Ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio no es delito de intrusismo

diariojuridico.com 17/12/2014

La Audiencia Provincial de Madrid considera que se trata de una infracción disciplinaria que tiene su respuesta en el ámbito deontológico.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid considera que ejercer de abogado sin estar dado de alta en el colegio de abogados no supone un delito de intrusismo, tal y como solicitaba el Colegio de Abogados de Madrid en el recurso contra el archivo de la querella criminal que presentó contra un letrado por formar parte de un proceso penal cuando estaba de baja en el Colegio.

Los magistrados señalan que actuar como abogado sin estar colegiado ya no es ni siquiera falta penal, sino una cuestión de orden disciplinario a denunciar ante el Colegio a fin de que por los órganos rectores de éste se adopten las medidas oportunas.

El delito requiere –dicen los jueces-, de dos elementos: el ejercicio de actos propios de una profesión titulada y hacerlo careciendo de dicha titulación.

Lo relevante –concluyen-, es la carencia de preparación, que viene objetivamente determinada por un título académico expedido por el Estado, “pues ello supone un fraude social y al tiempo un peligro para la atención que la sociedad tiene derecho a recibir de quienes se presentan como profesionales de una determinada rama o especialidad del saber, por lo que el hecho de que no se esté de alta en el colegio respectivo o al día de pago en las cuotas sociales, son cuestiones de menor entidad, que tiene su respuesta en el ámbito deontológico disciplinario”.

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La elite jurídica china busca formación legal en España

Expansion.com 13/12/2014

El Centro de Estudios Garrigues enseña normativa europea a 47 abogados provenientes de los 20 mejores bufetes de China. El objetivo: comprender nuestro derecho para potenciar los contactos económicos.

Existen muchas maneras de impulsar la economía española fuera de nuestra fronteras. Una de las más llamativas se ha forjado a través de un acuerdo entre la All China Lawyers Association (ACLA) y el Centro de Estudios Garrigues, institución en la que 47 abogados están recibiendo una formación acelerada en derecho español y europeo. De esta manera, estos letrados comprenderán nuestros entresijos normativos y podrán aconsejar mejor a sus clientes cuando decidan invertir en nuestro país.

«La economía china atraviesa un periodo muy dinámico y muchas compañías miran hacia España para realizar inversiones. Para nosotros, como abogados, es esencial comprender a lo que se tendrán que enfrentar legalmente en caso de que decidan hacer negocios en España. Este curso nos está dando todas las herramientas necesarias para aconsejar a nuestros clientes», explica Haiyan Cui, socia sénior de Brighteous Law Firm.

Su colega Yi Zhang, socio de Zhong Lun Law Firm, está convencido de que todos los letrados regresarán a China con las ideas mucho más claras sobre el sistema legal español. «A través de estas seis semanas, estamos asimilando el funcionamiento normativo español, sobre todo en materias como energía, propiedad intelectual, derecho marítimo, arbitraje internacional o derecho corporativo y financiero. Nos está sirviendo para asimilar el know how legal, pero también para entender la cultura local, así como la manera de hacer y actuar, algo muy necesario para realizar este tipo de inversiones».

Tanto Cui como Zhang dicen haber percibido un enorme potencial empresarial en España y aseguran que nuestro país es un lugar muy atractivo para las compañías chinas. «Existen muchas áreas en las que España y China pueden cooperar, como en asuntos financieros o en energías renovables, y estamos formándonos para poder potenciar este tipo de cooperación económica», asevera Cui.

Normas similares

Tras más de cinco semanas de formación, Gao Xiaoguang, socio director de Paramount Law Firm, asegura que, en el fondo, nuestro sistema normativo no es tan diferente al chino, ya que se basa en códigos, no como ocurre en el derecho anglosajón. «Las leyes españolas son algo que nos resulta familiar, aunque evidentemente existen muchos matices. China está reconstruyendo su sistema legislativo y las relaciones económicas internacionales están teniendo influencia en las nuevas normas. Por eso, este curso también nos puede servir para apoyar al legislador en el proceso de creación de leyes, como asesores, y explicar lo que existe en España».

