Orden JUS/521/2018, de 18 de mayo, por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de Domingo Pérez de Granada (Granada).

Departamento:

Ministerio de Justicia

Publicación:

BOE nº 127 de 25/05/2018, p. 54514 a 54514 (1 página)

 

TEXTO

La configuración de la planta judicial que establece la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, prevé una serie de mecanismos para facilitar su constante adaptación con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y acercarla al ciudadano.

El artículo 99.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone que en cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción y con jurisdicción en el término correspondiente habrá un juzgado de paz.

En consecuencia, al haberse creado el nuevo municipio de Domingo Pérez de Granada (Granada), mediante Decreto 105/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba la creación del municipio de Domingo Pérez de Granada y se constituye el municipio independiente de Domingo Pérez de Granada, con la denominación de Domingo Pérez de Granada, y con capitalidad en el núcleo de población de Domingo Pérez de Granada, la presente orden tiene por objeto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, establecer la fecha de entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz del nuevo municipio.

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, dispone en su artículo 4.3 que, la modificación de los límites de los municipios actuales comporta la adaptación automática de la demarcación judicial a la nueva delimitación geográfica y en la letra a) del citado apartado dispone que cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de otro, continuará perteneciendo al mismo partido judicial. Por su parte, según lo dispuesto en su artículo 5, los juzgados de paz tienen jurisdicción en el término municipal respectivo, del que toman su nombre.

Asímismo, en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, se regulan distintos aspectos relativos a los juzgados de paz. Con base en lo dispuesto en su artículo 51.3, las instalaciones y medios instrumentales estarán a cargo del Ayuntamiento de Domingo Pérez de Granada.

En su virtud, oído el Consejo General del Poder Judicial,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 4.3 y 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el objeto de esta orden consiste en disponer la fecha de entrada en funcionamiento del juzgado de paz de Domingo Pérez de Granada (Granada), al haberse creado y constituido como municipio independiente, mediante segregación del término municipal de Iznalloz (Granada), el municipio de Domingo Pérez de Granada con capitalidad en el núcleo de población de idéntico nombre.

Artículo 2. Entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de Domingo Pérez de Granada.

El juzgado de paz del nuevo municipio de Domingo Pérez de Granada con jurisdicción en dicho término municipal y sede en el núcleo de población de Domingo Pérez de Granada entrará en funcionamiento el 1 de octubre de 2018.

Madrid, 18 de mayo de 2018.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.

Ver documento:

BOE-A-2018-6961

Orden FOM/522/2018, de 11 de mayo, por la que se modifica la relación de ficheros automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

Departamento:

Ministerio de Fomento

Publicación:

BOE nº 127 de 25/05/2018, p. 54639 a 54649 (11 páginas)

 

TEXTO

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal dispone que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas se realizará por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial» correspondiente. Por su parte, el artículo 53.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, determina que cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración General del Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes de la misma, la creación, modificación o supresión de los ficheros adoptará la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo correspondiente.

En relación con los ficheros de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, –que han sido modificados sucesivamente por Orden FOM/3453/2003, de 24 de noviembre, Orden FOM/1354/2010, de 18 de mayo, Orden FOM/3475/2010, de 15 de diciembre y la última Orden FOM/2028/2012, de 31 de agosto–, el cambio de denominación de la Entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), creada por el artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que pasa a denominarse ENAIRE, –en virtud de lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia–, requiere la modificación de las inscripciones actuales de los ficheros adscritos en el Registro General de Protección de datos bajo la titularidad de la entidad AENA, que pasan a estar bajo la titularidad de ENAIRE.

A fin de actualizar la realidad de los ficheros de datos personales bajo responsabilidad de la Entidad ENAIRE, y dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal en relación con lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 54 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, procede la notificación de la creación, modificación y supresión de los ficheros adscritos bajo la titularidad de la Entidad AENA, para adecuarlos a la actual denominación y estructura de la Entidad ENAIRE.

En su virtud, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dispongo:

Primero. Inscripción.

La creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal se notificará a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

Segundo. Cambio de denominación de Responsable.

Todos los ficheros actualmente inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos bajo la denominación de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), creada por el artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, resultan afectados por la nueva denominación de la Entidad que, por mor de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, pasa a denominarse ENAIRE.

Tercero. Ficheros de nueva creación.

Los ficheros a inscribir en el Registro General de Protección de Datos son los contenidos en el Anexo I de la presente Orden.

Cuarto. Relación de ficheros que se modifican.

Los ficheros incluidos en el Anexo II de la presente Orden, creados por disposiciones generales anteriores, se adaptarán a las descripciones contenidas en los apartados correspondientes del citado anexo, de acuerdo a lo especificado en el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Quinto. Relación de ficheros que se suprimen.

Se suprime el fichero indicado en el Anexo III de la presente Orden, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 54.3 de su Reglamento de desarrollo.

Sexto. Medidas de seguridad.

Los ficheros recogidos en los anexos de esta orden, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.

Séptimo. Publicación.

De conformidad con lo acordado se ordena que la presente Orden sea publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Octavo. Registro.

En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la notificación de los ficheros para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se realizará en el plazo de treinta días desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Noveno. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de mayo de 2018.–El Ministro de Fomento, Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz.

ANEXO I

Ver documento:

BOE-A-2018-6971

Extracto de la Resolución de 5 de marzo de 2018 de la Dirección General del SEPE por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo en el ámbito exclusivo de gestión del citado servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la Administración General del Estado.

