Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

11/12/2017

Departamento:

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Publicación:

BOE nº 296 de 06/12/2017, p. 120572 a 120578 (7 páginas)

TEXTO

El artículo segundo.9 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, incluye la definición de «residuo radiactivo» en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica.

De acuerdo con la vigente definición legal, el concepto de residuo radiactivo ha de quedar fijado por la superación en los materiales residuales de determinados niveles de contaminación radiactiva que corresponde establecer al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Se denomina «desclasificación» al proceso mediante el que determinados materiales residuales con contenido radiactivo, generados en prácticas controladas, pueden ser gestionados como residuos convencionales sin necesidad de un posterior control radiológico.

Hasta ahora, las autorizaciones para la desclasificación de materiales residuales con contenido radiactivo se otorgaban caso por caso por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de acuerdo con las directrices técnicas de la Comisión Europea (fijadas en el documento Radiation Protection 122 Part 1: Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption, 2000).

Sin embargo, los niveles de desclasificación contemplados en la citada publicación técnica de la Comisión Europea han pasado a ser sustituidos por los que se establecen en el anexo VII de la Directiva 2013/59 Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. Entre otros aspectos, esta Directiva regula la desclasificación de los materiales residuales y señala los criterios radiológicos que deberán gobernar el proceso de autorización para que los materiales puedan gestionarse por las vías convencionales de eliminación, reciclado o reutilización.

Los niveles de desclasificación, según establece en su artículo 30.2 a) y b) la mencionada Directiva 2013/59/Euratom, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, no superarán los valores que figuran en su anexo VII, tabla A, respecto de los materiales sólidos o serán niveles de desclasificación específicos establecidos por la autoridad nacional competente siguiendo los criterios básicos que en la mencionada Directiva se determinan y teniendo en cuenta las orientaciones de tipo técnico que disponga la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Por su parte, el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, en su artículo 76 y en su anexo I, liga los procesos de eliminación, reciclado y reutilización de los materiales residuales a la definición legal de residuo radiactivo.

Mediante esta orden se traspone parcialmente al Derecho español la citada Directiva 2013/59/Euratom, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, en lo relativo a la desclasificación de los materiales residuales sólidos generados en instalaciones nucleares. Se sustituye de este modo el anterior sistema de autorización administrativa caso por caso por un modelo en el que se permite a los propios titulares de las instalaciones llevar a cabo la desclasificación de los materiales residuales, atendiendo a los niveles establecidos en el anexo I de la presente orden.

Con base en lo anterior, la elaboración de esta orden se inició a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

La presente norma, que se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 25.ª del artículo 149.1. de la Constitución, que reconoce al Estado la competencia sobre las bases del régimen energético, tiene por objeto establecer los criterios necesarios para una adecuada gestión de los materiales residuales sólidos procedentes de las instalaciones nucleares en operación o en desmantelamiento que, por su baja contaminación radiactiva, pueden ser gestionados por vías convencionales. La orden tiene manifiesto contenido técnico y carácter básico a los efectos de la distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.

En la tramitación de esta orden se ha sometido su proyecto al trámite de audiencia previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y al trámite de participación pública en materia de medio ambiente establecido por el artículo 18.1.h) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Asimismo, se ha recabado el preceptivo informe del Consejo de Asesor de Medio Ambiente. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), esta orden, en fase de proyecto, ha sido comunicada a la Comisión Europea.

En su virtud, conforme a la propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Ver documento:

BOE-A-2017-14362

Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

11/12/2017

Departamento:

Banco de España

Publicación:

BOE nº 296 de 06/12/2017, p. 119454 a 120041 (588 páginas)

TEXTO

ÍNDICE

Título preliminar. Disposiciones generales.

Norma 1. Ámbito de aplicación y objeto.

Título I. Información financiera pública.

Capítulo primero. Contenido de las cuentas anuales.

Norma 2. Cuentas anuales individuales.

Norma 3. Cuentas anuales consolidadas.

Norma 4. Otra información financiera pública individual.

Norma 5. Otra información financiera pública consolidada.

Norma 6. Contenido de las cuentas anuales.

Norma 7. Características de la información.

Norma 8. Elementos de las cuentas anuales.

Norma 9. Hechos posteriores a la fecha de balance.

Capítulo segundo. Criterios de reconocimiento y valoración.

Sección primera. Criterios generales.

Norma 10. Hipótesis fundamental.

Norma 11. Criterios generales de reconocimiento.

Norma 12. Definiciones de los criterios de valoración.

Norma 13. Otras definiciones relacionadas con la valoración.

Norma 14. Consideraciones respecto del valor razonable.

Norma 15. Reconocimiento de ingresos.

Norma 16. Operaciones en moneda extranjera.

Norma 17. Selección y cambio de criterios contables.

Norma 18. Corrección de errores y cambios en las estimaciones contables.

Sección segunda. Instrumentos financieros y otras exposiciones crediticias.

Norma 19. Definición de los instrumentos financieros.

Norma 20. Compensación de saldos.

Norma 21. Emisión de instrumentos financieros.

Norma 22. Reconocimiento, clasificación y valoración de los instrumentos financieros.

Norma 23. Baja del balance de los activos financieros.

Norma 24. Baja del balance de los pasivos financieros.

Norma 25. Compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos.

Sección tercera. Activos no financieros.

Norma 26. Activos de uso propio e inversiones inmobiliarias.

Norma 27. Existencias.

Norma 28. Activos intangibles.

Sección cuarta. Deterioro de valor.

Norma 29. Deterioro de valor de activos financieros y otras exposiciones crediticias.

Norma 30. Deterioro de valor de otros activos.

Sección quinta. Coberturas contables.

