Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

01/12/2017

Departamento:

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Publicación:

BOE nº 292 de 01/12/2017, p. 117179 a 117179 (1 página)

TEXTO

Advertidos errores en la Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital («Boletín Oficial del Estado» núm. 282, de 20 de noviembre de 2017), se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la base sexta, Presupuesto subvencionable y determinación de la ayuda, página número 111635, donde dice:

«7. Los recursos de las convocatorias están limitados por cada Comunidad Autónoma, por lo que el presupuesto de ayuda estará regionalizado tal y como se establezca en la convocatoria. Asimismo, se subvencionará como máximo una OTD por sector, según la clasificación de Grupos CNAE establecida en la base tercera y Comunidad Autónoma.»

Debe decir:

«7. Los recursos de las convocatorias están limitados por cada Comunidad Autónoma, por lo que el presupuesto de ayuda estará regionalizado tal y como se establezca en la convocatoria. Asimismo, se subvencionará como máximo una OTD por sector, según la clasificación de Grupos CNAE establecida en la base tercera y Comunidad Autónoma. Las asociaciones o colegios solicitantes solo podrán elegir como sector al que dirigir sus actuaciones aquel en el que esté clasificada la actividad profesional a la que esté dedicada la asociación o colegio.»

Madrid, 28 de noviembre de 2017.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, José Manuel Leceta García.

 

Ver documento:

BOE-A-2017-14094

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, por la que se modifica el anexo de la de 24 de abril de 2012, por la que se regulan los precios públicos por la realización de servicios por el Laboratorio de Control del Dopaje.

03/11/2017

Departamento:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Publicación:

BOE nº 267 de 03/11/2017, p. 105598 a 105601 (4 páginas)

 

TEXTO

Por Orden ECI/2626/2005, de 2 de agosto, se aprobaron determinados precios públicos del Ministerio de Educación y Ciencia. En el anexo II.2 de la citada orden se fijaron los precios actualizados para 2005 en el análisis de muestras de control de dopaje.

Tras la autorización al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal Antidopaje mediante la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales y la aprobación de su Estatuto por Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, el Laboratorio de Control del Dopaje, hasta entonces en el Consejo Superior de Deportes, fue adscrito orgánicamente al Departamento de Prevención y Control del Dopaje de la Agencia Estatal Antidopaje.

Las sucesivas modificaciones en la estructura básica y en la adscripción administrativa del Consejo Superior de Deportes, así como la conveniencia de incluir nuevos servicios y retirar aquellos procesos que habían quedado obsoletos, aconsejaron actualizar la regulación de estos precios públicos, mediante la Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje («BOE» núm. 102, del 28). En el anexo se recogieron los nuevos precios actualizados para lo que se dio nueva redacción al anexo II.2 de la Orden ECI/2626/2005, de 2 de agosto. En Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, se actualizaron los precios públicos para la prestación de servicios de control de dopaje, aprobándose un nuevo Anexo con los nuevos precios, actualmente vigentes.

Atendiendo a la variación del tipo de analíticas que se efectúan, así como a los avances y cambios que se introducen en las mismas para hacerlos más rentables y eficientes sin perder calidad, esta resolución debe ser actualizada periódicamente.

El apartado quinto de la Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje prevé que los precios establecidos en la misma podrán modificarse, sin superar el aumento derivado de la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como establecer precios para nuevos servicios, mediante Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, previa autorización del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, todo ello de conformidad con el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

En esta modificación de precios se prevé además la aplicación de las bonificaciones que pueden aplicarse a los casos en los que se aprecien razones sociales, culturales o de interés público, o por volumen de muestra que solicita el contratante del servicio.

En su virtud, he resuelto:

Primero.

Se modifica el anexo de la Resolución de 24 de abril de 2012,, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se regulan los precios públicos por la realización de servicios por el Laboratorio de Control del Dopaje, que queda redactado conforme se publica a continuación de la presente Resolución.

Segundo.

