Los retos que tendrá que afrontar el nuevo el titular de Justicia

Expansion.com 23/09/2014

La salida de Gallardón hace que toda una serie de proyectos queden en el aire, a la espera de que Rafael Catalá, nuevo responsable de Justicia, los retome o, por el contrario, sean olvidados para siempre.

La salida del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, deja en el tintero los proyectos más ambiciosos de su legislatura. Muchas de las reformas anunciadas a su llegada y con las que, según aseguraba, pretendía dar un vuelco a la Justicia, definitivamente ya no verán la luz, y otras quedarán a la espera de lo que decida el nuevo responsable del ministerio, Rafael Catalá.

– La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judiciales uno de los grandes proyectos legislativos que el hasta ayer ministro de Justicia deja en el aire con su partida. Se trataba de una reforma global de calado que incluía una nueva reorganización judicial desde sus cimientos. A través de esta ley, se introducían cuestiones como la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, la nueva regulación de los aforados o se declaraba hábil el mes de agosto. De la mano de esta reforma iba la Ley de Demarcación y Planta, que ya había sido guardada en el cajón, y que serviría para poner en marcha el nuevo modelo judicial con los tribunales de instancia y la desaparición de las audiencias provinciales.

– Otro gran proyecto que queda aparcado es el nuevo Código Procesal Penal, que cedía la instrucción de las causas al fiscal, bajo la vigilancia de un juez de garantías imparcial, no implicado en la investigación. Precisamente, a este texto hizo mención el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hace un par de semanas en la Apertura del Año Judicial, lamentando que el proyecto se hubiera paralizado. El texto de esta reforma también contemplaba excluir del ejercicio de la acción popular a los partidos políticos, a los sindicatos y a las personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo.

– La legislatura de Gallardón también parecía que iba a ser la definitiva para sacar el nuevo Código Mercantil adelante, un proyecto que lleva ya años pendiente en el ministerio y que por fin parecía haber recibido el impulso definitivo. Pasó el primer visto bueno del Consejo de Ministros y, actualmente, se encuentra en fase de informe en el Consejo de Estado. El objetivo de este texto es, entre otras muchas cosas, organizar y reagrupar la legislación existente en materia mercantil, añadiendo cuestiones que estaban carentes de regulación. Esta ley plantea, además, garantizar la unidad de mercado para aumentar la seguridad jurídica.

– La Ley de Jurisdicción Voluntaria, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en agosto, tampoco ha llegado a aprobarse. Descarga de asuntos a la Administración de Justicia entregando toda una serie de competencias a otros colectivos del ámbito jurídico, como notarios o registradores.

– La Ley de Justicia Gratuita, una de las normas más polémicas del ministro Ruiz-Gallardón, lleva meses en tramitación y está pendiente de ser aprobada en el Congreso. En ella se amplían los colectivos beneficiados y se elevan los umbrales de renta para acogerse a este derecho, pero también se introducen controles para evitar abusos. Por ejemplo, se establece la presunción de abuso cuando la persona solicite tres veces al año este derecho.

La abogacía se ha opuesto a esta reforma por considerar que empeora el texto anterior y “pone en riesgo” el buen funcionamiento del modelo actual con el servicio que prestan los 42.500 abogados de oficio.

– La Ley de Servicios y Colegios Profesionales es una de las cuestiones más peliagudas que quedan sobre la mesa y a las que deberá enfrentarse el nuevo ministro. Aunque el proyecto depende del Ministerio de Economía, Justicia desempeña un papel clave en la defensa de los intereses de las profesiones jurídicas afectadas, en cuestiones como la colegiación obligatoria o la incompatibilidad entre abogados y procuradores. El texto pasó su primer visto bueno del Consejo de Ministros en agosto de 2013.

– Los procuradores, además, tendrán que esperar a ver en qué queda la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pasó su primer visto bueno en el Consejo de Ministros en mayo de 2013 y desde entonces no ha habido novedad. Este texto preveía entregar nuevas competencias en materia de embargos y ejecuciones a los procuradores, algo crucial para este colectivo si finalmente se ve afectado por la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

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