Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017.

Departamento:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Publicación:

BOE nº 107 de 03/05/2018, p. 47494 a 47499 (6 páginas)

 

TEXTO

ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA

El Reino de España y la República de la India, en lo sucesivo denominados «los Estados Contratantes»;

Deseando facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas en su propio país; y

Considerando que el cumplimiento de ese objetivo debe alcanzarse ofreciendo a los extranjeros, condenados y sentenciados como resultado de la comisión de un delito, la posibilidad de cumplir su pena en su propio medio social;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo:

(a) «sentencia» designará una resolución o decisión judicial en la que se imponga una pena;

(b) «Estado de cumplimiento» designará el Estado al cual el condenado pueda ser trasladado o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su pena o el resto de la misma;

(c) «pena» designará toda sanción o medida privativa de libertad, impuesta por un tribunal en el ejercicio de su jurisdicción penal;

(d) «persona condenada» designa a la persona sometida a una pena privativa de libertad en virtud de una sentencia condenatoria dictada por un tribunal penal, incluidos los tribunales establecidos en cada momento en los estados Contratantes;

(e) «Estado de condena» designará al Estado donde se ha condenado a la persona que puede ser trasladada o que ya lo haya sido.

ARTÍCULO 2

Principios generales

1. Una persona condenada en el territorio de una Parte podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada al territorio de la otra Parte para cumplir la pena que se le haya impuesto. A tal fin, podrá expresar, bien al Estado de condena bien al Estado de cumplimiento, su deseo de que se le traslade en virtud del presente Convenio.

2. El traslado puede ser solicitado por toda persona condenada que sea ciudadana de un Estado contratante o por cualquier otra persona que esté legitimada para actuar en su nombre con arreglo a la normativa del Estado contratante, presentando una solicitud a dicho Estado y en la forma dispuesta por el Gobierno del mismo.

ARTÍCULO 3

Autoridades Centrales

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes para la aplicación del presente Tratado son:

– Por el Reino de España: Ministerio de Justicia.

– Por la República de la India: Ministerio del Interior.

2. En caso de que algún Estado contratante modifique sus autoridades competentes lo notificará al otro Estado por conducto diplomático.

ARTÍCULO 4

Condiciones del traslado

1. Una persona condenada podrá ser trasladada con arreglo al presente Tratado en las condiciones siguientes:

(a) el condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento;

(b) no se le habrá impuesto a la persona condenada la pena de muerte, excepto en el caso de que se le haya conmutado la pena;

(c) la sentencia deberá ser firme;

(d) no habrá pendientes procesos penales contra la persona condenada en el Estado de condena que requieran su presencia;

(e) la persona condenada no lo haya sido por un delito bajo la jurisdicción militar, salvo que los Estados contratantes acuerden otra cosa;

(f) la duración de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por el condenado deberá ser al menos de un año, el día de la recepción de la petición;

(g) que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la pena en el Estado de condena sean punibles como delito en el Estado de cumplimiento, o constituirían una infracción penal en caso de que se cometieran en su territorio;

(h) el traslado de la custodia de la persona condenada al Estado receptor no se hará en detrimento de la soberanía, la seguridad o cualquier otro interés esencial del Estado de condena;

(i) el traslado deberá ser consentido bien por el condenado, o, en caso de que, teniendo presente su edad y su estado mental o físico, alguno de los Estados Contratantes lo considere necesario, por cualquier otra persona legalmente facultada para actuar en su nombre, de conformidad con la legislación del Estado contratante; y

(j) el Estado de condena y el Estado de cumplimiento estén de acuerdo en ese traslado.

2. En casos excepcionales, el Estado de condena y el Estado de cumplimiento podrán convenir en un traslado, aunque la duración de la pena que el condenado tenga aún que cumplir sea inferior a la prevista en el apartado 1(f).

ARTÍCULO 5

Obligación de facilitar información

1. Si la persona condenada hubiere expresado al Estado de condena su deseo de ser trasladado en virtud del presente Acuerdo, aquél remitirá al Estado de cumplimiento la información y los documentos siguientes, a menos que el Estado de cumplimiento o el Estado de condena hayan decidido ya que no accederán al traslado:

(a) nombre y nacionalidad del condenado, la fecha y el lugar de nacimiento y su dirección, en su caso, en el Estado de cumplimiento, así como copia del pasaporte o de cualquier otro documento de identidad y, si es posible, las huellas dactilares de la persona condenada;

(b) una declaración de los hechos en los que se fundamenta la condena;

(c) naturaleza, duración y fecha de inicio del cumplimiento de la pena, y un documento que indique el tiempo ya cumplido y el que quedare por cumplir, incluidos los periodos de prisión en espera de juicio, redención de pena y otra información que resulte relevante para la ejecución de la pena.