Norma 31. Coberturas contables.

Norma 32. Cobertura del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros.

Sección sexta. Otros criterios.

Norma 33. Arrendamientos.

Norma 34. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones en interrupción.

Norma 35. Retribuciones a los empleados.

Norma 36. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio neto.

Norma 37. Otras provisiones y contingencias.

Norma 38. Comisiones.

Norma 39. Permutas de activos.

Norma 40. Contratos de seguro.

Norma 41. Fondos y obra social.

Norma 42. Impuesto sobre beneficios.

Capítulo tercero. Combinación de negocios y consolidación.

Sección primera. Control y combinación de negocios.

Norma 43. Control.

Norma 44. Combinaciones de negocios.

Norma 45. Acuerdos conjuntos.

Sección segunda. Sucursales.

Norma 46. Integración de sucursales.

Sección tercera. Consolidación.

Norma 47. Criterios generales de consolidación.

Norma 48. Método de integración global.

Norma 49. Método de la participación.

Norma 50. Negocios en el extranjero.

Norma 51. Negocios en economías con altas tasas de inflación.

Capítulo cuarto. Contenido de los estados financieros.

Sección primera. Balance.

Norma 52. Activo.

Norma 53. Pasivo.

Norma 54. Patrimonio neto.

Sección segunda. Cuenta de pérdidas y ganancias.

Norma 55. Cuenta de pérdidas y ganancias.

Sección tercera. Estado de cambios en el patrimonio neto.

Norma 56. Estado de ingresos y gastos reconocidos.

Norma 57. Estado total de cambios en el patrimonio neto.

Sección cuarta. Estado de flujos de efectivo.

Norma 58. Estado de flujos de efectivo.

Sección quinta. Memoria.

Norma 59. Criterios de elaboración de la memoria.

Norma 60. Memoria de las cuentas anuales individuales.

Norma 61. Memoria de las cuentas anuales consolidadas.

Norma 62. Partes vinculadas.

Título II. Información financiera reservada.

Capítulo primero. Estados financieros reservados.

Norma 63. Estados financieros reservados.

Capítulo segundo. Criterios de elaboración.

Norma 64. Criterios de reconocimiento, valoración y presentación.

Norma 65. Exposiciones fuera de balance e informaciones complementarias.

Norma 66. Sectorización de saldos personales según titulares.

Capítulo tercero. Estados reservados que se deben remitir al Banco de España.

Norma 67. Estados individuales reservados.

Norma 68. Estados consolidados reservados.

Norma 69. Estados reservados relativos a los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria.

Título III. Desarrollo contable interno.

Norma 70. Desarrollo contable interno y control de gestión.

Norma 71. Registro de avales, apoderamientos y procedimientos.

Título IV. Presentación de información financiera en el Banco de España.

Norma 72. Presentación de estados y otra información en el Banco de España.

Disposición adicional única. Indicaciones y correlaciones.

Disposición transitoria primera. Aplicación por primera vez de esta circular a las cuentas anuales.

Disposición transitoria segunda. Aplicación por primera vez de esta circular a otros estados financieros públicos.

Disposición transitoria tercera. Envío de estados al Banco de España durante el año 2018.

Disposición derogatoria. Derogación de normativa.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Anejo 1. Estados individuales públicos.

Anejo 2. Información de las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras cuya sede se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

Anejo 3. Estados consolidados públicos.

Anejo 4. Estados individuales reservados.

Anejo 5. Estados consolidados reservados.

Anejo 6. Estados reservados relativos a los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria.

Anejo 7. Esquemas de sectorización.

Anejo 7.1 Sectorización mínima en la base de datos.

Anejo 7.2 Sectorización en los estados reservados y públicos.

Anejo 7.3 Sectorización en los estados de requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria.

Anejo 8. Registros contables especiales.

Anejo 8.1 Registros contables especiales de la actividad hipotecaria.

Anejo 8.2 Registro contable especial de las cédulas y bonos de internacionalización a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 579/2014, de 4 de julio.

Anejo 8.3 Registro contable especial de los préstamos afectos a las cédulas territoriales a que se refiere la disposición adicional única del Real Decreto 579/2014, de 4 de julio.

Anejo 9. Análisis y cobertura del riesgo de crédito.

Ver documento:

BOE-A-2017-14334

Orden ESS/1169/2017, de 28 de noviembre, por la que se establecen las instrucciones necesarias para la participación de las personas trabajadoras en las elecciones al Parlamento de Cataluña del día 21 de diciembre de 2017.

1/12/2017

Departamento:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Publicación:

BOE nº 292 de 01/12/2017, p. 116673 a 116675 (3 páginas)

TEXTO

Vista la convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña a celebrar el jueves día 21 de diciembre de 2017, de acuerdo con el Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución, publicado en el BOE n.º 261, de 28.10.2017;

Visto el Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2017 (BOE n.º 261, de 28.10.2017);

Visto lo que dispone el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales (BOE n.º 92, de 17.4.1999), y a los efectos del artículo 37.3.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE n.º 255, de 24.10.2015), y de los artículos 28.1, 72, 76.4 y 78.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm.147, de 20.06.1985);

Visto lo que disponen el Estatuto de Autonomía de Cataluña; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña; y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña;

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución (BOE n.º 261, de 28.10.2017), de acuerdo con la Delegación del Gobierno, el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña y el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña, y en virtud de las atribuciones que me son conferidas, dispongo:

Artículo 1. Permiso a las personas trabajadoras que el día de las elecciones sea coincidente con su jornada laboral.

1.1 El jueves día 21 de diciembre de 2017 las empresas tienen que conceder a las personas trabajadoras que tengan la condición de electores un permiso de como máximo cuatro horas dentro de la jornada laboral que les corresponda, para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones al Parlamento de Cataluña.