Estructura del curso

Este programa se empezó a forjar en Shanghai, mediante conversaciones entre la sede de Garrigues allí y la ‘All China Lawyers Association’. Una vez en manos del centro de estudios del bufete, éste elaboró un programa teórico-práctico repartido en seis semanas e impartido en inglés. Las tres primeras semanas se centran en sesiones explicativas de la normativa española en materias como la propiedad intelectual, el derecho internacional marítimo o asuntos relacionados con las áreas de laboral o fiscal. Durante la cuarta semana, los 47 letrados chinos han visitado las instituciones europeas, para comprender de primera mano su funcionamiento. En las dos últimas semanas, los abogados acuden a la sede madrileña de Garrigues para enfrentarse in situ a casos prácticos junto a los socios del despacho.

Guía para no perderse en la nueva Ley de Sociedades de Capital

Expansión.com 11/12/2014

La reforma, que incide en los aspectos de buen gobierno, otorga mayor relevancia a la junta para adoptar decisiones, establece más responsabilidades a los administradores e impone un control sobre sus sueldos.

El próximo 24 de diciembre entrará en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Esta norma pretende, como aparece explicado en la exposición de motivos, reforzar la confianza de los inversores y generar valor en la propia empresa a través del buen gobierno. «Esta modificación era necesaria para evitar que las sociedades mercantiles asuman riesgos innecesarios, diseñen un sistema de retribución inapropiado o cuenten con una composición de dirección deficiente», explica Iñaki Frías, abogado del área de mercantil de Rousaud Costas Duran. De la mano de este letrado, realizamos un repaso a los principales cambios que el legislador ha realizado en esta ley para mejorar el buen gobierno en el conjunto de las sociedades de capital.

Competencias de la junta general

El texto refuerza su capacidad y fija la obligación de que todas las adquisiciones, enajenaciones o aportación a otra sociedad de activos esenciales sea autorizada por parte de la junta general. En sociedades cotizadas, también fija como competencia expresa de ésta la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrollada por la propia empresa, las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad y la política de remuneraciones de los consejeros. Además, la junta podrá impartir instrucciones sobre determinados asuntos de gestión.

Conflictos de intereses

La reforma también regula, con mayor detalle, las situaciones de conflictos de intereses que pueden existir para los accionistas a la hora de ejercer su voto en determinadas cuestiones, como el de concederle un derecho, excluirle de la sociedad o facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, entre otros muchos asuntos.

Voto de acuerdos
Respecto a la adopción de acuerdos en la junta general de la sociedad, el nuevo texto explica que deberán votarse de manera separada todos los asuntos que sean claramente independientes. Es decir, que aunque figuren en el mismo punto del orden del día, tendrán que votarse de forma separada los nombramientos, ratificaciones, reelecciones o separación de cada uno de los administradores; la modificación de cada artículo o grupo de artículos de los estatutos sociales que tengan autonomía propia; o todos aquellos temas que así lo dispongan los estatutos de la sociedad.

Impugnación y plazos

Dentro de la facultad de impugnar acuerdos por parte de los accionistas, se añade expresamente la posibilidad de hacerlo frente a aquellos que se adopten de forma abusiva por parte de la mayoría en interés propio y en perjuicio injustificado del resto de socios. Además, se unifican los plazos de impugnación para todos los acuerdos: un año desde la adopción de la medida, recepción de la copia del acta si éste fuera alcanzado por escrito o si hubiera sido inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. En el caso en el que dichos acuerdos fueran contrarios al orden público, se especifica que el plazo de impugnación no caduca ni prescribe. Asimismo, se elimina la posibilidad de impugnar acuerdos sociales por infracción de determinadas formalidades y requisitos meramente procedimentales. Por último, la norma también estipula que, en las sociedades cotizadas, el plazo de impugnación de los acuerdos sociales se reduce a tres meses.

Derecho de información

En este asunto, la nueva norma especifica que en el caso en el que los accionistas que soliciten verbalmente información o aclaraciones durante la junta general, y dicho derecho se vea vulnerado, sólo podrán exigir el cumplimiento de la obligación de la información y los daños y perjuicios que se hayan podido causar, pero esta infracción nunca será causa de impugnación de la junta.

Diligencia del consejo

La norma amplía y regula con mayor detalle los deberes de diligencia y lealtad de los administradores. Entre otros asuntos, la reforma fija que cualquier infracción del deber de lealtad no sólo determinará la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino que también se deberá devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido. Además, en el supuesto de producirse un incumplimiento por parte de los administradores, los socios de la compañía con una participación mínima del 5% tendrán mayor libertad y podrán iniciar una acción social de responsabilidad contra dichos administradores sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

Facultades indelegables

El consejo de administración ve como se amplía sus facultades indelegables, como, entre otras, la supervisión del buen funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido, así como la actuación de los órganos delegados y directivo que haya designado.

