refiere el artículo 8 del Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología, aprobado por Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, se encuentra la realización de estudios e investigaciones en los campos de las ciencias atmosféricas y el desarrollo de técnicas y aplicaciones que permitan el progreso en el conocimiento del tiempo y el clima y una adecuada adaptación al progreso científico y tecnológico, necesario para el ejercicio de sus funciones y para la mejora de sus servicios, así como la colaboración con otros organismos nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos de I+D+i.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología, en adelante AEMET, convoca periódicamente becas de formación de posgraduados en materia meteorológica y climatológica, con el doble fin de aportarles una experiencia profesional que facilite su inserción en el mercado laboral y de dar a conocer en el ámbito universitario las posibilidades profesionales que la Agencia ofrece en las diferentes áreas científico-técnicas.

Fruto de la experiencia de convocatorias anteriores se considera oportuna la derogación y substitución de la Orden ARM/310/2011, de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas por la Agencia Estatal de Meteorología.

La presente orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de servicio meteorológico establecida en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española y de conformidad con el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previo informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en la AEMET.

Según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas de formación en la AEMET.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para graduados universitarios o titulaciones equivalentes en materias relacionadas con las actividades de la Agencia, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Artículo 2. Características de las becas.

1. Las becas que se convocaren se desarrollarán dentro de un programa de formación en el ámbito de las competencias de la Agencia Estatal de Meteorología, y supondrán la formación integral en el área de conocimiento de los proyectos convocados, sin que, en ningún caso, se puedan ejercer por los beneficiarios funciones propias del personal funcionario o laboral al servicio de AEMET.

2. El disfrute de estas becas no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y AEMET. La cantidad que se abone a los becarios en ningún caso tendrá la consideración de salario o remuneración, sino de ayuda económica para formación, y no devengará derecho alguno a indemnización por finalización del programa de prácticas. La participación en el programa de formación no supondrá mérito para el acceso a la función pública ni para la adquisición de una relación laboral con ninguna Administración pública o entidad vinculada o dependiente de ella. La participación en el programa formativo no tendrá, en ningún caso, la consideración de servicios prestados ni de servicios efectivos.

3. Los becarios cumplirán con las normas generales del centro o unidad de la Agencia donde realicen su formación, estableciéndose un tiempo mínimo necesario de asistencia de treinta y siete horas y media semanales de lunes a viernes en la forma establecida por el tutor designado. El tutor o la propia AEMET velarán expresamente por garantizar las tareas que realice el beneficiario sean únicamente relacionadas con el programa formativo para el que ha resultado beneficiario.

4 Los becarios dispondrán, por cada año completo, de veintidós días no lectivos, en los que se seguirá percibiendo la ayuda económica de formación, y en los cuales no será precisa su asistencia al centro o unidad en el que realizarán sus tareas, prorrateándose dicho período si el tiempo de disfrute de la beca en cómputo anual fuera inferior. En cualquier caso, deberá contar con el consentimiento del tutor.

5. Al final del programa de formación, el Presidente de AEMET proporcionará al interesado, previo informe favorable de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Becas, un certificado acreditativo de la formación recibida. La mencionada comisión, órgano interno de AEMET creado por Resolución del Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, de 5 de mayo de 2016, tiene funciones de planificación, valoración y selección de proyectos, informe sobre convocatorias y seguimiento, y se compone de:

a) Presidencia: Presidente de la Agencia.

b) Vicepresidencia: Funcionario designado por el Presidente de la Agencia.

c) Vocalías:

1.º Director de Administración.

2.º Director de Producción e Infraestructuras.

3.º Director de Planificación, Estrategia y Desarrollo comercial.

4.º Jefe de Departamento de Coordinación de Delegaciones Territoriales.

d) Secretaría: Desempeñada por un funcionario a designar por quien ejerza la Presidencia, que actuará con voz pero sin voto. En caso de vacante, ausencia o enfermedad podrá sustituirse por quien designe la Presidencia.

Ver documento:

BOE-A-2017-6238

Real Decreto 487/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos

230/05/2017

Departamento:

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Publicación:

BOE nº 122 de 23/05/2017, p. 41727 a 41731 (5 páginas)

 

TEXTO

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que contempla dentro de su ámbito subjetivo de aplicación a la Administración General del Estado, establece entre sus propósitos el incremento y refuerzo de la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, y del reconocimiento y garantía del acceso a la información.

Dicha ley crea en su título III el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano que asume la competencia de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en la norma, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública. A este respecto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como el órgano que conocerá de las reclamaciones que, en materia de acceso a la información, presenten los ciudadanos en ejercicio de lo previsto en el artículo 24 de la ley.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo estatuto ha sido aprobado por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se crea como un organismo público de los previstos en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y de acuerdo con lo previsto expresamente en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, actuará con plena independencia y autonomía en el cumplimiento de sus fines.

Por su parte, el Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, establece cuál ha de ser la composición y funcionamiento de la citada Comisión, determinando que ésta tiene entre sus funciones las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como su integración en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos, tal y como se dispone en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.

Con carácter fundamental, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos dictamina sobre las propuestas de eliminación y conservación reglada de la documentación generada por la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

Tras la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se considera pertinente la reforma de la composición de la Comisión Superior Calificadora de Documentos para fortalecer aún más el papel de ésta como ente propiciador de las políticas de transparencia y buen gobierno, ya que un indicador fundamental de dichas políticas lo constituye, precisamente, la aplicación de buenas prácticas en la eliminación y conservación de la información pública contenida en los documentos producidos por la administración como garantes de los derechos de los ciudadanos y de la propia administración, así como el régimen de acceso y utilización de los mismos.