(d) una copia certificada del fallo y una copia de las disposiciones pertinentes de la ley con arreglo a la cual se ha dictado la sentencia contra la persona condenada;

(e) cuando proceda, informes médicos, sociales o penitenciarios sobre la persona condenada, información acerca de su tratamiento en el Estado de condena, y cualquier recomendación sobre su tratamiento subsiguiente en el Estado de cumplimiento.

(f) toda otra información que el Estado de cumplimiento pueda especificar que precisa para evaluar la posibilidad de traslado y para informar a la persona condenada de todas las consecuencias que pueda tener para el interesado el traslado con arreglo a su legislación;

(g) la solicitud de traslado de la persona condenada o de cualquier otra persona legalmente facultada para actuar en su nombre, de conformidad con la legislación del Estado de condena; y

(h) una declaración del Estado de condena acordando el traslado de la persona condenada.

2. Al efecto de facilitar la decisión sobre una solicitud con arreglo al presente Acuerdo, el Estado de cumplimiento enviará la siguiente información y documentación al Estado de condena, a menos que el Estado de condena o el de cumplimiento hayan decidido ya que no darán su acuerdo al traslado:

(a) una declaración o documento indicando que la persona condenada es nacional del Estado de cumplimiento;

(b) una copia del texto de la ley pertinente que disponga que los actos u omisiones por los que se haya impuesto la pena en el Estado de condena constituyen delito con arreglo a la legislación del Estado de cumplimiento, o lo constituirían si se cometieran en su territorio;

(c) una declaración sobre toda la normativa legal relacionada con la duración y el cumplimiento de la pena por la persona condenada en el Estado de cumplimiento tras el traslado incluido, en su caso, una declaración sobre los efectos del apartado 2 del articulo 9 del presente Acuerdo sobre su traslado;

(d) la voluntad del Estado de cumplimiento de aceptar el traslado de la persona condenada y el compromiso de hacerse cargo de administrar la parte restante de la pena de la persona condenada; y

(e) cualquier otra información o documento que el Estado de condena pueda considerar necesario.

ARTÍCULO 6

Peticiones y respuestas

1. Las peticiones de traslado se formularán por escrito y se dirigirán por la Autoridad Central del Estado de condena a la del Estado de cumplimiento, por conducto diplomático. Las respuestas se comunicarán por el mismo procedimiento.

2. El Estado de cumplimiento informará al Estado de condena, con la mayor diligencia posible, de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.

ARTÍCULO 7

Consentimiento y verificación

1. El Estado de condena se cerciorará de que la persona que deba prestar su consentimiento para el traslado en virtud del apartado 1(i) del artículo 4 sea consciente de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven. El procedimiento que se siga a este respecto se regirá por la ley del Estado de condena.

2. El Estado de condena deberá dar al Estado de cumplimiento la posibilidad de verificar que el consentimiento se ha otorgado en las condiciones previstas en el apartado 1 del presente artículo.

ARTÍCULO 8

Consecuencias del traslado para el Estado de cumplimiento

1. Las autoridades competentes del Estado de cumplimiento deberán hacer que prosiga el cumplimiento de la pena mediante una resolución judicial o administrativa, según lo requiera su legislación nacional, en las condiciones enunciadas en el artículo 9 del presente Acuerdo.

2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 11 del presente Acuerdo, el cumplimiento de la pena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento y este Estado será el único competente para tomar todas las decisiones pertinentes.

ARTÍCULO 9

Prosecución del cumplimiento

1. El Estado de cumplimiento quedará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la pena determinados por el Estado de condena.

2. Si la naturaleza o la duración de dicha pena, o ambas, fueren incompatibles con la legislación del Estado de cumplimiento, éste podrá, previo consentimiento del Estado de condena, adaptar, mediante resolución judicial o administrativa, según lo requiera su legislación nacional, dicha sanción a la pena prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza. Dicha pena o medida corresponderá en la medida de lo posible, en cuanto a su naturaleza o duración, a la impuesta en la sentencia dictada por el Estado de condena. Sin embargo, no podrá agravar, por su naturaleza o por su duración, la sanción impuesta en el Estado de condena.