Departamento:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Publicación:

BOE nº 107 de 03/05/2018, p. 32429 a 32430 (2 páginas)

TEXTO

BDNS(Identif.):395906

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans:

Primero. Beneficiarios.

Órganos de la Administración general del Estado.

Segundo. Objeto.

Desarrollo de proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo, en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal de proyectos en colaboración con órganos de la Administración General del Estado con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos a los que se refiere el artículo 18.h).3 del texto refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre).

Todos los proyectos que se pretenden subvencionar se configuran como programas mixtos de formación y empleo que tienen por finalidad mejorar las posibilidades de inserción de las personas trabajadoras que participen en ellos.

Tercero. Bases Reguladoras.

La convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras dela concesión de subvenciones públicas a dichos programas; en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo.

Cuarto. Cuantía.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios 19.101.000X.400.01 del Presupuesto de Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, por una cuantía total máxima de 11.360.000 euros, con la siguiente distribución por anualidades:

– 9.050.000 euros en 2018.

– 2.310.000 euros en 2019.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el “Boletín Oficial del Estado”.

Sexto. Otros datos.

Las solicitudes para esta convocatoria se presentarán según los términos establecidos en el artículo 14 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas; en el artículo 10 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa; y en el artículo 3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, dirigidas a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Se podrán presentar en la sede central del Servicio Público de Empleo Estatal, sita en la calle Condesa de Venadito, número 9, 28027 Madrid, o en las Direcciones Provinciales de dicho Servicio Público de Empleo Estatal. Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 5 de marzo de 2018.- El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Julio Ángel Martínez Meroño.

Ver documento:

BOE-B-2018-25068

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de incorporación de los Tipos de Actividades de Formación Continua al Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 2018-2020.

Departamento:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Publicación:

BOE nº 106 de 02/05/2018, p. 47365 a 47482 (118 páginas)

 

TEXTO

Por Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), se estableció el Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 2018-2020, estableciendo los requisitos mínimos, las condiciones de realización y los procedimientos de incorporación al Programa FOCO de las actividades de formación, proponiéndose cuatro plazos de presentación de solicitudes. De acuerdo con lo establecido en el apartado undécimo de la citada Resolución de 25 de octubre de 2017, y una vez elevada la propuesta de resolución definitiva por la Dirección General de Deportes a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes.

Esta Presidencia, como órgano competente, acuerda:

Primero.

Dictar resolución definitiva de incorporación de los Tipos de Actividades de Formación Continua, pertenecientes al primer plazo de solicitudes, que se detallan en el anexo.

Segundo.

Desestimar el resto de solicitudes presentadas.

Tercero.

La presente resolución pondrá fin a la vía administrativa. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación o al de su notificación. Asimismo, la citada resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de abril de 2018.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa.

ANEXO

Ver documento:

BOE-A-2018-5960

Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017.

Departamento:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Publicación:

BOE nº 107 de 03/05/2018, p. 47494 a 47499 (6 páginas)

 

TEXTO

ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA

El Reino de España y la República de la India, en lo sucesivo denominados «los Estados Contratantes»;

Deseando facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas en su propio país; y

Considerando que el cumplimiento de ese objetivo debe alcanzarse ofreciendo a los extranjeros, condenados y sentenciados como resultado de la comisión de un delito, la posibilidad de cumplir su pena en su propio medio social;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo:

(a) «sentencia» designará una resolución o decisión judicial en la que se imponga una pena;

(b) «Estado de cumplimiento» designará el Estado al cual el condenado pueda ser trasladado o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su pena o el resto de la misma;

(c) «pena» designará toda sanción o medida privativa de libertad, impuesta por un tribunal en el ejercicio de su jurisdicción penal;

(d) «persona condenada» designa a la persona sometida a una pena privativa de libertad en virtud de una sentencia condenatoria dictada por un tribunal penal, incluidos los tribunales establecidos en cada momento en los estados Contratantes;

(e) «Estado de condena» designará al Estado donde se ha condenado a la persona que puede ser trasladada o que ya lo haya sido.

ARTÍCULO 2

Principios generales

1. Una persona condenada en el territorio de una Parte podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada al territorio de la otra Parte para cumplir la pena que se le haya impuesto. A tal fin, podrá expresar, bien al Estado de condena bien al Estado de cumplimiento, su deseo de que se le traslade en virtud del presente Convenio.

2. El traslado puede ser solicitado por toda persona condenada que sea ciudadana de un Estado contratante o por cualquier otra persona que esté legitimada para actuar en su nombre con arreglo a la normativa del Estado contratante, presentando una solicitud a dicho Estado y en la forma dispuesta por el Gobierno del mismo.

ARTÍCULO 3

Autoridades Centrales

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes para la aplicación del presente Tratado son:

– Por el Reino de España: Ministerio de Justicia.

– Por la República de la India: Ministerio del Interior.

2. En caso de que algún Estado contratante modifique sus autoridades competentes lo notificará al otro Estado por conducto diplomático.

