Sala Segunda. Sentencia 3/2015, de 19 de enero de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7045-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración de las faltas de hurto (STC 185/2014).

26/02/2015

Departamento:

Tribunal Constitucional

Publicación:

BOE nº 47 de 24/02/2015, p. 26 a 32 (7 páginas)

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7045-2013, planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración de los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado y se han personado el Congreso y el Senado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El día 3 de diciembre de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento (recurso de apelación de juicio de faltas núm. 79-2013), el Auto de 8 de noviembre de 2013 en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y de los principios de culpabilidad, en su vertiente de responsabilidad por el hecho, de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

La cuestión de inconstitucionalidad se propone por el mismo órgano judicial que planteó la cuestión registrada con el núm. 5318-2013, resuelta por el Pleno de este Tribunal en STC 185/2014, de 6 de noviembre, en la que se abordaron las dudas de constitucionalidad formuladas ahora en idénticos términos en el Auto de planteamiento.

2. Los antecedentes de la presente cuestión, según resulta del Auto de planteamiento y de la documentación adjunta, son los siguientes:

a) Doña Erika Osmanovic fue condenada en el juicio de faltas núm. 182-2013 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, por Sentencia de 18 de marzo de 2013, como autora de una falta de hurto prevista y penada en el artículo 623.1 del Código penal (CP), donde se le impuso la pena de diez días de localización permanente a cumplir en centro penitenciario. En ese precepto se prevé la imposición de la pena de localización permanente (y no de la alternativa pena de multa), que el Juez puede disponer que se cumpla en centro penitenciario, en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto (hurto cuyo valor no excede de los 400 euros). Conforme a su párrafo segundo, «para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas». El fundamento de Derecho tercero de la Sentencia impuso la pena de localización permanente «dado que a las denunciadas les constan varios antecedentes policiales por faltas de hurto reiteradas y que habitualmente cometen este tipo de hechos como modus vivendi según manifestaciones del testigo Guarda Urbano».

b) La Sentencia fue recurrida en apelación por dos motivos: se niega que existiera prueba de cargo suficiente, ya que la víctima no compareció en el juicio oral; subsidiariamente, se rechaza que existan elementos suficientes para imponer la pena de localización permanente, ya que el artículo 623.1 CP al sancionar la perpetración reiterada de faltas adolece de indeterminación contraria al principio de legalidad y al no exigir que las infracciones hayan sido enjuiciadas vulnera el principio de presunción de inocencia.

c) Una vez finalizada la tramitación del recurso como el rollo de apelación núm. 79-2013, mediante providencia de 5 de septiembre de 2013, el Magistrado designado para conocer como órgano unipersonal del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó conceder a las partes personadas un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la oportunidad de promover cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 623.1, párrafo segundo, CP, por su posible contradicción con los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE. Considera el proponente que «la mención ”hayan sido o no enjuiciadas” es contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 CE, al permitir que hechos que no hayan sido declarados probados por una Sentencia firme sean considerados como cometidos para aplicar la respuesta penal agravada», lo cual implica, añade, «una violación del principio de culpabilidad en su faceta de responsabilidad por el hecho». La providencia se plantea que «hipotéticamente, cabría aventurar una posible ”interpretación adecuadora”, que tendría más de operación reconstructiva, entendiendo que la citada mención ha de entenderse en el solo sentido de incluir los hechos que vayan a ser enjuiciados en el mismo procedimiento o los declarados probados en sentencia firme. Sin embargo, tal solución, a su juicio, forzaría la literalidad de la disposición y la génesis del precepto y tendría costes inasumibles desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y legalidad penal (art. 25.1 CE), tanto en su vertiente formal (reserva de ley) como material (principio de taxatividad)».

d) El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado el 1 de octubre de 2013, sin entrar en el fondo, pero recordando que no puede prosperar una cuestión que plantee dudas interpretativas, consideró que «la norma cuestionada es determinante para la resolución del recurso porque ha sido el artículo 623.1 CP el precepto aplicado al caso de autos por el juzgador a quo y el que debe aplicar, en su caso, el juzgador ad quem, y que también el momento procesal es el oportuno, pues sólo resta dictar sentencia para concluir el rollo de apelación». La apelante condenada dejó pasar el plazo sin presentar alegaciones.

e) El órgano judicial dictó Auto el 8 de noviembre de 2013 en el que acordó plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, CP, por posible vulneración de los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE.

Ver documento:

BOE-A-2015-1891