1.2 El permiso mencionado tiene carácter de no recuperable y se retribuye con el salario que correspondería a la persona trabajadora si hubiera prestado sus servicios normalmente.

1.3 No hay que conceder el permiso mencionado a las personas trabajadoras que realicen una jornada que coincida parcialmente con el horario de los colegios electorales si la coincidencia es como máximo de dos horas. Si es de más de dos horas y menos de cuatro, se concederá un permiso de dos horas, y si esta coincidencia es de cuatro o más horas, se tiene que conceder el permiso general de cuatro horas.

1.4 Se tiene que reducir proporcionalmente la duración del permiso mencionado a las personas trabajadoras que el día de la votación hagan una jornada inferior a la habitual, legal o convenida.

1.5 Las personas trabajadoras que tengan una jornada cuyo horario no coincida ni totalmente ni parcialmente con el de los colegios electorales, no tienen derecho a ningún permiso.

Artículo 2. Determinación del momento de utilización de las horas.

La determinación del momento de utilización de las horas concedidas para la votación, que tiene que coincidir con el horario establecido por el colegio electoral, es potestad del empresario o empresaria.

Artículo 3. Justificantes de votación.

A efectos del abono del salario del tiempo utilizado para votar, los empresarios o las empresarias tienen derecho a solicitar a sus personas trabajadoras la exhibición del justificante acreditativo de haber votado, expedido por la mesa electoral correspondiente.

Artículo 4. Permiso de los miembros de mesa electoral o de interventores que el día de las elecciones sea coincidente con su jornada laboral.

4.1 A las personas trabajadoras que acrediten la condición de miembros de mesa electoral o de interventores se les ha de conceder el permiso correspondiente a la jornada completa del día 21 de diciembre de 2017 y, además, un permiso correspondiente a las cinco primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente posterior.

4.2 Estos permisos, de carácter no recuperable, deben retribuirse por la empresa una vez justificada la actuación como miembro de mesa o interventor.

Artículo 5. Permiso de los miembros de mesa electoral o de interventores que el día de las elecciones disfrutan del descanso semanal.

El permiso de las cinco primeras horas que establece el artículo anterior se hace extensivo a todas las personas trabajadoras que disfruten del descanso semanal el día de la votación y que acrediten su condición de miembro de mesa o interventor, en las mismas condiciones que establece el artículo 4.

Artículo 6. Permiso de los apoderados que el día de las elecciones sea coincidente con su jornada laboral.

Las empresas tienen que conceder un permiso retribuido durante la jornada completa del jueves 21 de diciembre de 2017 y de carácter no recuperable a las personas trabajadoras que acrediten la condición de apoderados

Artículo 7. Posibilidad de cambio de turno.

Si alguna de las personas trabajadoras incluidas en los artículos 4, 5 y 6 de esta Orden tuviera que trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, el empresario o la empresaria, a petición de la persona interesada, tiene que cambiarle el turno a fin de que pueda descansar la noche anterior a las elecciones.

Artículo 8. Cálculo del salario de las personas trabajadoras con derecho al permiso.

Si el salario a percibir por las personas trabajadoras con derecho al permiso retribuido y no recuperable está constituido en parte por una prima o incentivo, la parte mencionada se tiene que calcular de acuerdo con la media percibida por las personas trabajadoras por el concepto mencionado en los seis meses trabajados inmediatamente anteriores.

Artículo 9. Permiso para formular la solicitud de certificación para ejercer el voto por correo.

9.1 Se tiene que conceder un permiso, retribuido y de carácter no recuperable, de como máximo cuatro horas libres dentro de la jornada laboral que les corresponda, a las personas trabajadoras que realicen funciones lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer el derecho de sufragio el día 21 de diciembre de 2017, para que puedan formular personalmente la solicitud de certificación necesaria para poder emitir su voto por correo.

9.2 Este permiso se podrá disfrutar desde la fecha de la convocatoria hasta el día 11 de diciembre de 2017. En este caso es de aplicación lo dispuesto en los artículos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3 y 7 de esta Orden, y se entienden sustituidas todas las referencias a los colegios electorales o mesas electorales por las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Artículo 10. Personal al servicio de la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña, el personal que presta servicios en la Administración de la Generalitat, en las administraciones locales de Cataluña y en sus organismos autónomos, o en la Administración General del Estado, en régimen administrativo, estatutario o laboral, tiene derecho a los mismos permisos retribuidos en circunstancias idénticas a las mencionadas en los artículos anteriores.

Disposición final. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en los diarios oficiales que corresponda.

Madrid, 28 de noviembre de 2017.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García.

Ver documento:

BOE-A-2017-13984

 

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

01/12/2017

Departamento:

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Publicación:

BOE nº 292 de 01/12/2017, p. 117179 a 117179 (1 página)

TEXTO

Advertidos errores en la Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital («Boletín Oficial del Estado» núm. 282, de 20 de noviembre de 2017), se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la base sexta, Presupuesto subvencionable y determinación de la ayuda, página número 111635, donde dice:

«7. Los recursos de las convocatorias están limitados por cada Comunidad Autónoma, por lo que el presupuesto de ayuda estará regionalizado tal y como se establezca en la convocatoria. Asimismo, se subvencionará como máximo una OTD por sector, según la clasificación de Grupos CNAE establecida en la base tercera y Comunidad Autónoma.»