ARTÍCULO 4

Condiciones del traslado

1. Una persona condenada podrá ser trasladada con arreglo al presente Tratado en las condiciones siguientes:

(a) el condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento;

(b) no se le habrá impuesto a la persona condenada la pena de muerte, excepto en el caso de que se le haya conmutado la pena;

(c) la sentencia deberá ser firme;

(d) no habrá pendientes procesos penales contra la persona condenada en el Estado de condena que requieran su presencia;

(e) la persona condenada no lo haya sido por un delito bajo la jurisdicción militar, salvo que los Estados contratantes acuerden otra cosa;

(f) la duración de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por el condenado deberá ser al menos de un año, el día de la recepción de la petición;

(g) que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la pena en el Estado de condena sean punibles como delito en el Estado de cumplimiento, o constituirían una infracción penal en caso de que se cometieran en su territorio;

(h) el traslado de la custodia de la persona condenada al Estado receptor no se hará en detrimento de la soberanía, la seguridad o cualquier otro interés esencial del Estado de condena;

(i) el traslado deberá ser consentido bien por el condenado, o, en caso de que, teniendo presente su edad y su estado mental o físico, alguno de los Estados Contratantes lo considere necesario, por cualquier otra persona legalmente facultada para actuar en su nombre, de conformidad con la legislación del Estado contratante; y

(j) el Estado de condena y el Estado de cumplimiento estén de acuerdo en ese traslado.

2. En casos excepcionales, el Estado de condena y el Estado de cumplimiento podrán convenir en un traslado, aunque la duración de la pena que el condenado tenga aún que cumplir sea inferior a la prevista en el apartado 1(f).

ARTÍCULO 5

Obligación de facilitar información

1. Si la persona condenada hubiere expresado al Estado de condena su deseo de ser trasladado en virtud del presente Acuerdo, aquél remitirá al Estado de cumplimiento la información y los documentos siguientes, a menos que el Estado de cumplimiento o el Estado de condena hayan decidido ya que no accederán al traslado:

(a) nombre y nacionalidad del condenado, la fecha y el lugar de nacimiento y su dirección, en su caso, en el Estado de cumplimiento, así como copia del pasaporte o de cualquier otro documento de identidad y, si es posible, las huellas dactilares de la persona condenada;

(b) una declaración de los hechos en los que se fundamenta la condena;

(c) naturaleza, duración y fecha de inicio del cumplimiento de la pena, y un documento que indique el tiempo ya cumplido y el que quedare por cumplir, incluidos los periodos de prisión en espera de juicio, redención de pena y otra información que resulte relevante para la ejecución de la pena.

(d) una copia certificada del fallo y una copia de las disposiciones pertinentes de la ley con arreglo a la cual se ha dictado la sentencia contra la persona condenada;

(e) cuando proceda, informes médicos, sociales o penitenciarios sobre la persona condenada, información acerca de su tratamiento en el Estado de condena, y cualquier recomendación sobre su tratamiento subsiguiente en el Estado de cumplimiento.

(f) toda otra información que el Estado de cumplimiento pueda especificar que precisa para evaluar la posibilidad de traslado y para informar a la persona condenada de todas las consecuencias que pueda tener para el interesado el traslado con arreglo a su legislación;

(g) la solicitud de traslado de la persona condenada o de cualquier otra persona legalmente facultada para actuar en su nombre, de conformidad con la legislación del Estado de condena; y

(h) una declaración del Estado de condena acordando el traslado de la persona condenada.

2. Al efecto de facilitar la decisión sobre una solicitud con arreglo al presente Acuerdo, el Estado de cumplimiento enviará la siguiente información y documentación al Estado de condena, a menos que el Estado de condena o el de cumplimiento hayan decidido ya que no darán su acuerdo al traslado:

(a) una declaración o documento indicando que la persona condenada es nacional del Estado de cumplimiento;

(b) una copia del texto de la ley pertinente que disponga que los actos u omisiones por los que se haya impuesto la pena en el Estado de condena constituyen delito con arreglo a la legislación del Estado de cumplimiento, o lo constituirían si se cometieran en su territorio;

(c) una declaración sobre toda la normativa legal relacionada con la duración y el cumplimiento de la pena por la persona condenada en el Estado de cumplimiento tras el traslado incluido, en su caso, una declaración sobre los efectos del apartado 2 del articulo 9 del presente Acuerdo sobre su traslado;

(d) la voluntad del Estado de cumplimiento de aceptar el traslado de la persona condenada y el compromiso de hacerse cargo de administrar la parte restante de la pena de la persona condenada; y

(e) cualquier otra información o documento que el Estado de condena pueda considerar necesario.

ARTÍCULO 6

Peticiones y respuestas

1. Las peticiones de traslado se formularán por escrito y se dirigirán por la Autoridad Central del Estado de condena a la del Estado de cumplimiento, por conducto diplomático. Las respuestas se comunicarán por el mismo procedimiento.

2. El Estado de cumplimiento informará al Estado de condena, con la mayor diligencia posible, de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.

ARTÍCULO 7

Consentimiento y verificación

1. El Estado de condena se cerciorará de que la persona que deba prestar su consentimiento para el traslado en virtud del apartado 1(i) del artículo 4 sea consciente de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven. El procedimiento que se siga a este respecto se regirá por la ley del Estado de condena.

2. El Estado de condena deberá dar al Estado de cumplimiento la posibilidad de verificar que el consentimiento se ha otorgado en las condiciones previstas en el apartado 1 del presente artículo.

ARTÍCULO 8

Consecuencias del traslado para el Estado de cumplimiento

1. Las autoridades competentes del Estado de cumplimiento deberán hacer que prosiga el cumplimiento de la pena mediante una resolución judicial o administrativa, según lo requiera su legislación nacional, en las condiciones enunciadas en el artículo 9 del presente Acuerdo.

2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 11 del presente Acuerdo, el cumplimiento de la pena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento y este Estado será el único competente para tomar todas las decisiones pertinentes.

ARTÍCULO 9

Prosecución del cumplimiento

1. El Estado de cumplimiento quedará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la pena determinados por el Estado de condena.

