Las demandas colectivas chocan con el sistema judicial español

Expansión.com  5/10/2014

Aunque nuestro país cuenta con una legislación que permite llevar a cabo acciones legales colectivas, los consumidores siguen chocando contra un sistema que no funciona y no apoya estas iniciativas.

Las demandas colectivas en España han pasado de ser unas grandes desconocidas a convertirse en la única solución frente a asuntos como las participaciones preferentes, las cláusulas abusivas o los cobros indebidos en facturas. Tanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu) como la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) amparan este sistema de denuncia para las asociaciones de consumidores y al ministerio fiscal, pero la herramienta sigue sin funcionar correctamente y muchas de estas acciones no son admitidas a trámite por los tribunales.

«Aunque contamos con el apoyo de la ley, existen problemas procesales y siguen faltando procedimientos eficaces para llevar a buen puerto estas demandas. Por esa razón, actualmente, el consumidor está desprotegido y los poderes públicos están olvidando el artículo 51 de la Constitución, que les obliga a que se garantice correctamente la defensa de los consumidores», explicó ayer José María Paz, fiscal jefe de la sala civil del Tribunal Supremo, durante la jornada Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores, organizada por Asociación de Usuarios de Bancos, Caja y Seguros de España (Adicae).

En esa misma línea se movió Carlos Varela, fiscal superior de Galicia, quien comentó que la LEC «establece en su articulado las bases de los procesos colectivos, aunque de manera dispersa y fragmentada. El problema real es que nuestra legislación adolece de una herramienta sistemática frente a las denuncias colectivas. El legislador sigue apostando por las acciones individuales y no diseña un sistema correcto para resolver los conflictos de masas».

Varela se felicitó de que la última reforma de la ley de usuarios y consumidores haya incluido, en su disposición adicional segunda, que el Ministerio Fiscal esté legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores, algo que hasta el momento se limitaba a las acciones de cesación, pero pidió más esfuerzos. «España, en relación a otros países, como Brasil, tiene un enorme retraso que recuperar en cuanto a las demandas colectivas. Tenemos que seguir realizando reformas en los sistemas penal y civil para adecuarlos a esta nueva realidad», añadió.

Pablo Mayor, miembro del equipo jurídico de Adicae, se mostró muy contundente y explicó que, actualmente, «parece existir una verdadera aversión hacia las acciones colectivas entre los jueces. Sólo espero que la antipatía hacia este tipo de demandas no tenga que ver con el complemento de productividad que cobran los magistrados por el número de causas resueltas».

Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos Vicente, insistió en la necesidad de reformar las normativas para permitir una tutela efectiva ante este tipo de casos, pero se mostró más conciliador mediante la búsqueda de soluciones. «Animó al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que aporten medios suficientes para que los tribunales cuenten con toda la ayuda para hacer frente a las demandas colectivas. Estas acciones conllevan una carga de trabajo superior, por eso, los jueces que actúen en estos asuntos siempre deberían tener dos o tres jueces de apoyo para facilitar su labor».

Posibles soluciones

Ante los problemas para llevar a cabo acciones colectivas en España, los ponentes de esta jornada apuntaron que la solución definitiva podría venir desde Bruselas. «En junio de 2013, la UE solicitó a los países miembros que hicieran esfuerzos por unificaran sus respuestas ante este tipo de demandas. También insistió en que los tribunales agrupasen acciones con las mismas pretensiones en una única, para potenciar así el acceso de los consumidores a la Justicia y contribuir a que ésta sea más eficaz mediante la reducción de procesos», dijo Varela.

El fiscal superior de Galicia explicó además que la UE ya ha dicho que en 2017 verificará entre sus miembros la implantación de estas mejoras en los sistemas judiciales, así que España deberá hacer un gran esfuerzo para ponerse al día.