Debe decir:

«7. Los recursos de las convocatorias están limitados por cada Comunidad Autónoma, por lo que el presupuesto de ayuda estará regionalizado tal y como se establezca en la convocatoria. Asimismo, se subvencionará como máximo una OTD por sector, según la clasificación de Grupos CNAE establecida en la base tercera y Comunidad Autónoma. Las asociaciones o colegios solicitantes solo podrán elegir como sector al que dirigir sus actuaciones aquel en el que esté clasificada la actividad profesional a la que esté dedicada la asociación o colegio.»

Madrid, 28 de noviembre de 2017.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, José Manuel Leceta García.

 

Ver documento:

BOE-A-2017-14094

Extracto de la Orden de 15 de noviembre de 2017 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2017

24/11/2017

Departamento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Publicación:

BOE nº 285 de 23/11/2017, p. 85280 a 85280 (1 página)

TEXTO

BDNS (Identif.): 371040

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan desarrollando una actividad industrial productiva durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de plazo de solicitud, y que cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Orden EIC/742/2017, de 28 de julio.

Segundo. Objeto.

Desarrollo de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, enmarcados en las Áreas Estratégicas de la Industria Conectada 4.0 y tendentes al cumplimiento de los objetivos de la misma.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden EIC/742/2017, de 28 de julio, publicada en el BOE de 2 de agosto de 2017.

Cuarto. Importe de financiación convocado.

La financiación que se conceda a consecuencia de las solicitudes presentadas de acuerdo con la convocatoria, tendrá una cuantía total máxima de 70.000.000 de euros.

Quinto. Características de los préstamos a conceder

Préstamos rembolsables de hasta el 80% de la inversión financiable con un plazo de amortización total de 10 años y 3 años de carencia.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 15 de noviembre de 2017.- El Ministro de Economía, Industria, y competitividad, por delegación (Orden EIC/1828/2016, de 29 de noviembre), la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto Blasco.

Ver documento:

BOE-B-2017-68771

 

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.

24/11/2017

Departamento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Publicación:

BOE nº 284 de 22/11/2017, p. 113247 a 113248 (2 páginas)

 

TEXTO

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece que la creación, modificación y supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

En el mismo sentido, el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone que la creación de los ficheros de titularidad pública sólo podrá llevarse a cabo por medio de disposición general o acuerdo publicados en el Boletín Oficial de Estado o diario oficial correspondiente, previendo el artículo 53 del citado Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que «cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración General del Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas, deberá revestir la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo correspondiente».

Siendo el Instituto Nacional de Estadística un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha de entenderse que el alta de los ficheros de datos de carácter personal podrá realizarse mediante resolución del Presidente del INE.

En su virtud, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, así como en los artículos 52 y 54 de su Reglamento de desarrollo, en lo que se refiere a la creación, modificación y supresión de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, y previo informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, resuelvo:

Primero. Objeto.

El objeto de esta resolución es la creación y modificación de ficheros de datos de carácter personal en el Instituto Nacional de Estadística.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta resolución es de aplicación a los ficheros de datos de carácter personal existentes en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística.

Tercero. Creación y modificación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan en el Anexo de la presente resolución.

Cuarto. Medidas de gestión y organización.

Los titulares de los órganos responsables de cada fichero de datos de carácter personal adoptarán las medidas de gestión y organización que sean necesarias para asegurar las confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en sus normas de desarrollo.

Disposición final única. Eficacia.

Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de noviembre de 2017.–El Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Gregorio Izquierdo Llanes.

ANEXO

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Ver documento:

BOE-A-2017-13468

Pleno. Auto 142/2017, de 31 de octubre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5241-2017. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5241-2017, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente al acuerdo del pleno del Senado por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno de España al amparo del artículo 155 de la Constitución.

17/11/2017

Departamento:

Tribunal Constitucional

Publicación:

BOE nº 278 de 16/11/2017, p. 110756 a 110757 (2 páginas)

 

TEXTO

ECLI: ES:TC:2017:142A

Excmos. Srs.: don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y doña María Luisa Balaguer Callejón.

AUTO

I. Antecedentes

1. El 27 de octubre de 2017, a las 14:23, tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los abogados de la Generalitat de Cataluña, en representación del Gobierno de la Generalitat, contra «el acuerdo aprobado por el Pleno del Senado en su sesión de hoy 20 de octubre de 2017 [sic] mediante el que se autoriza al Gobierno del Estado la aplicación a la Generalitat de Cataluña de medidas al amparo de lo previsto en el artículo 155 CE». Se afirma en la demanda que dicho acuerdo vulnera la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se aduce, con apoyo en la doctrina sentada en los AATC 114/1991 y 7/2012 y la STC 83/2016, que el proceso constitucional adecuado para impugnar ese acuerdo es el recurso de inconstitucionalidad, por tratarse de un acto con fuerza de ley. Se solicita que se declare la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de dicho acuerdo. Por otrosí se interesa la suspensión cautelar del acuerdo mientras se tramita el recurso o, de no accederse a esto, que se resuelva el recurso en el menor plazo posible.

Cumple advertir que, por error material, la demanda se refiere en su encabezamiento y suplico al acuerdo del Pleno del Senado de «hoy 20 de octubre de 2017»; como es obvio, se trata del acuerdo de 27 de octubre de 2017, y así lo precisa el propio recurso en su página 6: «el acto objeto de recurso es el acuerdo adoptado por el Senado el día 27 de octubre de 2017».

2. A las 16:00 del 27 de octubre de 2017, el Pleno del Senado aprobó autorizar las medidas requeridas por el Gobierno de España, al amparo del artículo 155 CE, en los términos que constan en ese acuerdo de la Cámara, publicado por resolución de la Presidencia del Senado de 27 de octubre de 2017 esa misma tarde en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 260, de 27 de octubre de 2017. En el mismo número del «Boletín Oficial del Estado» se publica, por Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo155 CE, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general.