2. Si la naturaleza o la duración de dicha pena, o ambas, fueren incompatibles con la legislación del Estado de cumplimiento, éste podrá, previo consentimiento del Estado de condena, adaptar, mediante resolución judicial o administrativa, según lo requiera su legislación nacional, dicha sanción a la pena prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza. Dicha pena o medida corresponderá en la medida de lo posible, en cuanto a su naturaleza o duración, a la impuesta en la sentencia dictada por el Estado de condena. Sin embargo, no podrá agravar, por su naturaleza o por su duración, la sanción impuesta en el Estado de condena.

ARTÍCULO 10

Efectos del cumplimiento de la pena para el Estado de condena

Cuando el Estado de cumplimiento notifique al Estado de condena que se ha cumplido la pena, con arreglo al apartado 1(a) del articulo 13 del presente Acuerdo, dicha notificación surtirá en el Estado de condena el efecto de dar por ejecutada dicha pena.

ARTÍCULO 11

Revisión de la sentencia e indulto, amnistía o conmutación

1. Sólo el Estado de condena tendrá el derecho a decidir acerca de cualquier recurso de revisión presentado contra la sentencia.

2. Cada uno de los Estados Contratantes podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas y notificará dicha decisión al otro Estado Contratante.

ARTÍCULO 12

Cesación del cumplimiento de la pena

1. El Estado de condena notificará sin demora al Estado de cumplimiento cualquier decisión tomada en su territorio que tenga como efecto que cese el cumplimiento de la pena o de parte la misma.

2. El Estado de cumplimiento deberá poner fin al cumplimiento de la pena en cuanto le haya informado el Estado de condena de cualquier decisión o medida que tenga como efecto privar a la condena de su carácter ejecutorio.

ARTÍCULO 13

Información sobre el cumplimiento de la pena

1. El Estado de cumplimiento facilitará información al Estado de condena:

(a) Cuando el cumplimiento de la pena haya terminado; o

(b) si el condenado se ha evadido antes de que termine el cumplimiento de la pena. En tal caso el Estado de cumplimiento tomará medidas para garantizar su detención a efectos de cumplimiento del resto de la pena y de que responda por la comisión de un delito de conformidad con la legislación pertinente del Estado de cumplimiento.

2. El Estado de cumplimiento facilitara un informe especial acerca del cumplimiento de la pena si el Estado de condena se lo solicitare.

ARTÍCULO 14

Tránsito

1. Si cualquiera de los Estados Contratantes celebra acuerdos con un Estado tercero para el traslado de personas condenadas, el otro Estado Contratante cooperará en el tránsito de aquellas que fueren trasladadas a través de su territorio como consecuencia de dichos acuerdos, con la excepción de que podrá negarse a autorizar el tránsito:

(a) si la persona condenada fuese uno de sus nacionales;

(b) si la solicitud pudiera vulnerar la soberanía, la seguridad, el orden público o cualquier otro interés esencial del Estado Contratante.

2. El Estado Contratante que tenga intención de realizar dicho traslado deberá notificarlo al otro por anticipado.

ARTÍCULO 15

Gastos

Los gastos ocasionados al aplicarse el presente Convenio correrán a cargo del Estado de cumplimiento, con excepción de los gastos originados exclusivamente en el territorio del Estado de condena.

ARTÍCULO 16

Lenguas

1. La solicitud y la documentación acreditativa con arreglo al artículo 5 irán acompañadas de su traducción al español cuando sea España el Estado de cumplimiento y al inglés cuando lo sea la India.

ARTÍCULO 17

Ámbito de aplicación

El presente Acuerdo será aplicable al cumplimiento de penas impuestas antes o después de la entrada en vigor del mismo.

ARTÍCULO 18

Resolución de controversias

1. Las Autoridades Centrales se esforzarán por resolver de mutuo acuerdo toda controversia que surja de la interpretación, ejecución o aplicación del presente Acuerdo.

2. Si las Autoridades Centrales no pudieran llegar a un acuerdo por sí mismas, se solucionará por conducto diplomático.

ARTÍCULO 19

Entrega de las personas condenadas

La entrega del penado por el Estado de condena al Estado de cumplimiento se efectuará en el lugar en que convengan las Partes. El Estado de cumplimiento será responsable del traslado del condenado al exterior del Estado de condena y también de la custodia de aquél fuera del territorio de dicho Estado.

ARTÍCULO 20

Enmiendas

Todas las enmiendas o modificaciones del presente Acuerdo acordadas por los Estados Contratantes entrarán en vigor de la misma forma que el propio Acuerdo.

ARTÍCULO 21

Disposiciones finales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días de la fecha en que los Estados Contratantes se hayan notificado recíprocamente por escrito el cumplimiento de sus respectivos requisitos para la entrada en vigor del mismo.

2. El Acuerdo permanecerá en vigor por un periodo indefinido. No obstante, cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciarlo mediante notificación, por escrito, al otro Estado contratante. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de dicha notificación.

3. A pesar de la denuncia, el presente Acuerdo continuará siendo de aplicación al cumplimiento de las penas de los condenados que hayan sido trasladados de conformidad con el presente Acuerdo antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Hecho por duplicado en Madrid, el 30 de mayo de 2017, en los idiomas español, hindi e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

Ver documento:

BOE-A-2018-5965

Orden INT/372/2018, de 28 de marzo, por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior.

Departamento:

Ministerio del Interior

Publicación:

BOE nº 88 de 11/04/2018, p. 37483 a 37489 (7 páginas)

 

TEXTO

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) fue creada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, con el objetivo de convertir nuestras Administraciones Públicas en un factor de competitividad de la economía española. Una de las actuaciones más significativas fue la implantación de un nuevo modelo de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, desarrollada con la creación, mediante Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de una nueva figura directiva de alto nivel con competencias transversales para toda la Administración General del Estado y sus organismos públicos: la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con rango de Subsecretaría, en la actualidad denominada Secretaría General de Administración Digital.