Reuniones y evaluación

La reforma establece la obligación de que el consejo de administración se reúna, al menos, una vez por trimestre, lo que refuerza la obligación de control que el consejo debería tener sobre la compañía. En las sociedades cotizadas, el consejo de administración deberá llevar a cabo una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones. Por otro lado, el consejo deberá proponer, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas.

Sistema de retribución

El nuevo texto explica que se deberán determinar conceptos retributivos a percibir, como la asignación fija, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, indemnizaciones por cese, así como los sistemas de ahorro. Como novedad destacable, la ley establece la necesidad de que la remuneración guarde una proporción razonable con la relevancia de la compañía, la situación económica de la misma, así como los estándares de mercado de empresas comparadas.

Por otro lado, el sistema de remuneración debe estar diseñado para promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Además, también se debe incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y resultados desfavorables.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal limitará la instrucción a 6 y 18 meses

Diariojurídico.com 09/12/2014

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de la LECrim, que limitará la investigación de los delitos a seis o 18 meses según la complejidad de los asuntos, aunque no informa sobre la inversión en recursos que permitan cerrar las investigaciones en los plazos previstos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y que limitará la instrucción de los delitos a seis meses para las causas sencillas y a 18 para los sumarios más complejos, como los relativos a corrupción, terrorismo o grupos criminales, entre otros.

El plazo de seis meses se contabilizará desde el inicio del sumario. Si la investigación es compleja, el plazo será de 18 meses, que podrá ser prolongado por igual plazo o por uno inferior, previa audiencia de las partes personadas en la causa. Solo de forma excepcional y con resolución motivada, y recurrible, podrá ampliarse ese plazo máximo.

Se considerarán delitos complejos los que hayan sido cometidos por grupos u organizaciones criminales, tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.

Según explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la nueva ley incorporará las medidas que el Gobierno considera más urgentes a la espera de alcanzar un acuerdo para aprobar el borrador de Código Procesal Penal que impulsó el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y que tenía unas pretensiones de cambio mucho más radicales, aunque actualmente se encuentra aparcado.

Un “brindis al sol”

“La fijación por ley de esos plazos máximos, sin actuar sobre las causas reales que ralentizan los asuntos, es una medida de mera propaganda, que no va a permitir resolver los procedimientos de manera más rápida”. Así de contundente se ha mostrado Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, ante los cambios anunciados por Rafael Catalá.

Bosch considera que la fijación de un plazo máximo para las investigaciones penales en estas condiciones puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, que pueden ser “especialmente preocupantes” en los casos de corrupción. “Solo hay que pensar que en asuntos como el caso Urdangarín, el caso Gürtel, el caso de los EREs o el caso Fabra, entre muchos otros, si se hubiera aplicado ese plazo máximo, hay muchísimos datos que habría sido imposible conocer”, explica.

Según el juez, resulta mucho más sencillo “maquillar una ley en el parlamento” que afrontar las reformas estructurales que necesita nuestro sistema judicial. “Pero ello no justifica que se pretenda actuar a base de golpes de efecto o de brindis al sol”, dice, quien considera esta iniciativa como un gesto precipitado, que supone un “parche poco realista” y “absolutamente incapaz” de resolver los problemas de la administración de justicia.

“En su comparecencia ante los medios el ministro Rafael Catalá no ha explicado cuáles son las inversiones en los recursos materiales y personales que permitirán que se puedan cerrar las investigaciones penales en los plazos indicados. Al contrario, a los jueces nos ha dicho que no se van a crear nuevas plazas judiciales, ni se van a efectuar inversiones que mejoren los recursos actuales. Sorprende que sigan sin resolverse cuestiones básicas y que, a la vez, se exijan plazos que de antemano se sabe que son imposibles de cumplir”, concluye Bosch.

Agilización de la justicia penal

Entre las medidas previstas en el anteproyecto para la agilización de la justicia penal también figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el “automatismo” que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa. La acumulación por conexión sólo tendrá sentido si concurren circunstancias tasadas y cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable.

A su vez, la ley establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por un abogado, acepte la pena fijada. Está previsto para los delitos de escasa gravedad cuya sanción sea multa o pena de prisión sustituible por la primera, como pueden ser los delitos contra la seguridad vial cometidos con embriaguez.

Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados que actualmente son archivadas inmediatamente, previo visto bueno del fiscal. Para garantizar un adecuado control judicial, serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

Garantías procesales

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal, el anteproyecto de ley también fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal.

Se establece en el ordenamiento español una vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que España resulta condenada a través del recurso de revisión, lo que ha conllevado una modificación de los motivos por los que se puede impugnar una sentencia penal por esta vía excepcional.

Además, se regula un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.

Medidas de investigación y nuevas tecnologías

El artículo 579 de la LECrim se sustituirá por una nueva redacción del Título VIII del Libro II de dicha norma en el que se incluyen las nuevas tecnologías. Se dividirá en cuatro apartados: Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; Captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; y Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.

La regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos siguientes: los castigados con pena de al menos tres años de prisión; los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; los de terrorismo; y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.

El anteproyecto establece que en ningún caso la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo que estos estén también encausados por los hechos investigados.

El Supremo confirma que la toma de ADN debe hacerse con asistencia de abogado

Diariojuridico.com 04/12/2014

Esta es la primera vez que el alto tribunal aplica la nueva doctrina, pero matiza que la impugnación de la actuación policial hay que hacerla durante la instrucción.

El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez su nueva doctrina sobre pruebas de ADN y ha revocado una absolución de asesinato dictada por la Audiencia de Sevilla, ordenando a dicho tribunal que pronuncie nueva sentencia en la que incluya y valore dentro del cuadro probatorio la prueba genética relativa a los dos acusados.

El tribunal reafirma en la sentencia que se requiere la asistencia de letrado en la prestación del consentimiento del detenido para la obtención de material biológico para la determinación de su ADN no codificante. Sin embargo, precisa que el cuestionamiento de la validez de esa actuación policial por parte de la defensa en otra causa debe producirse durante la instrucción para que pueda ser examinada de forma contradictoria.

En el caso tratado, los abogados la impugnaron una vez concluida la instrucción, por lo que la prueba de ADN de ambos acusados sí debe tenerse en cuenta por el tribunal sentenciador.

La sentencia tiene dos votos particulares. El magistrado Juan Ramón Berdugo discrepa de la exigencia de que el consentimiento del acusado detenido para la práctica de prueba de ADN y su inclusión en la base de datos policial precise de asistencia letrada, al considerarlo tan improcedente como si se exigiese para la reseña de la huella dactilar o la fotográfica.

Por su parte, el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, que abogó por la confirmación de la absolución de los dos acusados, entiende que no cabe limitar temporalmente a la instrucción la posibilidad de las defensas de impugnar la prueba de ADN por haber sido practicada sin asistencia letrada.

Los bufetes tratan de mitigar los riesgos de los ‘wearables’

Expansion.com 4/12/2014

Estos dispositivos inteligentes incorporados a nuestro cuerpo mediante pulseras, relojes o prendas de ropa, podrían presentar un riesgo legal para la privacidad y la protección de datos de los consumidores.

Los wearables son el producto que más está creciendo en el sector tecnológico. Su imparable ascenso quedó patente en la edición de 2014 del Mobile World Congress, celebrado en Barcelona. Estos aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando continuamente con el usuario y con otros dispositivos –como los smartphones– con la finalidad de realizar alguna función específica, se encuentran cada vez más presentes en nuestras vidas. Pueden ser relojes inteligentes, zapatillas de deporte con GPS incorporado o pulseras que monitorizan nuestro estado de salud.

Algunos de estos dispositivos se llevan puestos los 365 días del año y suelen recoger dos tipos diferentes de datos: biométricos (huella, foto de la cara, etc.) y biomédicos (constantes vitales, actividad física, calorías…). Muchos de estos dispositivos están clasificados como sanitarios –que es como nacieron– , por lo que tienen que cumplir con una serie de leyes y una directiva europea.

Sin embargo, los wearables se están generalizado como un gadget atractivo a través de joyería, llaveros, anillos, etcétera, y según los expertos consultados por EXPANSIÓN, «muchas veces se están saltando las legislaciones». Este tipo de aparatos suele recoger y enviar a otro dispositivo información sensible, donde se almacena. El problema, asegura Carmen Casado, abogada de Jausas, es que «esto presenta un riesgo para la privacidad y la protección de datos, porque hay una amenaza de que el consumidor pierda el control de sus datos de carácter personal». Casado añade que «el 85% de las aplicaciones no ofrece información a los usuarios de qué se va a hacer con la información de carácter personal de los usuarios».