II. Fundamentos jurídicos

Único. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), «el recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá promoverse a partir de su publicación oficial», y el artículo 33.1 LOTC reitera que el «recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado». Se trata de un plazo de caducidad que empieza a contar desde el día siguiente al de la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado en el diario oficial correspondiente (SSTC 148/1991, de 4 de julio, FJ 2; 48/2003, de 12 de marzo, FJ 2, y 108/2004, de 30 de junio, FJ 2). Sin embargo, en el presente caso ocurre que el recurso de inconstitucionalidad se ha interpuesto cuando no existía siquiera en el ordenamiento jurídico el acto con fuerza de ley del Senado que se pretende recurrir.

No es cierta la afirmación del antecedente quinto del recurso de que «conforme a lo establecido en el art. 33.1 LOTC, el presente recurso se presenta dentro del plazo legal desde la aprobación del acuerdo impugnado». En realidad el recurso se ha interpuesto no ya antes de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo del Pleno del Senado que se pretende impugnar, como exigen los artículos 31 y 33.1 LOTC, sino incluso antes de que este acuerdo fuese aprobado por la Cámara. Cuando se interpone el recurso de inconstitucionalidad por los representantes del Gobierno de la Generalitat, a las 14:23 horas del 27 de octubre de 2017, no existía siquiera el acto con fuerza de ley que se pretende recurrir. Que dicho acuerdo haya sido aprobado finalmente por el Pleno del Senado y publicado después de la interposición del recurso no cambia la conclusión: en el momento de la interposición ese acuerdo no existía. Al menos en hipótesis, podría no haber llegado a existir si el Pleno no lo hubiera aprobado o lo hubiera aprobado con unas medidas distintas a las que se dan por supuestas en el recurso; como efectivamente ha sucedido en algunos puntos.

Por todo lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Inadmitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Publíquese esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Madrid, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.

Ver documento:

BOE-A-2017-13229

 

Pleno. Auto 144/2017, de 8 de noviembre de 2017. Recursos de inconstitucionalidad 4334-2017 y 4386-2017. Estima los incidentes de ejecución promovidos por el Presidente del Gobierno en relación con las resoluciones dictadas por el pleno del Parlamento de Cataluña, en sesión de 27 de octubre de 2017, denominadas “Declaración de los representantes de Cataluña” y “Proceso constituyente”.

17/11/2017

Departamento:

Tribunal Constitucional

Publicación:

BOE nº 278 de 16/11/2017, p. 110758 a 110775 (18 páginas)

 

TEXTO

ECLI:ES:TC:2017:144A.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y doña María Luisa Balaguer Callejón.

AUTO

I. Antecedentes

1. El recurso de inconstitucionalidad núm. 4334-2017, interpuesto por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación», fue estimado por este Tribunal en la STC 114/2017, de 17 de octubre («Boletín Oficial del Estado» núm. 256, de 24 de octubre de 2017), que declaró dicha Ley inconstitucional y en consecuencia nula.

2. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de septiembre de 2017, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4386-2017, interpuesto por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República». En la providencia se tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso (11 de septiembre de 2017) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para terceros (publicación que tuvo lugar en el número 221, de 13 de septiembre de 2017).

3. Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de octubre de 2017, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno y del Gobierno de la Nación y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3 y 4 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 114/2017, de 17 de octubre, y de la providencia de 12 de septiembre de 2017, por la que se admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4386-2017, interpuesto contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, respecto de las resoluciones del pleno del Parlamento de Cataluña aprobadas en su sesión de 27 de octubre de 2017, denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente». En la misma fecha la Abogacía del Estado presentó una rectificación referida al tercer otrosí y suplico del escrito de formulación del incidente.

Al escrito se acompañan, entre otros documentos, el acuerdo del Presidente del Gobierno de 27 de octubre de 2017 por el que se instruye a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional para interponer incidente de ejecución respecto de los mencionados actos parlamentarios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92 LOTC, para asegurar el cumplimiento efectivo de la STC 114/2017, de 17 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación», y de la providencia de 12 de septiembre de 2017, de admisión del recurso de inconstitucionalidad núm. 4386-2017, interpuesto contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república». Todo ello con los restantes pedimentos que se contienen en dicho acuerdo y que reproduce el escrito por el que se formula el presente incidente de ejecución.

4. El Abogado del Estado solicita en este incidente de ejecución que se declaren nulas y sin efecto jurídico alguno las resoluciones aprobadas por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 27 de octubre de 2017, denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente», por contravenir lo ordenado en la STC 114/2017, de 17 de octubre, y la providencia de 12 de septiembre de 2017, de admisión del recurso de inconstitucionalidad núm. 4386-2017; invoca asimismo el artículo 161.2 CE a fin de que se produzca la inmediata suspensión de esas resoluciones en tanto se resuelve el Tribunal este incidente.

Interesa también el Abogado del Estado que este Tribunal proceda a deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y los miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite de las propuestas de resolución, presentadas por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y Candidatura d”Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC), que han dado lugar a las resoluciones impugnadas, por incumplir el mandato del artículo 87.1 LOTC, al aceptar la admisión a trámite de dichas propuestas de resolución.