Se establecen las siguientes bonificaciones, que en ningún caso podrán ser acumulables, a aplicar en los casos justificados por razones económicas, sociales, culturales o de interés público, y que deberán estar vinculadas a:

a) Número de controles en un evento deportivo concreto o por determinado periodo de tiempo. Servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un laboratorio de control de dopaje acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, donde vinculado al número de controles, es factible aplicar una bonificación con el fin de garantizar y ampliar una política eficiente en la lucha contra el dopaje. Atendiendo al número de controles que este previsto efectuar se aplicarán las siguientes bonificaciones:

Entre 50 y 100 controles 10% de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación.

Entre 101 y 150 controles 20 % de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación.

Más de 150 controles 25 % de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación

b) La repercusión mediática y social que para la AEPSAD pueda tener ser partícipe del evento. El servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, será prestado en competiciones de carácter internacional de alto nivel, que tengan amplia repercusión mediática y social y en los que el coste económico del programa de control del dopaje recaiga, en parte o totalmente, sobre la federación deportiva nacional u organizador nacional del evento por indicación de la correspondiente federación internacional que siempre actuará como organismo responsable del programa y gestión de resultados. Estas bonificaciones estarán vinculadas a actividades de la AEPSAD en el marco de un evento deportivo y tienen como última finalidad facilitar la visualización de la AEPSAD como organismo responsable de la política antidopaje en España en todos sus ámbitos; desarrollo de un programa propio de observación del programa de control del dopaje con distribución de material de la AEPSAD a los deportistas que pasen control en estos eventos, desarrollo de actividades educativas en materia de prevención del dopaje dirigidas a deportistas participantes y entorno del deportista, así como a los asistentes mediante la utilización de los recursos propios de la organización. Difusión de mensajes durante el evento de deporte limpio y no al dopaje y valores del deporte según los parámetros de la AEPSAD, facilitando la difusión en medios de comunicación de las actividades de la AEPSAD y los valores que representa en el evento deportivo.

Para la aplicación de la bonificación deberá suscribirse un convenio específico entre la AEPSAD y la entidad solicitante de estos servicios, determinando la duración y/o evento/s durante los que se va a realizar la prestación de los servicios a los que son aplicables la bonificación, así como la justificación de las razones sociales, volumen de controles, culturales o de interés público que en cada caso concreto las motivan. En estas condiciones la AEPSAD valorará bonificar el servicio con un porcentaje de descuento del 10-25 %.

c) Existencia de algún tipo de acuerdo firmado entre Organizaciones Nacionales Antidopaje o Federaciones Nacionales con AEPSAD o CSD y siempre y cuando exista una cláusula que contemple la bonificación. El servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un laboratorio de control de dopaje acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. En estos casos la bonificación será siempre de un 20 %.

La diferencia entre el precio público bonificado y el coste del servicio realizado será financiada con cargo al Capítulo 2 del Presupuestos de Gastos para el año 2017 de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en los siguientes conceptos presupuestarios:

18.401.336A.213: Reparaciones maquinaria, instalaciones y utillaje.

18.401.336A.22100: Energía eléctrica.

18.401.336A.22106: Productos farmacéuticos y material sanitario.

18.401.336A.22199: Otros suministros.

Y aquellos que les sustituyan en ejercicios futuros.

Tercero.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de octubre de 2017.–El Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, José Luis Terreros Blanco.

Ver documento:

BOE-A-2017-12646

Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo.

17/07/2017

Departamento:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Publicación:

BOE nº 168 de 15/07/2017, p. 62002 a 62091 (90 páginas)

TEXTO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de títulos de la formación profesional del sistema educativo, los aspectos básicos del currículo y aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo (espacios y equipamientos mínimos, titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia), previa consulta a las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Asimismo, en cada título se determinarán los accesos a otros estudios y, en su caso, las modalidades y materias de bachillerato que faciliten la admisión en caso de concurrencia competitiva, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y, cuando proceda, la información sobre los requisitos necesarios para el ejercicio profesional, según la legislación vigente.

Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Así, este real decreto, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva.

Se ha recurrido a una norma reglamentaria para establecer bases estatales conforme con el Tribunal Constitucional, que admite que «excepcionalmente» las bases puedan establecerse mediante normas reglamentarias en determinados supuestos, como ocurre en el presente caso, cuando «resulta complemento indispensable para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas» (así, entre otras, en las SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988).

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2017,

DISPONGO:

Ver documento:

BOE-A-2017-8301