En virtud de lo anterior, resulta pertinente la incorporación en el Pleno de la citada Comisión Superior de un representante del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entre los vocales natos designado por su Presidente. Esta incorporación se hace eco de la importancia que este Consejo ha pasado a ostentar en el seno del ordenamiento jurídico español.

Asimismo, y como fiel reflejo de la relevancia que la protección de los datos de carácter personal presenta en el propio tenor literal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la que se valora la posible incidencia que el acceso a la información puede tener en la protección de los datos personales y se aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios, se considera precisa la participación más activa del representante de la Agencia Española de Protección de Datos presente ya en la Comisión con una participación directa en las decisiones que dictamina la Comisión, por lo que se promueve su presencia dentro de la Comisión Permanente. La solidez de la Comisión Permanente se ve también justamente reforzada con la presencia en ella del representante del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que se incorpora en virtud del presente real decreto y al que se alude en los párrafos precedentes.

Con carácter general, se adaptan las menciones a los titulares de la Presidencia y de las Vicepresidencias primera y segunda, adecuándolas a las denominaciones actuales y teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición final primera del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. En este mismo sentido, se sustituye en el artículo 2.1 d) inciso 5.º la enumeración de todos los departamentos ministeriales por una referencia genérica a un representante de cada departamento, solventando de esta manera el problema de desactualización con los posibles cambios ministeriales.

Por otra parte, con la incorporación de un representante de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el Pleno y en la Comisión Permanente, se pretende consolidar un mayor rigor técnico en decisiones relacionadas con el ámbito de actuación de esta Comisión Superior, entre otras, la sustitución de soporte tradicional mediante la creación de copias electrónicas auténticas; la valoración, conservación y eliminación, total o parcial, de documentos y expedientes electrónicos, así como de los metadatos pertinentes asociados a los mismos y la verificación de que las aplicaciones o plataformas que contienen información recapitulativa procedente de series documentales eliminadas previo dictamen, tienen los requisitos de seguridad e interoperabilidad necesarios para su recuperación, acceso y conservación a largo plazo, etc. Todo ello, en el marco de impulso de la Administración Electrónica y de implementación de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad que aboca a este órgano colegiado a trabajar de forma multidisciplinar.

Del mismo modo, se estima oportuna la participación de un representante de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en el Pleno y en la Comisión Permanente, con el fin de integrar de forma más eficaz en sus trabajos la actividad de la Administración periférica del Estado, así como para facilitar la cooperación con todas las Administraciones públicas españolas en el marco del impulso y ejecución de la política territorial del Gobierno.

Por último, se pretende integrar en el citado Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, a los Grupos de Trabajo de coordinación de archivos regulados en el artículo 13 del citado Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, además de las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos de los departamentos ministeriales no suprimidas por el Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, que como establece la disposición adicional segunda del ya mencionado Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, se seguirán rigiendo por su normativa específica. Asimismo, y en el caso de que no exista Comisión Calificadora Departamental o Grupo de trabajo de coordinación de archivos, se integran a los centros directivos competentes en materia de archivos de los departamentos.

La aprobación de estas modificaciones en el Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, no suponen incremento de gasto público ni de retribuciones adicionales ya que los miembros no reciben ningún tipo de remuneración y el funcionamiento de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos es atendido con los medios personales y materiales de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y del Ministro de Hacienda y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de mayo de 2017,

 

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BOE-A-2017-5689

Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2017, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria para la concesión en el año 2017 de subvenciones públicas destinadas a financiar la renovación de instalaciones en oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal.

23/05/2017

Departamento:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Publicación:

BOE nº 122 de 23/05/2017, p. 38098 a 38099 (2 páginas)

TEXTO

BDNS(Identif.): 345234

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhafp.gob.es/ bdnstrans:

Primero. Beneficiarios.

Las Administraciones autonómicas titulares, o que puedan adquirir la titularidad, de las oficinas de empleo que se relacionan en el Anexo I de la resolución.

Segundo. Objeto.

Financiar los gastos derivados de las obras de renovación, adecuación y/o reparación de oficinas de empleo con presencia del personal del Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos y condiciones establecidas en el Anexo I de la resolución, que se realicen en un plazo máximo de dos años desde la notificación de la resolución de concesión.

En el caso de que la actuación consista en obras de renovación, adecuación y/o reparación de oficinas de empleo en un nuevo local, serán financiables los gastos correspondientes al arrendamiento de las instalaciones durante el periodo máximo de 18 meses.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden ESS/763/2016, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a financiar la renovación de instalaciones y equipamientos para oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal (Boletín Oficial del Estado núm.: 121, de19 de mayo de 2016).

Cuarto. Cuantía.

Cuantía de la subvención para el año 2017 ha sido de: 20.000.000 euros.

La determinación de las cuantías individualizadas de las subvenciones se realizará en Base al Anexo I de la resolución que regula esta convocatoria, en proporción a la puntuación obtenida por aplicación de los criterios objetivos de otorgamiento de estas subvenciones recogidos en el artículo 7.2 de la misma.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 25 de abril de 2017.- Julio Angel Martínez Meroño, Director General de Servicio Público de Empleo Estatal.

 

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BOE-B-2017-31708

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1960-2017, contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

16/05/2017

Departamento:

Tribunal Constitucional

Publicación:

BOE nº 115 de 15/05/2017, p. 39761 a 39761 (1 página)

TEXTO

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1960-2017, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Madrid, 9 de mayo de 2017.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

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BOE-A-2017-5307