ARTÍCULO 10

Efectos del cumplimiento de la pena para el Estado de condena

Cuando el Estado de cumplimiento notifique al Estado de condena que se ha cumplido la pena, con arreglo al apartado 1(a) del articulo 13 del presente Acuerdo, dicha notificación surtirá en el Estado de condena el efecto de dar por ejecutada dicha pena.

ARTÍCULO 11

Revisión de la sentencia e indulto, amnistía o conmutación

1. Sólo el Estado de condena tendrá el derecho a decidir acerca de cualquier recurso de revisión presentado contra la sentencia.

2. Cada uno de los Estados Contratantes podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas y notificará dicha decisión al otro Estado Contratante.

ARTÍCULO 12

Cesación del cumplimiento de la pena

1. El Estado de condena notificará sin demora al Estado de cumplimiento cualquier decisión tomada en su territorio que tenga como efecto que cese el cumplimiento de la pena o de parte la misma.

2. El Estado de cumplimiento deberá poner fin al cumplimiento de la pena en cuanto le haya informado el Estado de condena de cualquier decisión o medida que tenga como efecto privar a la condena de su carácter ejecutorio.

ARTÍCULO 13

Información sobre el cumplimiento de la pena

1. El Estado de cumplimiento facilitará información al Estado de condena:

(a) Cuando el cumplimiento de la pena haya terminado; o

(b) si el condenado se ha evadido antes de que termine el cumplimiento de la pena. En tal caso el Estado de cumplimiento tomará medidas para garantizar su detención a efectos de cumplimiento del resto de la pena y de que responda por la comisión de un delito de conformidad con la legislación pertinente del Estado de cumplimiento.

2. El Estado de cumplimiento facilitara un informe especial acerca del cumplimiento de la pena si el Estado de condena se lo solicitare.

ARTÍCULO 14

Tránsito

1. Si cualquiera de los Estados Contratantes celebra acuerdos con un Estado tercero para el traslado de personas condenadas, el otro Estado Contratante cooperará en el tránsito de aquellas que fueren trasladadas a través de su territorio como consecuencia de dichos acuerdos, con la excepción de que podrá negarse a autorizar el tránsito:

(a) si la persona condenada fuese uno de sus nacionales;

(b) si la solicitud pudiera vulnerar la soberanía, la seguridad, el orden público o cualquier otro interés esencial del Estado Contratante.

2. El Estado Contratante que tenga intención de realizar dicho traslado deberá notificarlo al otro por anticipado.

ARTÍCULO 15

Gastos

Los gastos ocasionados al aplicarse el presente Convenio correrán a cargo del Estado de cumplimiento, con excepción de los gastos originados exclusivamente en el territorio del Estado de condena.

ARTÍCULO 16

Lenguas

1. La solicitud y la documentación acreditativa con arreglo al artículo 5 irán acompañadas de su traducción al español cuando sea España el Estado de cumplimiento y al inglés cuando lo sea la India.

ARTÍCULO 17

Ámbito de aplicación

El presente Acuerdo será aplicable al cumplimiento de penas impuestas antes o después de la entrada en vigor del mismo.

ARTÍCULO 18

Resolución de controversias

1. Las Autoridades Centrales se esforzarán por resolver de mutuo acuerdo toda controversia que surja de la interpretación, ejecución o aplicación del presente Acuerdo.

2. Si las Autoridades Centrales no pudieran llegar a un acuerdo por sí mismas, se solucionará por conducto diplomático.

ARTÍCULO 19

Entrega de las personas condenadas

La entrega del penado por el Estado de condena al Estado de cumplimiento se efectuará en el lugar en que convengan las Partes. El Estado de cumplimiento será responsable del traslado del condenado al exterior del Estado de condena y también de la custodia de aquél fuera del territorio de dicho Estado.

ARTÍCULO 20

Enmiendas

Todas las enmiendas o modificaciones del presente Acuerdo acordadas por los Estados Contratantes entrarán en vigor de la misma forma que el propio Acuerdo.

ARTÍCULO 21

Disposiciones finales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días de la fecha en que los Estados Contratantes se hayan notificado recíprocamente por escrito el cumplimiento de sus respectivos requisitos para la entrada en vigor del mismo.

2. El Acuerdo permanecerá en vigor por un periodo indefinido. No obstante, cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciarlo mediante notificación, por escrito, al otro Estado contratante. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de dicha notificación.