Para Eduard Blasi, abogado de Marimón, «las empresas pueden deducir muchas cosas de la actividad de estos aparatos. Por ejemplo, de un dispositivo que mide la actividad física se puede saber si una persona es sedentaria, qué peso tiene o cuáles son sus hábitos, información confidencial muy atractiva para muchas compañías de servicios para ofrecer sus productos para potenciales clientes».

ResponsabilidadLas empresas que crean y lanzan estos productos tienen una responsabilidad y están empezando a contratar a bufetes para identificar dónde pueden estar los riesgos. Aunque las peticiones de asesoramiento todavía no están siendo muy altas, empieza a haber un gran número de acercamientos y consultas de fabricantes. «Los abogados, además de tratar de adelantarnos a los problemas legales que pudieran surgir, debemos diseñar las políticas de privacidad y de confidencialidad para que el usuario pueda otorgar la autorización necesaria», explica Casado.

Muchas multinacionales del sector del deporte ya están desarrollando o participando en aplicaciones que tienen un componente importante en el ámbito de la salud. Google, por ejemplo, prepara en colaboración con Novartis unas lentillas inteligentes para diabéticos, que les ayudará a medir con mayor precisión el nivel de glucosa en las lágrimas. Tendrán unos sensores no invasivos, así como microchips y componentes electrónicos muy pequeños.

LegislaciónAlejandro Touriño, socio de Ecija, asegura que unos de los principales problemas en estos casos es que, «como muchas veces, los fabricantes de estos dispositivos son nortearicanos, se niegan a aceptar la legislación europea. Es cierto que ya se ha apuntado, como en el caso del derecho al olvido, que si el proveedor es europeo, tiene que atenerse a la legislación comunitaria, pero en la práctica muchas compañías no lo hacen».

Touriño añade que lo más importante es que «estos aparatos o aplicaciones tengan un procedimiento claro para pedir y obtener el consentimiento del usuario para el tratamiento de sus datos. Y además que se aclare muy bien cómo serán tratados esos datos, para verificar que no se usan para otros fines».

¿Herramientas para el espionaje?Muchos de estos ‘wearables’ tienen una cámara de vídeo incorporada para, por ejemplo, ir grabando el recorrido que un corredor realiza durante una carrera o en sus entrenamientos. Al igual que muchos espías han pirateado las webcam de muchos ordenadores de sobremesa o portátiles de cualquier usuario, los ‘hackers’ también podrían acceder fácilmente a las cámaras de los ‘wearables’.

Se estaría desarrollando, sin que el usuario sea consciente, una herramienta de espionaje difícil de detectar si se encuentra en joyas o partes de la ropa, por ejemplo. En este momento, los expertos no creen que los ‘wearables’ estén en el punto de mira de los creadores de amenazas APT (amenazas persistentes avanzadas), pero añaden que es probable que en el futuro se conviertan en objetivo si llegan a ser adoptadas ampliamente por los consumidores. «En el futuro, los datos recogidos por estos dispositivos atraerán nuevos jugadores a la escena el ciberespionaje», aseguran.

El presidente del CGPJ pide una nueva organización de los tribunales

diariojuridico.com 26/11/2014

Lesmes considera que crear nueves plazas no ha servido para disminuir proporcionalmenfte la pendenica, por lo que además de asignar más medios, cree que es necesario replantear la organización judicial tanto a nivel territorial como funcional

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dónde ha solicitado una nueva organización de los tribunales para mejorar el funcionamiento de la Justicia y adaptarla a las necesidades del s.XIX.

Lesmes considera que es preciso un cambio “profundo” en la organización de los Tribunales, tanto territorial como funcional, una redefinición de la carrera de los jueces, el impulso de una oficina judicial moderna, la introducción y mejora del uso de las nuevas tecnologías y la potenciación de la seguridad jurídica con un nuevo diseño del recurso de casación y de la posición institucional del Tribunal Supremo.

Para Lesmes esto debe ir unido a la creación de nuevas plazas de jueces pero considera que la organización es “inadecuada” para la realidad española y que por eso la creación de más de 2.500 plazas judiciales no ha servido para disminuir proporcionalmente la pendencia.