De igual manera, en el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos, se definen una serie de órganos colegiados y de unidades que implementarán las políticas de racionalización y transformación de las TIC en el ámbito del sector público administrativo estatal, siendo las Comisiones Ministeriales de Administración Digital los órganos colegiados responsables de implantar, a nivel ministerial, las políticas comunes TIC previamente definidas por los órganos competentes, así como de la transformación digital de cada departamento ministerial y sus organismos públicos adscritos.

Teniendo en cuenta la plena vigencia del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, ha de adecuarse el funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior a la nueva estructura del Departamento establecida por el Real Decreto 770/2017, de 28 de julio.

La regulación general para las Comisiones Ministeriales de Administración Digital que realiza el artículo 7 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, se amplía en el caso del Ministerio del Interior para que quepan en ella los planes de acción que afecten a la consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado y los que manejen información clasificada, así como los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, y los tramitados de conformidad con el artículo 168.a).3.º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, exceptuados del informe de la Secretaría General de Administración Digital en el citado Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.

La composición de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior se adecua mediante esta orden a las competencias comunes a todas las Comisiones Ministeriales de Administración Digital y a sus competencias específicas.

Por todo ello, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, dispongo,

Artículo 1. Objeto y adscripción.

1. La Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior, cuya composición y funciones se regulan por esta orden, es el órgano colegiado responsable del impulso y de la coordinación interna del Departamento y sus organismos públicos en materia de administración digital, actuando asimismo como órgano de enlace con la Secretaría General de Administración Digital y con otros órganos o comisiones especializadas en la materia.

2. La Comisión Ministerial de Administración Digital se adscribe a la Subsecretaría y su ámbito de actuación abarcará a todos los órganos del Ministerio y sus organismos públicos adscritos. Las funciones de apoyo a la Comisión recaerán en la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación de la Subsecretaría.

Artículo 2. Composición.

1. El Pleno de la Comisión Ministerial de Administración Digital tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: El titular de la Subsecretaría del Interior.

b) Vicepresidencia: El titular de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación.

c) Vocalías:

El titular de la Jefatura Central de Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía.

El titular del Mando de Apoyo e Innovación de la Dirección General de la Guardia Civil.

El titular del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El titular de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El titular de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El titular de la Gerencia de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

El titular de la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales de la Dirección General de Política Interior.

El titular de la Secretaría General de la Dirección General de Tráfico.

El titular de la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El titular de la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación de la Secretaría General Técnica.

El Inspector coordinador de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación.

Un representante de la Unidad responsable de información y atención al ciudadano, con rango de Subdirector General o asimilado.

El Subdirector General Adjunto de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación.

d) Un funcionario de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación ejercerá las funciones de Secretaría del Pleno, con voz pero sin voto.

Cada Vocal titular podrá designar como suplente a un funcionario con puesto de trabajo de nivel de complemento de destino 28 o superior dependiente jerárquicamente de aquél.

2. La Comisión Permanente tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: El titular de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación.

b) Vicepresidencia: El titular de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

c) Vocalías:

Un representante de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

Un representante de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil.

Un representante del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Un representante de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

Un representante de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.

Un representante de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Un representante de la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales.

Un representante de la Gerencia de Informática de la Dirección General de Tráfico.

Un representante de la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias.

Un Inspector de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación.

Un representante de la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación.

Un representante de la Unidad responsable de información y atención al ciudadano

Un representante de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación.

d) Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación de la Subsecretaría, designado por el Presidente, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.

Los Vocales de la Comisión Permanente deberán ser funcionarios que estén ocupando un puesto de trabajo con categoría mínima de nivel de complemento de destino 28. Por cada Vocal se nombrará un Vocal suplente, designado por cada Vocal del Pleno, dependiente jerárquicamente y que deberá ser funcionario del subgrupo A1 ocupando preferentemente un puesto de trabajo con categoría mínima de nivel de complemento de destino 28 y en cualquier caso con categoría mínima de nivel de complemento de destino 26.

3. El representante de cada uno de los centros directivos representará y coordinará al resto de Unidades dentro del ámbito de su centro directivo, pudiendo asistir a las reuniones acompañados de expertos en las materias que hayan de tratarse y que actuarán como asesores con voz, pero sin voto.

Artículo 3. Funcionamiento.

1. La Comisión Ministerial de Administración Digital actúa en Pleno y en Comisión Permanente.

2. Tanto el Pleno como la Comisión Permanente se constituirán válidamente, en primera convocatoria, cuando asistan, presencialmente o a distancia, las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría, o quienes les sustituyan, en su caso, y además, la mitad de su número de miembros totales. En segunda convocatoria se seguirá el mismo criterio que para el Pleno, en lo que respecta a Presidencia y Secretaría, pero bastará con la asistencia de cinco Vocales en el caso del Pleno y tres Vocales en el caso de la Comisión Permanente.

3. La Comisión se reunirá en Pleno al menos una vez al año, mediante convocatoria de su Presidente, bien a iniciativa propia, a iniciativa del Vicepresidente, o bien cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros.

4. La Comisión Permanente se reunirá con periodicidad trimestral, si bien la Presidencia de la misma podrá convocarla cuando resulte necesario, y específicamente para informar los asuntos indicados en el artículo 4.2.f).