Solicita igualmente la Abogacía del Estado que tanto la providencia por la que se decrete la suspensión de las resoluciones impugnadas como la resolución sobre el fondo del incidente de ejecución que en su momento se dicte se notifiquen personalmente, al amparo del artículo 87.1 LOTC, a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, doña Carme Forcadell i Lluís, y a los demás miembros de la entonces Mesa del Parlamento, esto es, a don Lluís Guinó i Subirós, Vicepresidente Primero; don José María Espejo-Saavedra Conesa, Vicepresidente Segundo; doña Anna Simó i Castelló, Secretaria Primera; don David Pérez lbáñez, Secretario Segundo; don Joan Josep Nuet i Pujals, Secretario Tercero; y doña Ramona Barrufet i Santacana, Secretaria Cuarta. En caso de haberse constituido la Diputación Permanente como consecuencia de la disolución del Parlamento, esa notificación deberá entenderse con los miembros de la Mesa de la Diputación Permanente, esto es, con doña Carme Forcadell i Lluís, Presidenta; don José María Espejo-Saavedra Conesa, Vicepresidente Segundo; y doña Anna Simó i Castelló, Secretaria Primera.

Asimismo interesa que en la notificación de la providencia se les advierta a todos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno a la declaración de independencia y, en especial, a las previsiones contenidas en la suspendida Ley 20/2017 en orden a la aplicación de un régimen jurídico transitorio; así como de dar efectividad a las denominadas «comisión de investigación por el 1 de octubre» y «comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente», recogidas en las dos resoluciones a las que se refiere el presente incidente de ejecución, con las consiguientes advertencias de las consecuencias penales en caso de no atender a este requerimiento.

También se solicita que, para que alcance mayor conocimiento y eficacia general respecto de cualesquiera terceros, se ordene la publicación inmediata de la providencia de suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Solicita por último el Abogado del Estado que se acuerde la tramitación preferente y urgente del presente incidente de ejecución, dada la extremada relevancia constitucional del asunto.

Fundamenta el Abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de ejecución en los motivos que a continuación se recogen.

a) Comienza exponiendo la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento del presente incidente de ejecución.

Se recuerda en primer lugar que en la providencia de 7 de septiembre de 2017, por la que se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4334-2017, interpuesto contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, «del referéndum de autodeterminación», se acordó también, en virtud del artículo 87.1 LOTC y conforme a lo solicitado en el recurso, la notificación de dicha resolución al Presidente de la Generalitat, a los miembros del Consejo del Gobierno y al Secretario del mismo, así como a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la Mesa y a los restantes cargos y autoridades del Parlamento que en la providencia se señalan. A todos ellos se les advertía del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada de la Ley 19/2017; en particular, de que se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en la Ley 19/2017 y de poner a disposición de la sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicaturas electorales de demarcación los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones, con las advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento.

El recurso fue estimado por la STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró inconstitucional y nula la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, denominada «del referéndum de autodeterminación». En el fundamento jurídico 7 de la STC 114/2017 se resuelve que procede, en virtud de lo dispuesto en los artículos 87.1 y 92.1 LOTC, declarar que subsiste el deber expresado en la providencia de 7 de septiembre de 2017 de las autoridades y cargos públicos a los que se refiere, «referido ahora a impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir el fallo de esta Sentencia (en sentido similar, STC 90/2017, FJ 13)».

Se recuerda en segundo lugar que en la providencia de 12 de septiembre de 2017 por la que se admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4386-2017, interpuesto contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», se acordó también, en virtud del artículo 87.1 LOTC y conforme a lo solicitado en el recurso, la notificación de dicha resolución a las mismas autoridades y cargos públicos del Gobierno y el Parlamento de Cataluña, con advertencia del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada de la Ley 20/2017; en particular, de que se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley impugnada y de promover o tramitar actuación o norma alguna dirigida a tal fin, apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones y de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento.

Pese a esas advertencias, en frontal incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, el Gobierno de la Generalitat llevó a cabo el 1 de octubre de 2017 la celebración del «referéndum para la autodeterminación de Cataluña». Se desarrolló, además, con total ausencia de las mínimas garantías previstas tanto por los organismos internacionales, como por la legislación estatal aplicable, incluso de la suspendida y finalmente anulada Ley 19/2017.

En su comparecencia ante el Parlamento de Cataluña el 10 de octubre de 2017, el Presidente de la Generalitat afirmó (según consta en el «Diario de sesiones del Parlamento de Cataluña» núm. 83, serie P), que presentaba a la Cámara los resultados del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, conforme a lo previsto en la Ley 19/2017, asumiendo así «el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república». Seguidamente proponía, en su propio nombre y en el de su Gobierno, «que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con el fin de que en las próximas semanas abordemos un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada». Tras la celebración de esa comparecencia parlamentaria, los miembros de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (JxS) y Candidatura d”Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC), así como los miembros del Gobierno de la Generalitat, suscribieron una denominada «Declaración de los representantes de Cataluña» de contenido casi idéntico a la que sería aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, salvo en el extremo que luego se dirá.

Hace referencia seguidamente el Abogado del Estado al contenido del artículo 4.4 de la anulada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, «del referéndum de autodeterminación», y a la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», suspendida por providencia de este Tribunal de 12 de septiembre de 2017. Recuerda también que las gravísimas actuaciones del Gobierno y del Parlamento de Cataluña han dado lugar a la activación por el Gobierno del mecanismo previsto en el artículo 155 CE, habiendo aprobado el Senado por Acuerdo de 27 de octubre de 2017 la aplicación de medidas al amparo de ese precepto constitucional, como es notorio.

Señala seguidamente el Abogado del Estado que el pleno del Parlamento de Cataluña, en su sesión de 27 de octubre de 2017, ha aprobado dos propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios JxS y CUP-CC denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente», cuyo contenido transcribe. Señala que dichas propuestas de resolución fueron admitidas a trámite por la Mesa, pese a las advertencias expresas del Secretario General y el Letrado mayor de la Cámara de que su contenido iba en contra de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, por tratarse de un desarrollo de las Leyes 19/2017 (ya anulada) y 20/2017 (suspendida), por lo que no podían ser admitidas por la Mesa ni sometidas a votación por el Pleno.