En la misma necesidad de cambio, ha añadido Lesmes, incurre la Ley de Planta y Demarcación de 1988, ya que desde su publicación el sistema de Justicia se ha visto sometido a los cambios de la sociedad española, con un incremento de la población de más del 15 % y un aumento de la litigiosidad del 100 % en los últimos veinte años.

En su intervención, el presidente del TS y del CGPJ ha hecho especial referencia al proceso penal, del que ha dicho que no responde correctamente a las necesidades del momento actual, incrementadas de manera sustancial por el gran número de casos de corrupción y macrocausas que se tienen que resolver.

Después de casi setenta modificaciones en tres siglos distintos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, se ha convertido en un texto complejo, desarticulado e irreconocible, lo que ha hecho que su “reforma integral” haya devenido una demanda reiterada, ha dicho Lesmes.

Para Lesmes, la reforma debe centrarse en el papel del juez para asegurar la tutela de los diferentes intereses desde una posición de imparcialidad, lo que obliga a reformar la tarea de instrucción de los procesos, para fortalecer el derecho de defensa. “El objetivo último ha de ser la eficacia en la Justicia Penal, con la finalidad de que se obtengan, con respeto a las garantías de los justiciables, prontas condenas y que éstas se cumplan de forma inmediata y sin dilaciones”, ha concluido.

Para el presidente del TS, las reformas son necesarias para garantizar que la justicia funcione porque sino “no hay Estado de Derecho ni hay regerenación de las instutciones”. La garantía del sometimiento al imperio de la ley de los ciudadanos y de los poderes públicos, ha añadido, corresponde en última instancia a los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial, de modo que solo será posible la efectividad del Estado de Derecho con una Justicia que funcione.

Radiografía de la Justicia en España: primer semestre de 2014

En su comparecencia, Lesmes también ofreció datos sobre la Justicia en España en el primer semestre de 2014. En estos meses, en los Juzgados y Tribunales españoles ingresaron 4.424.561 asuntos y fueron resueltos 4.569.211. El número de asuntos en trámite a 30 de junio era de 2.539.665 y la cifra de sentencias dictadas hasta esa fecha de 846.823.

Las cifras indican que la tasa de litigiosidad global apenas ha experimentado variación(0,6 %), aunque se observa un aumento en la jurisdicción civil (13,3 %) y en la contencioso-administrativa (8,5 %) y un descenso en la penal (2,4 %) y en la social (7,1 %). Por otra parte, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 %, aunque la de pendencia ha bajado el 2,2 % y la de congestión se ha reducido en un 0,7 %.

Los datos indican asimismo que la duración media de los procedimientos ha bajado considerablemente respecto al primer semestre de 2013 –un 3,9 % en primera instancia y un 8,7 % en segunda instancia-, salvo en el Tribunal Supremo, donde ha aumentado un 2,5 %.

 

 

Economía propone rebajar honorarios de procuradores para abaratar los pleitos

Expansion.com 24/11/2014

La última versión del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales implica una importante bajada de precios para los procuradores, pero mantiene la incompatibilidad en el ejercicio de su profesión y la de abogado.

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales puede suponer una rebaja importante de aranceles para los procuradores. Si finalmente el texto es aprobado como proyecto de ley por el Consejo de Ministros, los aranceles dejarán de ser una tarifa fija para convertirse en la cuantía máxima que estos profesionales podrán cobrar por sus servicios, abriendo la puerta a una liberalización de precios.

Así aparece reflejado en el último texto que circula actualmente y con el que podrían estar negociando los diferentes ministerios implicados. El texto tiene fecha del 11 de noviembre y va acompañado por una memoria de impacto normativo de la misma fecha.

Esta última versión contempla la aprobación de un real decreto que, «con el fin de incentivar la competencia entre procuradores y evitar aranceles desproporcionados y prácticamente ilimitados», regule el arancel de acuerdo con una serie de parámetros. En este sentido, la cuantía del mismo tendrá carácter de máximo y los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes en el que conste expresamente la disminución ofrecida respecto del tope previsto en la normativa. En caso de que no haya disminución, también tendrá que reflejarse este hecho.

Además, la cuantía global que podrán cobrar por un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros, una cifra que se ha visto reducida respecto al texto que circulaba el pasado mes de julio, con el tope en 150.000 euros. En la regulación vigente, el límite está en 300.000 euros.