3. A pesar de la denuncia, el presente Acuerdo continuará siendo de aplicación al cumplimiento de las penas de los condenados que hayan sido trasladados de conformidad con el presente Acuerdo antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Hecho por duplicado en Madrid, el 30 de mayo de 2017, en los idiomas español, hindi e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

Ver documento:

BOE-A-2018-5965

Instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014.

22/12/2017

Departamento:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Publicación:

BOE nº 309 de 21/12/2017, p. 126012 a 126016 (5 páginas)

 

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

Vistos y examinados el preámbulo y los doce artículos del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

MANIFIESTO el consentimiento de España en obligarse por este Protocolo y EXPIDO el presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Dado en Madrid, a uno de septiembre de dos mil diecisiete.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO

PROTOCOLO RELATIVO AL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, 1930

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 28 de mayo de 2014, en su 103.ª reunión;

Reconociendo que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, contribuye a perpetuar la pobreza y es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos;

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en adelante, el «Convenio», y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, pero que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales;

Recordando que la definición de trabajo forzoso u obligatorio prevista en el artículo 2 del Convenio abarca el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones, y se aplica a todos los seres humanos sin distinción;

Recalcando la urgencia de eliminar el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones;

Recordando que los Miembros que han ratificado el Convenio tienen la obligación de cerciorarse de que el trabajo forzoso u obligatorio sea objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente;

Tomando nota de que ha expirado el período transitorio previsto en el Convenio, y de que las disposiciones del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 ya no son aplicables;

Reconociendo que el contexto y las formas del trabajo forzoso u obligatorio han cambiado y que la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio, que puede implicar explotación sexual, suscita una creciente preocupación internacional y que su eliminación efectiva requiere acciones urgentes;

Tomando nota de que un número creciente de trabajadores se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio en la economía privada, de que ciertos sectores de la economía son particularmente vulnerables, y de que ciertos grupos de trabajadores corren un riesgo mayor de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, en particular los migrantes;

Tomando nota de que la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio contribuye a garantizar una competencia leal entre los empleadores, así como protección a los trabajadores;

Recordando las normas internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), así como la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008);

Tomando nota de otros instrumentos internacionales pertinentes, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la esclavitud (1926), la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000), el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (2000), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006);

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio, y reafirmado que las medidas de prevención y de protección y las acciones jurídicas y de reparación, tales como indemnización y readaptación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, de conformidad con el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un protocolo relativo al Convenio, adopta, con fecha once de junio de dos mil catorce, el siguiente Protocolo, que podrá ser citado como el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

ARTÍCULO 1

1. Al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.

2. Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados.

3. Se reafirma la definición de trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio y, por consiguiente, las medidas mencionadas en el presente Protocolo deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.

ARTÍCULO 2

Las medidas que se han de adoptar para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:

a) educación e información destinadas en especial a las personas consideradas particularmente vulnerables, a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio;

b) educación e información destinadas a los empleadores, a fin de evitar que resulten involucrados en prácticas de trabajo forzoso u obligatorio;

c) esfuerzos para garantizar que:

i) el ámbito de la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento, incluida la legislación laboral si procede, abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía, y

ii) se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros servicios responsables de la aplicación de esta legislación;

d) la protección de las personas, en particular los trabajadores migrantes, contra posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación;

e) apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso u obligatorio y de responder a los riesgos que conlleva; y

f) acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso u obligatorio.

ARTÍCULO 3

Todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio y para permitir su recuperación y readaptación, así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

ARTÍCULO 4

1. Todo Miembro deberá velar por que todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio nacional, tengan acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización.

2. Todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema jurídico, las medidas necesarias para velar por que las autoridades competentes puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio por su participación en actividades ilícitas que se han visto obligadas a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.

ARTÍCULO 5

Los Miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

ARTÍCULO 6

Las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del presente Protocolo y del Convenio deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

ARTÍCULO 7

Se suprimen las disposiciones transitorias del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 del Convenio.

ARTÍCULO 8

1. Un Miembro podrá ratificar el presente Protocolo al mismo tiempo que ratifica el Convenio, o en cualquier momento después de la ratificación del mismo, comunicando la ratificación formal, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. El Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. Desde dicho momento, el presente Protocolo entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. A partir de ese momento, el Convenio será obligatorio para el Miembro interesado, con la adición de los artículos 1 a 7 del presente Protocolo.