5. La Comisión Permanente podrá ser presidida por el Presidente del Pleno, cuando a su juicio lo aconseje la importancia de los asuntos a tratar en el orden del día.

6. Como criterio general, las sesiones del Pleno se celebrarán ordinariamente de forma presencial, no obstante lo cual, cuando la índole de los asuntos a tratar lo permita, podrán celebrarse reuniones extraordinarias a distancia, en la forma prevista en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. Como criterio general, las sesiones de la Comisión Permanente serán reuniones a distancia, de carácter no presencial, en la forma prevista en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

8. Para las reuniones a distancia se asegurará la identidad de los miembros o personas que los suplan, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y se utilizarán medios electrónicos como videoconferencia, audioconferencia o herramientas ofimáticas, incluido el correo electrónico. En este caso, se entenderán aprobados los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión si, en el plazo establecido en la convocatoria, no se formulan observaciones o si las observaciones formuladas son aceptadas, por unanimidad, por los miembros de la Comisión.

9. En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal de la persona que ocupa la Presidencia, ejercerá esa función la persona que ocupe la Vicepresidencia y, en su defecto, el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.

10. La Comisión podrá convocar a las reuniones, en función de la relevancia de los asuntos a tratar, a expertos de la Secretaría General de Administración Digital o bien a otros expertos, todos los cuales asistirán con voz pero sin voto.

11. La Comisión Ministerial de Administración Digital se regirá por las normas de funcionamiento interno que pudiera aprobar y, en lo no contemplado en ellas, por las normas previstas para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 4. Funciones.

1. El Pleno de la Comisión Ministerial de Administración Digital desempeñará las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano de relación entre el Ministerio del Interior y sus organismos adscritos, por un lado, y la Secretaría General de Administración Digital, por otro, a fin de asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas por ésta.

b) Impulsar, ejecutar y supervisar, en el ámbito del Departamento, el cumplimiento de las directrices y el seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos aprobada por el Gobierno, a propuesta del Comité de Estrategia TIC.

c) Aprobar el plan de acción del Departamento para la transformación digital, en desarrollo de los criterios establecidos por la Secretaría General de Administración Digital atendiendo a la estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, aprobada por el Consejo de Ministros, de acuerdo al ámbito indicado en el artículo 14 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.

d) Aprobar el plan de acción del Departamento para la transformación digital de los medios específicos, que incluirá los medios y servicios específicos excluidos del ámbito de la Secretaría General de Administración Digital en el artículo 14 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.

e) Impulsar y coordinar la digitalización de los servicios y procedimientos del Departamento con el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los recursos TIC disponibles.

f) Colaborar con la Secretaría General de Administración Digital en la identificación y la puesta a disposición común de los medios humanos, materiales y económicos que estén adscritos al Departamento y que deban ser utilizados para la puesta en funcionamiento o mantenimiento de los medios o servicios compartidos.

g) Aprobar las propuestas de aplicación de nuevos criterios de organización o de funcionamiento, de implantación de nuevos procedimientos o de revisión de los existentes.

2. La Comisión Permanente tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar el plan de acción del Departamento para la transformación digital, en desarrollo de los criterios establecidos por la Secretaría General de Administración Digital atendiendo a la estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, aprobada por el Consejo de Ministros, de acuerdo al ámbito indicado en el artículo 14 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.

b) Elaborar el plan de acción del Departamento para la transformación digital de los medios específicos, que incluirá los medios y servicios específicos excluidos del ámbito de la Secretaría General de Administración Digital en el artículo 14 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.

c) Analizar las necesidades funcionales de las Unidades de gestión del Departamento y sus organismos adscritos y evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por las Unidades TIC, identificando las oportunidades de mejora de eficiencia que pueden aportar las TIC, aplicando soluciones ya desarrolladas en el ámbito del sector público y estimando costes en recursos humanos y materiales que los desarrollos TIC asociados puedan suponer, para la elaboración de los planes de acción del Departamento para la transformación digital, que serán aprobados por el Pleno.

d) Tener conocimiento de todas las propuestas de contratación relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones y recibir información de los órganos gestores acerca de su relación con el Plan de acción del Departamento para la transformación digital antes de su remisión a la Secretaría General de Administración Digital, con la finalidad de hacer efectiva la función prevista en el párrafo anterior, para las contrataciones no excluidas del informe técnico de dicha Secretaría General en el artículo 16.3 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.

e) Apoyar a las Unidades TIC, cuando estas lo requieran, en la valoración del alineamiento de sus expedientes con el plan de acción del Departamento para la transformación digital, de manera previa a la solicitud del informe a la Secretaría General de Administración Digital.

f) Informar técnicamente la Memoria, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de características de las contrataciones de bienes y servicios TIC del Ministerio del Interior comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad, así como con los tramitados de conformidad con el artículo 168.a).3.º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la excepción de los contratos de cuantía menor. El informe se emitirá exclusivamente en la fase de Pliegos, si bien las Unidades deberán remitir mensualmente las adjudicaciones de los contratos realizadas y relación de las contrataciones de cuantía menor a efectos estadísticos y de control de la ejecución.

g) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general, convenios, acuerdos de colaboración, instrucciones y circulares del Departamento, elaborando un informe sobre la oportunidad de la medida, los costes, la necesidad de recursos humanos y tiempos de desarrollo que se puedan derivar de la aprobación del proyecto, desde la perspectiva de la utilización de medios y servicios TIC, salvo los relacionados con la organización de los procesos electorales y de consulta política, excluidos en el artículo 14.2, párrafo tercero, del Real Decreto 806/2014 de 19 de septiembre. Este informe será remitido a la Secretaría General de Administración Digital, para su conocimiento y valoración.