Respecto a los procesos concursales, el anteproyecto apunta que «la base para regular los derechos que se devenguen será el 50% del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal». Sin embargo, todas estas medidas dependen de la aprobación de un real decreto tras la entrada en vigor de la nueva ley. Mientras, la reforma establece medidas que serán de aplicación inmediata una vez aprobada la norma. Es el caso de la rebaja generalizada de la cuantía de los aranceles

Rebaja de aranceles

La cantidad a pagar disminuirá en un 10% cuando la cuantía del procedimiento sea de hasta 601.012 euros –es decir, la gran mayoría de los pleitos–; en un 30%, cuando la cuantía esté comprendida entre 601.012, 01 euros y 10 millones de euros; en un 40%, cuando sea de entre 10 millones de euros y 50 millones; en un 50%, para pleitos de entre 50 millones y 100 millones de euros, y en un 60%, cuando la cuantía supere los 100 millones de euros.

En la actualidad, la norma que regula el arancel permite un incremento o disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su cliente.

El texto ha descartado la opción de eliminar por completo el arancel, que sí aparecía inicialmente. La razón, según apunta la memoria de impacto, es que ello podría hacer que se fijaran tarifas por encima de lo debido: «Un escenario de formación libre de precios en un contexto oligopolístico no permite esperar que existan presiones para una formación eficiente de precios».

Pero no todo son malas noticias para los procuradores. El texto incluye un importante éxito del colectivo en uno de los temas más delicados que ponía en peligro el futuro de la profesión: se mantiene la incompatibilidad entre abogados y procuradores, algo que el Ministerio de Economía, del que depende esta ley, insistía en suprimir. La cartera del ministro Luis de Guindos cedería en este punto manteniendo la prohibición de que una misma persona lleve la representación y defensa en juicio. Según explica la memoria de impacto, en esta decisión ha influido el informe del Consejo de Estado, que lo desaconsejaba.

Escepticismo

En declaraciones a EXPANSIÓN, el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, se ha mostrado escéptico respecto a la aprobación definitiva de este polémico texto, que no da por bueno. Aun así, sostiene que en él se incluyen mejoras para los procuradores respecto a la versión del pasado julio, como la mencionada sobre la incompatibilidad entre abogados y procuradores, o la irretroactividad de las medidas sobre los aranceles.

La aprobación de esta reforma de la Ley de Servicios está resultando muy polémica. El texto, que depende de Economía, está generando importantes tensiones con otras carteras ministeriales, entre ellas la de Justicia, lo que puede dificultar su aprobación definitiva.

Sociedades profesionales multidisciplinares

La última versión del anteproyecto mantiene la incompatibilidad entre abogado y procurador prevista actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero propone modificar la Ley de Sociedades Profesionales para permitir expresamente a las sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura. Es decir, se autoriza que ambos colectivos se integren en una misma asociación, como excepción a lo previsto en la citada ley, que permite que las sociedades profesionales puedan ejercer varias actividades, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal.

De esta forma, tal y como apunta la memoria de impacto normativo, «el cliente tendría la posibilidad de obtener una atención integral a través de una sola asociación profesional». Y continúa señalando que «la intervención en el proceso judicial se efectuaría mediante abogado, que ejercería la defensa, y procurador, que ejercería la representación procesal y las demás funciones previstas en la ley».

Cambios

– La disposición adicional primera mantiene la colegiación obligatoria para abogados y procuradores.
– Se modifica la Ley de Acceso, estableciendo un único título profesional de abogado y procurador que habilite para el ejercicio de ambas profesiones, si bien no se podrán ejercer a la vez.
– La memoria de impacto apunta que la proporción de estudiantes de los posgrados de procura es muy inferior a los de abogacía.

El CGPJ nombra a los presidentes de doce salas de Tribunales Superiores de Justicia

diariojuridico.com  21/11/2014

Se trata de salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social de los TSJ de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Navarra y el País Vasco

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a los presidentes de doce Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de ocho Tribunales Superiores de Justicia.

Las plazas decididas este jueves se habían convocado el pasado mes de septiembre y corresponden a las presidencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ de Andalucía, Asturias, Murcia y Navarra y de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Navarra y el País Vasco.