ARTÍCULO 9

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Protocolo podrá denunciarlo en todo momento en que el Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad con su artículo 30, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. La denuncia del Convenio de conformidad con sus artículos 30 o 32 implicará, ipso jure, la denuncia del presente Protocolo.

3. Toda denuncia del presente Protocolo efectuada de conformidad con los párrafos 1 o 2 de este artículo no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

ARTÍCULO 10

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación, el Director General señalará a la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Protocolo.

ARTÍCULO 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y denuncias registradas por el Director General.

ARTÍCULO 12

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Protocolo son igualmente auténticas.

Ver documento:

BOE-A-2017-15189

Acuerdo Administrativo entre el Ministro de Estado, Ministro del Interior de la República Francesa y el Ministerio del Interior del Reino de España relativo al refuerzo de la cooperación en materia de formación entre la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española, hecho en París el 23 de agosto de 2017.

08/09/2017

Departamento:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Publicación:

BOE nº 215 de 07/09/2017, p. 87884 a 87890 (7 páginas)

 

TEXTO

ACUERDO ADMINISTRATIVO ENTRE EL MINISTRO DE ESTADO, MINISTRO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL REINO DE ESPAÑA RELATIVO AL REFUERZO DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN ENTRE LA GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA Y LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA

El Ministro de Estado, Ministro del Interior de la República Francesa (en lo sucesivo «la Parte francesa») y el Ministerio del Interior del Reino de España (en lo sucesivo «la Parte española»), en lo sucesivo denominados conjuntamente «las Partes»;

Recordando las antiguas relaciones de amistad entre ambos Estados y deseosos de aportar cualquier contribución útil a la consolidación de estos privilegiados vínculos, en un contexto en el que los desafíos y amenazas transnacionales requieren una movilización cada vez más fuerte entre sus fuerzas de seguridad con el fin de garantizar al nivel más alto la seguridad de sus ciudadanos;

Subrayando las relaciones fraternales entre la Gendarmería Nacional y la Guardia Civil que se formalizaron en particular en la declaración conjunta entre el Director General de la Gendarmería Nacional francesa, el Comandante General del Arma de los Carabineros italianos y el Director General de la Guardia Civil española sobre el refuerzo de los vínculos entre sus respectivas instituciones, de fecha del 12 de mayo de 1994 y en la declaración conjunta entre el Director General de la Gendarmería Nacional de la República Francesa y el Director General de la Guardia Civil del Reino de España relativa al refuerzo de la cooperación entre sus instituciones de fecha del 28 de octubre de 2013;

Convencidos de la importancia de los intercambios de experiencias y de buenas prácticas, como los realizados en el marco de la Asociación de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con estatuto militar Europeas y Mediterráneas (FIEP), y deseando reforzar la interoperabilidad entre fuerzas de tipo Gendarmería, con la vista puesta en participaciones conjuntas en especial a través de la Fuerza de Gendarmería Europea (FGE);

Deseando promover iniciativas ambiciosas e innovadoras en el marco de la formación policial, que representa una herramienta importante para mejorar la eficacia operativa de las fuerzas de seguridad interior y favorecer la aplicación de cooperaciones bilaterales mutuamente beneficiosas, y recordando a este respecto los términos de su encuentro en Málaga el pasado 20 de febrero;

Comprometidos con el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, a cuya construcción contribuyen de forma activa Francia y España, y deseando contribuir al refuerzo de la cooperación policial europea establecida en particular en el Capítulo 5 del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

Considerando el Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas, firmado en Londres el 19 de junio del 1951;

Han convenido lo siguiente:

Ver documento:

BOE-A-2017-10254

 

Extracto de la Orden de 1 de septiembre de 2017 por la que se convoca la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte para el ejercicio 2017.

08/09/2017

Departamento:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Publicación:

BOE nº 215 de 07/09/2017, p. 62830 a 62830 (1 página)

 

TEXTO

BDNS (Identif.): 360957

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero.

Segundo. Finalidad:

El objeto de las subvenciones es la concesión de ayudas económicas destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte.

También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recursos de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o commutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, publicada en el BOE número 208, de 30 de agosto de 2013.

Cuarto. Importe:

El importe total máximo será de 30.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.- El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), la Directora General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Victoria González-Bueno Catalán de Ocón.

Ver documento:

BOE-B-2017-50706