En primer lugar, el pleno de la Cámara votó (tras ausentarse los miembros de los grupos parlamentarios Socialistas, Popular y Ciudadanos) la propuesta presentada en segundo lugar, denominada «Proceso constituyente», por la que el Parlamento declara «el inicio y la apertura del proceso constituyente», instando al Gobierno de la Generalitat a aplicar el título VII («Proceso Constituyente») de la Ley 20/2017 «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», suspendida por el Tribunal Constitucional, y cuya entrada en vigor estaba subordinada (disposición final tercera) al cumplimiento del artículo 4.4 de la Ley 19/2017, «del referéndum de autodeterminación», declarada inconstitucional y nula por la STC 114/2017 («BOE» núm. 256 de 24 de octubre de 2017). Además, se acuerda «constituir en el plazo de 15 días la Comisión Parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente, a fin de amparar, que no interferir la misión de la plataforma promotora, garantizando el despliegue de sus trabajos, así como el cumplimiento del plazo de un semestre legalmente definido para su desarrollo y conclusiones».

A continuación y previa petición de voto secreto por parte de un diputado de JxS, amparándose en la mayoría parlamentaria no cualificada y apartándose de la forma ordinaria de votación, lo que fue denunciado por grupos parlamentarios de la oposición, se procedió a la votación secreta de la primera de las propuestas de resolución, denominada «Declaración de los representantes de Cataluña». Esta contiene la efectiva declaración de independencia de Cataluña, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 4.4 de la anulada Ley 19/2017. En el primer apartado se reproduce la declaración firmada el pasado 10 de octubre de 2017 por todos los miembros de los grupos parlamentarios CUP-CC y JxS, así como por el Gobierno de la Generalitat, pero incorpora un añadido esencial de un último párrafo que no es reproducción de aquella declaración: «assumim el mandat del poble de Catalunya expressat en el Referéndum dʼAutodeterminació de l´1 dʼoctubre i declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de República». Esto es, la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017 contiene la declaración expresa de Cataluña como Estado independiente en forma de república, como resultado «del mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre».

En todo caso, el enunciado de esta resolución, en su parte declarativa, es el siguiente:

Ver documento:

BOE-A-2017-13230

 

Circular 3/2017, de 24 de octubre, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 2/2014, de 31 de enero.

3/11/2017

Departamento:

Banco de España

Publicación:

BOE nº 266 de 02/11/2017, p. 104823 a 104827 (5 páginas)

TEXTO

El Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, realizó las adaptaciones más urgentes del ordenamiento jurídico español a las novedades derivadas de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, y del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

En este contexto, dicho real decreto-ley habilitó al Banco de España, en su disposición final quinta, para hacer uso de las opciones que se atribuyen a las autoridades competentes nacionales en el Reglamento (UE) n.º 575/2013.

De conformidad con esta habilitación, el Banco de España ejerció algunas de las opciones permanentes y transitorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, a través de la Circular 2/2014, de 31 de enero, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2013/36/UE se completó con la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y la Circular del Banco de España 2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013.

La Circular 2/2014 entró en vigor antes de la puesta en marcha, en noviembre de 2014, del Mecanismo Único de Supervisión. Desde entonces, el Banco Central Europeo (en adelante, BCE) es la autoridad competente para ejercer determinadas funciones de supervisión sobre las entidades definidas como significativas por el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

En consecuencia, el BCE puede hacer uso de las opciones permanentes y transitorias que el Reglamento (UE) n.º 575/2013 atribuye a la autoridad competente, si bien solo con respecto a las entidades significativas. El Banco de España mantiene la potestad de ejercer estas opciones en relación con las entidades menos significativas.

En ejercicio de esa facultad, el BCE aprobó el Reglamento (UE) 2016/445 del Banco Central Europeo, de 14 de marzo de 2016, sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión (BCE/2016/4), en el que se plasman las decisiones de esta autoridad en relación con las opciones antes mencionadas.

Asimismo, el BCE, en el ejercicio de su competencia para dictar a las autoridades nacionales competentes directrices para el ejercicio de las funciones de supervisión y para la adopción de decisiones en esta materia, ha aprobado la Orientación (UE) 2017/697 del Banco Central Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre el ejercicio por las autoridades nacionales competentes de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas (BCE/2017/9).

El ejercicio de estas opciones y facultades por el BCE respecto a las entidades significativas y las directrices emitidas al respecto para su ejercicio por las autoridades nacionales competentes sobre las entidades menos significativas difieren en algunos casos de las adoptadas por el Banco de España mediante la Circular 2/2014.

A la vista de la atribución de las competencias sobre las entidades significativas al BCE mediante el Reglamento 1024/2013, y de la orientación citada, resulta procedente modificar ciertos aspectos de la Circular 2/2014. En primer lugar, su ámbito de aplicación debe circunscribirse a las entidades menos significativas. En segundo lugar, es preciso ajustar el contenido de la circular a las orientaciones emitidas por el BCE. Finalmente, se han eliminado las normas relativas a opciones transitorias que resultaban de aplicación hasta 2017.

En consecuencia, en uso de las facultades que tiene conferidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, y de acuerdo con el Consejo de Estado, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes normas:

Norma única. Modificaciones de la Circular 2/2014, de 31 de enero.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular del Banco de España 2/2014, de 31 de enero, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012:

Ver documento:

BOE-A-2017-12562

 

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, por la que se modifica el anexo de la de 24 de abril de 2012, por la que se regulan los precios públicos por la realización de servicios por el Laboratorio de Control del Dopaje.