La mayoría se han elegido con más de 14 votos, de un total de 20 por la ausencia del vocal Juan Manuel Fernández. El puesto más reñido ha sido el de Presidente de la Sala de lo Social de Navarra, finalmente ha sido elegido Victoriano Cubero Romeo con nueve votos, por el voto de calidad del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Los candidatos elegidos por el pleno son los siguientes:

TSJ de Andalucía:

  • Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: Antonio Moreno Andrade (14 votos)
  • Presidente de la Sala de lo Social: Francisco Javier Vela Torres (16 votos)

TSJ de Asturias:

  • Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: Jesús María Chamorro González (18 votos)
  • Presidente de la Sala de lo Social: Jorge González Rodríguez (15 votos)

TSJ de Cantabria: 

  • Presidenta de la Sala de lo Social: María Mercedes Sancha Saiz (20 votos)

TSJ de Castilla-La Mancha: 

  • Presidente de la Sala de lo Social: Pedro Librán Sainz de Baranda (11 votos)

TSJ de Castilla y León:

  • Presidenta de la Sala de lo Social: María José Renedo Juárez (20 votos)

TSJ de Murcia:

  • Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: Abel Ángel Sáez Doménech (14 votos)
  • Presidente de la Sala de lo Social: Rubén Antonio Jiménez Fernández (19 votos)

TSJ de Navarra:

  • Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: Francisco Javier Pueyo Calleja (15 votos)
  • Presidente de la Sala de lo Social: Victoriano Cubero Romeo (9 votos)

TSJ del País Vasco:

  • Presidenta de la Sala de lo Social: Garbiñe Biurrun Mancisidor (16 votos)

El nuevo Código Penal endurece las sanciones por hurto

Expansión.com 20/11/2014

El nuevo Código Penal recogerá las enmiendas planteadas por las organizaciones empresariales destinadas a poner freno a los hurtos llevados a cabo por profesionales, bandas organizadas o delincuentes multi-reincidentes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el nuevo Código Penal, que será aprobado a principios de 2015, recogerá las enmiendas planteadas por las organizaciones empresariales destinadas a poner freno a los hurtos llevados a cabo por profesionales, bandas organizadas o delincuentes multi-reincidentes, según ha informado Aecoc en un comunicado.

Catalá ha hecho estas declaraciones en el marco del XVII Seminario AECOC de Prevención de Pérdida, donde se ha recordado que los comercios españoles pierden en torno a un 1% de su facturación anual como consecuencia de llamada ‘pérdida desconocida’ (hurtos y errores administrativos), lo que supone para el sector unas pérdidas de unos 1.600 millones de euros anuales, según el estudio ‘La pérdida en la gran distribución comercial’, elaborado en colaboración con EY.

El informe cuantifica las pérdidas que sufren las compañías españolas del gran consumo como consecuencia de los hurtos de los que son objeto y un problema que les resta competitividad empresarial, ya que el 81% de los directivos del sector confirma que la mayoría de artículos sustraídos son destinados a la reventa en mercados paralelos.

Por otro lado, el 80% de empresas de gran consumo ha alertado de que los hurtos en los comercios corren a cargo casi siempre de ladrones profesionales y de bandas organizadas.

En concreto, tanto las cifras como la tipología de artículos más hurtados (bebidas alcohólicas, delicatesen, maquinillas de afeitar) confirman que el perfil de la persona que lleva a cabo estas prácticas se aleja totalmente del ‘hurtador famélico’.

Respecto a los principales motivos del hurto, un 88% de las empresas aseguraron que mayoritariamente se destinan a la reventa en mercados paralelos.

Y, mientras que el valor medio de la mercancía sustraída se sitúa entre los 50 euros y 100 euros para el 49% de los encuestados, un 30% asegura que los hurtos no superan los 50 euros.

De esta forma, Rafael Catalá ha manifestado su compromiso de mejorar el marco jurídico para las empresas adaptando también la legislación a las demandas de los ciudadanos y ha confirmado el compromiso del Gobierno en la lucha contra este problema, que resta competitividad al sector de la distribución.

En ese sentido también se ha pronunciado el director general de AECOC, José María Bonmatí, al declarar que este “importante problema” obliga a las empresas a destinar recursos económicos a la prevención de las pérdidas, limitando así su capacidad competitiva y de generación de empleo. Según datos de Aecoc, las empresas dedican al año 400.000 horas a la gestión de este tipo de incidentes.

Por último, el ministro de Justicia ha destacado la colaboración como uno de los retos imprescindibles para la lucha contra el hurto, así como también lo han hecho las empresas del sector que han participado en el estudio, que en un 95% han afirmado que la colaboración fabricante-distribuidor es necesaria para reducir la pérdida desconocida.