h) Elaborar con periodicidad anual un informe de avance del plan de acción para la transformación digital, que recoja el estado de las actuaciones previstas y las contrataciones efectuadas, para su presentación al Pleno.

i) Mantener actualizado un inventario de servicios o recursos de sistemas de información y comunicaciones para la elaboración y traslado al Pleno de propuestas de declaración de servicios o recursos de uso compartido en el ámbito de la Administración General del Estado.

j) Elaborar, para su aprobación por el Pleno, las instrucciones o directrices de organización o de funcionamiento que sean necesarias para la digitalización de los servicios y procedimientos del Departamento con el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, y mejorar su calidad y facilidad de uso.

k) Coordinar la recogida, agregación e incorporación de la información requerida por la Secretaría General de Administración Digital y velar por la exactitud e integridad de los datos correspondientes al Departamento.

l) Cualquier asunto que le sea delegado expresamente por el Pleno.

3. Para la elaboración del plan de acción del Departamento para la transformación digital y demás funciones que por su naturaleza así lo requieran, la Comisión se coordinará con la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos dependiente de la Secretaría General Técnica.

Artículo 5. Grupos de trabajo.

1. En el seno de la Comisión Permanente podrán crearse grupos de trabajo específicos, permanentes o no, cuya función sea la de apoyar a la Comisión en el ejercicio de sus funciones. Los grupos de trabajo tendrán la composición que, en cada caso, determine la Comisión Permanente. En el acuerdo de creación de cada grupo de trabajo se incluirán las facultades, reglas de funcionamiento, composición y vigencia temporal.

2. Los grupos de trabajo se crearán y actuarán bajo la superior dirección del Presidente de la Comisión Permanente, siendo éste debidamente apoyado por los especialistas de los centros directivos del Departamento en las áreas específicas que se traten en cada grupo de trabajo.

Artículo 6. Petición de información.

La Comisión Ministerial de Administración Digital, para el ejercicio de sus funciones, podrá recabar cuanta información estime precisa de todas las Unidades y organismos públicos del Ministerio, que vendrán obligados a facilitarla, de acuerdo con la legislación vigente.

Disposición adicional primera. Instrucciones de ejecución.

La Subsecretaría del Departamento podrá dictar las instrucciones necesarias para el mejor cumplimiento de esta orden.

Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.

El funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital no supondrá incremento de gasto público y será atendida con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio del Interior.

Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.

Quedan sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta orden y, en particular, la Orden INT/698/2015, de 17 de abril, por la que se crea y regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de marzo de 2018.–El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Ver documento:

BOE-A-2018-4912

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al Consejo General de la Abogacía española en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2018.

Departamento:

Ministerio de Justicia

Publicación:

BOE nº 88 de 11/04/2018, p. 37536 a 37539 (4 páginas)

TEXTO

Con fecha de 13 de marzo se ha publicado en «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2018.

Instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General de la Abogacía Española cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no es deudora por procedimiento de reintegro, esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, resuelve:

Primero.

Conceder al Consejo General de la Abogacía Española una subvención directa por importe de 33.894,67 miles de euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.483 del presupuestos de gastos del Ministerio de Justicia, para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.

Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Segundo.

La subvención concedida tiene por objeto:

1. Indemnizar las actuaciones profesionales que realicen los abogados descritas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2. Sufragar el coste que genere al Consejo General de la Abogacía Española el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.

3. Sufragar los gastos devengados por la tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.

Tercero.

No se requiere la constitución de ninguna garantía.

Cuarto.

El Consejo General de la Abogacía Española deberá destinar la cantidad subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:

a. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:

– El asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.

– Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiera designado abogado.

– Defensa gratuita por abogado en el procedimiento judicial, cuando la intervención del abogado sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

b. De conformidad con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su reglamento de desarrollo, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:

– La puesta en funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos.

– La tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo establecido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su normativa de desarrollo.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, el pago de la subvención se efectuará con periodicidad mensual, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda, números 1 y 4, del Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, para el pago del último trimestre de 2018.

Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada mensualidad, el Consejo General de la Abogacía Española remitirá al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.

En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los números siguientes.

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto por la disposición transitoria primera, número 1, del Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, con respecto a la justificación de la actividad realizada en los meses completos de 2018 anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto antes citado, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación.

Sexto.

1. El Consejo General de la Abogacía deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.

c) Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante el Consejo General de la Abogacía española, así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento.

d) Remitir al Ministerio de Justicia, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada mes, una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.

e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.

f) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.

Séptimo.

El Consejo General de la Abogacía, dentro de los cuatro primeros meses tras la finalización de la ejecución, justificará ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio y presentará una memoria y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.

La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de la Abogacía Española a dichos colegios.

Octavo.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

Noveno.

Esta resolución podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión y, particularmente, en el supuesto de variación de las cuantías inicialmente presupuestadas en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular de la Secretaría de Estado de Justicia y deberá ser motivada.

Décimo.

Atribuir a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la gestión de la subvención que se concede por la presente resolución.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 6 de abril de 2018.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.

 

Ver documento:

BOE-A-2018-4928

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2018.

Departamento:

Ministerio de Justicia

Publicación:

BOE nº 88 de 11/04/2018, p. 37540 a 37543 (4 páginas)

TEXTO

Con fecha de 13 de marzo se ha publicado en «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2018.

Instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General de los Procuradores de España cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no es deudora por procedimiento de reintegro, esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, resuelve:

Primero.