03/11/2017

Departamento:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Publicación:

BOE nº 267 de 03/11/2017, p. 105598 a 105601 (4 páginas)

 

TEXTO

Por Orden ECI/2626/2005, de 2 de agosto, se aprobaron determinados precios públicos del Ministerio de Educación y Ciencia. En el anexo II.2 de la citada orden se fijaron los precios actualizados para 2005 en el análisis de muestras de control de dopaje.

Tras la autorización al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal Antidopaje mediante la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales y la aprobación de su Estatuto por Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, el Laboratorio de Control del Dopaje, hasta entonces en el Consejo Superior de Deportes, fue adscrito orgánicamente al Departamento de Prevención y Control del Dopaje de la Agencia Estatal Antidopaje.

Las sucesivas modificaciones en la estructura básica y en la adscripción administrativa del Consejo Superior de Deportes, así como la conveniencia de incluir nuevos servicios y retirar aquellos procesos que habían quedado obsoletos, aconsejaron actualizar la regulación de estos precios públicos, mediante la Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje («BOE» núm. 102, del 28). En el anexo se recogieron los nuevos precios actualizados para lo que se dio nueva redacción al anexo II.2 de la Orden ECI/2626/2005, de 2 de agosto. En Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, se actualizaron los precios públicos para la prestación de servicios de control de dopaje, aprobándose un nuevo Anexo con los nuevos precios, actualmente vigentes.

Atendiendo a la variación del tipo de analíticas que se efectúan, así como a los avances y cambios que se introducen en las mismas para hacerlos más rentables y eficientes sin perder calidad, esta resolución debe ser actualizada periódicamente.

El apartado quinto de la Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje prevé que los precios establecidos en la misma podrán modificarse, sin superar el aumento derivado de la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como establecer precios para nuevos servicios, mediante Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, previa autorización del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, todo ello de conformidad con el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

En esta modificación de precios se prevé además la aplicación de las bonificaciones que pueden aplicarse a los casos en los que se aprecien razones sociales, culturales o de interés público, o por volumen de muestra que solicita el contratante del servicio.

En su virtud, he resuelto:

Primero.

Se modifica el anexo de la Resolución de 24 de abril de 2012,, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se regulan los precios públicos por la realización de servicios por el Laboratorio de Control del Dopaje, que queda redactado conforme se publica a continuación de la presente Resolución.

Segundo.

Se establecen las siguientes bonificaciones, que en ningún caso podrán ser acumulables, a aplicar en los casos justificados por razones económicas, sociales, culturales o de interés público, y que deberán estar vinculadas a:

a) Número de controles en un evento deportivo concreto o por determinado periodo de tiempo. Servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un laboratorio de control de dopaje acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, donde vinculado al número de controles, es factible aplicar una bonificación con el fin de garantizar y ampliar una política eficiente en la lucha contra el dopaje. Atendiendo al número de controles que este previsto efectuar se aplicarán las siguientes bonificaciones:

Entre 50 y 100 controles 10% de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación.

Entre 101 y 150 controles 20 % de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación.

Más de 150 controles 25 % de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación

b) La repercusión mediática y social que para la AEPSAD pueda tener ser partícipe del evento. El servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, será prestado en competiciones de carácter internacional de alto nivel, que tengan amplia repercusión mediática y social y en los que el coste económico del programa de control del dopaje recaiga, en parte o totalmente, sobre la federación deportiva nacional u organizador nacional del evento por indicación de la correspondiente federación internacional que siempre actuará como organismo responsable del programa y gestión de resultados. Estas bonificaciones estarán vinculadas a actividades de la AEPSAD en el marco de un evento deportivo y tienen como última finalidad facilitar la visualización de la AEPSAD como organismo responsable de la política antidopaje en España en todos sus ámbitos; desarrollo de un programa propio de observación del programa de control del dopaje con distribución de material de la AEPSAD a los deportistas que pasen control en estos eventos, desarrollo de actividades educativas en materia de prevención del dopaje dirigidas a deportistas participantes y entorno del deportista, así como a los asistentes mediante la utilización de los recursos propios de la organización. Difusión de mensajes durante el evento de deporte limpio y no al dopaje y valores del deporte según los parámetros de la AEPSAD, facilitando la difusión en medios de comunicación de las actividades de la AEPSAD y los valores que representa en el evento deportivo.

Para la aplicación de la bonificación deberá suscribirse un convenio específico entre la AEPSAD y la entidad solicitante de estos servicios, determinando la duración y/o evento/s durante los que se va a realizar la prestación de los servicios a los que son aplicables la bonificación, así como la justificación de las razones sociales, volumen de controles, culturales o de interés público que en cada caso concreto las motivan. En estas condiciones la AEPSAD valorará bonificar el servicio con un porcentaje de descuento del 10-25 %.

c) Existencia de algún tipo de acuerdo firmado entre Organizaciones Nacionales Antidopaje o Federaciones Nacionales con AEPSAD o CSD y siempre y cuando exista una cláusula que contemple la bonificación. El servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un laboratorio de control de dopaje acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. En estos casos la bonificación será siempre de un 20 %.

La diferencia entre el precio público bonificado y el coste del servicio realizado será financiada con cargo al Capítulo 2 del Presupuestos de Gastos para el año 2017 de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en los siguientes conceptos presupuestarios:

18.401.336A.213: Reparaciones maquinaria, instalaciones y utillaje.

18.401.336A.22100: Energía eléctrica.

18.401.336A.22106: Productos farmacéuticos y material sanitario.

18.401.336A.22199: Otros suministros.

Y aquellos que les sustituyan en ejercicios futuros.

Tercero.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de octubre de 2017.–El Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, José Luis Terreros Blanco.

Ver documento:

BOE-A-2017-12646