200.000 comercios afectados por el fin de los alquileres de renta antigua

Diariojuridico.com 11/09/2014

Unos 200.000 comercios y negocios de todo tipo están afectados por el fin de la moratoria de los alquileres de renta antigua el 31 de diciembre. Ante esta situación, UPTA ha comenzado a movilizarse, ya que considera que una subida de los alquileres hasta los precio actuales de mercado puede suponer el cierre definitivo de muchos de estos negocios.

Además de a la crisis del consumo, la falta de financiación y la fuerte competencia de las grandes cadenas y centros comerciales, unos 200.000 comerciantes españoles se tendrán que enfrentar a finales de 2014 a un fuerte incremento del alquiler de su establecimiento. Comercios minoristas de todo tipo, hostelería y talleres de reparación e incluso algunos despachos legales se verán afectados por un eventual aumento de las rentas de alquiler a partir del próximo año, dada la conclusión a finales de 2014 de la moratoria que se estableció para los denominados alquiles de renta antigua.

Ante esta situación, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha comenzado a movilizarse y ha promovido una plataforma de afectados, con el fin de proponer un calendario de movilizaciones e instar al Gobierno a una nueva moratoria en este tipo de arrendamientos, ya que puede suponer el cierre de muchos de los comercios afectados.

Así, con fecha del 31 de diciembre de 2014, se extinguirán los denominados Contratos Arrendamiento de Renta Antigua, y afectará, con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, a todos aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales firmados con anterioridad al a mayo de 1985.

A finalizar diciembre, los arrendadores podrán modificar unilateralmente las condiciones de los contratos y adaptarlos a las condiciones actuales de mercado. Una fecha que muchos arrendadores de renta antigua esperan con los brazos abiertos. Ya que llevan muchas década con parte de su patrimonio inmobiliario atrapado por contratos de arrendamientos que, en muchos casos, han traspasado generaciones y con unos precios irrisorios.

Sin embargo, en un momento en el que el consumo apenas despega, y tras ocho años de caídas de ventas, para los autónomos con rentas antiguas, el fin de la moratoria de sus contratos puede suponer la puntilla final que les haga cerrar sus negocios.

Con el fin de buscar una solución «a un problema que se suma a los ya muchos que soportan los autónomos y los pequeños empresarios de estos sectores», UPTA ha convocado a diversas plataformas provinciales y autonómicas para comenzar a movilizarse y buscar soluciones.

La moratoria de los contratos de renta antigua tenía como objetivo la protección de los comercios, ubicados sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo a la situación económica que el país sufría en el año 1994.

Comercios tradicionales

“La situación económica actual no es mejor que la de la fecha de la aprobación de la Ley. Vivimos en una época de recesión en el consumo, de  grave pérdida de puestos de trabajo, de aumento del ahorro familiar, lo que supone menos consumo dado que los ingresos familiares han disminuido considerablemente y de retroceso en la concesión de préstamos al consumo y de créditos comerciales”, afirman en UPTA, que defiende que, según los datos del INE, son los pequeños comercios unilocalizados los que mantienen el empleo en este sector y no las grandes superficies, que vienen demostrando una pérdida de empleo progresiva en los últimos años”.

Esta nueva situación afecta a más de 200.000 locales comerciales en todo el país, con especial incidencia en aquellas ciudades cuyos cascos históricos están catalogados como zonas turísticas. Su ubicación y la calificación de Patrimonio de interés de muchos de los edificios, han condicionado y condicionan a estos profesionales a la adaptación de los locales a la nueva realidad económica y a los gustos de los consumidores, por lo que todavía es más valorable su mantenimiento.

A petición de UPTA, el GP Socialista ha presentado una enmienda al Real Decreto de medidas urgentes solicitando una moratoria de cinco años más a esta situación.