Conceder al Consejo General de los Procuradores de España una subvención directa por importe de 2.796,86 miles de euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.484 del presupuestos de gastos del Ministerio de Justicia, para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.

Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Segundo.

La subvención concedida tiene por objeto:

1. Indemnizar las actuaciones profesionales que realicen los procuradores de los tribunales descritas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2. Sufragar el coste que genere al Consejo General de los Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Tercero.

No se requiere la constitución de ninguna garantía.

Cuarto.

El Consejo General de los Procuradores de España deberá destinar la cantidad subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:

a. De conformidad con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:

– La representación técnica en los procesos a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al procurador de los Tribunales los aranceles devengados por su intervención.

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la representación técnica gratuita comprenderá todos los procesos y procedimientos administrativos que se deriven de la violencia padecida.

– Representación gratuita en el procedimiento judicial, cuando la intervención del procurador de los Tribunales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

b. De conformidad con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su reglamento de desarrollo, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:

– La puesta en funcionamiento operativo de los servicios de representación gratuita.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, el pago de la subvención se efectuará con periodicidad mensual, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda, números 1 y 4, del Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, para el pago del último trimestre de 2018.

Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada mensualidad, el Consejo General de los Procuradores de España remitirá al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.

En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los números siguientes.

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto por la disposición transitoria primera, número 1, del Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, con respecto a la justificación de la actividad realizada en los meses completos de 2018 anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto antes citado, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación.

Sexto.

1. El Consejo General de los Procuradores de España deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.

c) Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante el Consejo General de los Procuradores de España, así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento.

d) Remitir al Ministerio de Justicia, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada mes, una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.

e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.

f) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.

Séptimo.

El Consejo General de los Procuradores de España, dentro de los cuatro primeros meses tras la finalización de la ejecución, justificará ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio y presentará una memoria y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.

La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún Colegio de Procuradores, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de los Procuradores de España a dichos colegios.

Octavo.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos artículo 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

Noveno.

Esta resolución podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión y, particularmente, en el supuesto de variación de las cuantías inicialmente presupuestadas en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular de la Secretaría de Estado de Justicia y deberá ser motivada.

Décimo.

Atribuir a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la gestión de la subvención que se concede por la presente resolución.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de abril de 2018.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.

Ver documento:

BOE-A-2018-4929

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5462-2017, contra determinados preceptos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears.

Departamento:

Tribunal Constitucional

Publicación:

BOE nº 75 de 27/03/2018, p. 32993 a 32993 (1 página)

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 22 de marzo actual, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5462-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el art. 1.2, el inciso del art. 4 relativo a la ubicación de la ganadería suministradora de los toros, los apartados 1, 2, 6 y 7 del art. 5, los arts. 6, 7, 8, 9 y 15.3 b) de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, ha acordado: «Levantar la suspensión de los preceptos impugnados.». Suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 294, de 4 de diciembre de 2017.

Madrid, 22 de marzo de 2018.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Ver documento:

BOE-A-2018-4240

Orden HFP/326/2018, de 20 de marzo, sobre uso del sistema de código seguro de verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego

Departamento:

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Publicación:

BOE nº 76 de 28/03/2018, p. 33881 a 33885 (5 páginas)

TEXTO

Mediante la Orden HAP/2424/2013, de 20 de diciembre, sobre el uso del sistema de código seguro de verificación por la dirección general de ordenación del juego, se reguló el uso del código seguro de verificación (csv) a través de sistemas de información de su ámbito de competencias. Esta orden ministerial se dictó de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Real Decreto 1671/2009, de 4 de noviembre, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007.

A través de la citada orden ministerial, se establecía el sistema csv como sistema de firma electrónica de la dirección general de ordenación del juego y del personal a su servicio, como sistema para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, así como sistema de catalogación de los documentos electrónicos que se incorporen al sistema de información constituido a tal efecto por la dirección general de ordenación del juego.

En el ámbito de las disposiciones que resultan de aplicación a la actuación, en el artículo 27, apartado 3 c), de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se establece que las copias realizadas en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que las mismas contengan un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano emisor para tener la consideración de copias auténticas.

En el ámbito de los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, prevé la posibilidad de utilización de un csv.

A su vez, el artículo 43 de la citada Ley 40/2015, contempla la firma electrónica del personal al servicio de las administraciones públicas. En este sentido, según el vigente artículo 21 del mencionado Real Decreto 1671/2009, de 4 de noviembre, la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, podrán utilizar sistemas de csv como sistema de firma electrónica.

Así mismo, en el apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto 1671/2009, de 4 de noviembre, establece que la aplicación de un sistema de csv requerirá una orden del ministro competente o resolución del titular del organismo público, estableciendo el contenido mínimo de la misma, así como los requisitos básicos a cumplir por este tipo de sistemas.

Transcurridos varios años desde la publicación de la mencionada orden HAP/2424/2013, de 20 de diciembre, se ha detectado la necesidad de ampliar el uso potencial del sistema de csv a todas las actuaciones administrativas automatizadas de la Dirección General de Ordenación del Juego, con la finalidad de mejorar el servicio prestado a los ciudadanos, así como de ampliar, en cumplimiento del nuevo marco normativo vigente, la utilización del sistema de CSV como sistema de firma electrónica a las personas titulares de los órganos del ministerio de hacienda y función pública, que tengan atribuidas competencias en virtud de lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, o en su normativa de desarrollo.

En su virtud, previo informe de la Comisión Ministerial de Administración Digital del departamento y de la comisión de estrategia tic, dispongo:

Ver documento:

BOE-A-2018-4352